Francisco Osco fue detenido el 1 de mayo de 2020 por el sector de Puente Vela de la ciudad de El Alto. Ese día pensó en salir a comprar algo aprovechando el número de la terminación de su carnet, lo que le permitía circular. Nunca pensó que se encontraría con un operativo policial de desbloqueo y detenido tras ser acusado de dirigente masista. 

"'Masistas de m… ¿cuánto les ha pagado Evo?, masistas ahora si (Jeanine) Áñez va gobernar ahora así que de aquí van a salir muertos', nos decían”, relató.

Con la nariz rota y todo el rostro ensangrentado, Osco fue trasladado a la FELCC, donde tuvo que pasar la noche junto a otras 19 personas en una celda de dos por dos. Al día siguiente fueron trasladados a su audiencia donde se determinó su traslado al penal de San Pedro.

“En San Pedro los policías nos estaban esperando en la segunda puerta, antes que demos un paso adentro ya nos agarraron a patadas; a mis compañeros los trasladaron a otra parte y solo los escuchaba gritar”, testimonió.

Él fue trasladado en dos oportunidades a El Alto para luego retornar definitivamente a San Pedro, dónde por haber sido confundido con un dirigente de MAS, fue golpeado hasta que lo dieron por muerto.

"Como les decía ¿no sé si le pagaron a alguien, no sé si Áñez les pago o quién? pero me pegaron entre cinco con palos hasta que me dieron por muerto y me botaron en el sector que le llaman la Muralla. De ahí me recuperé, no podía caminar y estuve así varias semanas”, relató entrevistado por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Lamentó entre lágrimas haber llegado a esa situación que generó daño a su esposa y sus siete hijos, que después de los cinco meses de detención, incluso no lo reconocieron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebraron la entrada en vigor del acuerdo ambiental de Escazú, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra.

Hoy, entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.

“La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo”, se lee en parte de un comunicado difundido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En América Latina, se produce un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

“La CIDH y ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor”, añade el comunicado.

El manejo de la pandemia por COVID-19 derivó en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, entregó este jueves lotes de equipos, medicamentos e insumos para 16 hospitales y redes de salud del departamento de Tarija, en el marco del fortalecimiento de la lucha contra el COVID-19.

“El día de hoy estamos acá en el departamento de Tarija trayendo medicamentos, insumos, parte de equipamiento”, manifestó en un acto público.

La autoridad estatal destacó que la compra demandó una inversión de Bs 716.979.

Destacó que entre los equipos se proveyó concentradores de oxígeno para la atención de pacientes con el virus.

Además, recordó que la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud entregó lotes de medicamentos e insumos hace dos semanas en el Hospital San Juan de Dios.

“Ahora se está trayendo un nuevo lote, tenemos los medicamentos para el área de terapia intensiva, para el área de hospitalización y también para el área de atención en primer nivel”, acotó.

Finalmente, Hidalgo recordó que 264 profesionales del programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural colaboran con las redes de salud departamentales para la vacunación masiva contra el COVID-19.

El analista Cristian Velasco dijo este jueves que la gestión del alcalde de La Paz, Luis Revilla, estuvo marcada por los hechos de corrupción y la priorización de contratación excesiva de personal antes que la ejecución de obras.

“En los diez años de gestión municipal se advirtió la presencia de sobrepoblación de chalecos amarillos denunciada por Iván Arias, dejando poco presupuesto para la ejecución de obras y ahora promueven diferentes movilizaciones de unidades y direcciones por la irresponsabilidad en el manejo de recursos humanos con fines políticos para mantener sus fuentes laborales”, manifestó en una entrevista con Radio Patria Nueva. 

El analista recordó que durante el mandato de Revilla se registraron denuncias de sobreprecios, retrasos de obras y pago de coimas, en casos como el denominado “Katanas” y “Puentes mellizos”, entre otros.

Lo sucedido en los últimos diez años dio continuidad a lo sucedido en la gestión municipal de Juan del Granado y proseguirá con Iván Arias, quien no sabe dónde se metió y solo echa la culpa de todo a Revilla, que fue su mejor aliado para llegar a la silla municipal, complementó.

En el caso de las contrataciones, Velasco rememoró que en la campaña electoral para los comicios subnacionales de marzo de este año, hubo denuncias de funcionarios ediles respecto a la exigencia de hacer campaña por Iván Arias para mantener sus puestos laborales y cobrar sus sueldos.

“Esto es algo que es realmente cuestionable y que ha sido repudiado por toda la población de la ciudad de La Paz y todo esto que vemos ahora de las manifestaciones es algo que se venían venir hace algún tiempo por la irresponsabilidad en el manejo de la gestión municipal”, añadió.

El analista mencionó, además, la mala administración municipal se hizo más notable, ayer, miércoles, con un audio filtrado, donde se escucha supuestamente a la secretaria municipal de Finanzas, Mabel Vargas, que dijo a los funcionarios que protestaban por salarios adeudados fuera de la Intendencia, que el gobierno municipal no tiene dinero para sueldos y que estarían a la espera de un depósito del Gobierno nacional por coparticipación tributaria.

“Algo que raya en lo que no es creíble en este momento cuando hay un presupuesto anual que se debe cumplir y mucho más cuando son los salarios de los trabajadores municipales, que cada mes durante todo este tiempo se ha ido cumpliendo pero por cuestiones políticas y por mala administración municipal, no se está cumpliendo”, aseveró.