La Defensoría del Pueblo expresó su objeción al documento emitido por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero 2020”, porque minimiza las masacres de Sacaba y Senkata, que fueron producto de la represión desatada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos, o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Recordó que, según el informe defensorial “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia”, los actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata.

La Defensora advirtió que el documento de la Iglesia replica el argumento del Gobierno transitorio de que en Sacaba “hubo enfrentamientos”, en los cuales los grupos que se encontraban en una manifestación “se habrían matado entre sí”.

“Esta posición pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, observó.

Cruz añadió que la conferencia episcopal también falta a la memoria de quienes perdieron la vida en la masacre de Senkata, al afirmar que en el lugar “se desató la violencia”, pues con esto pretende mostrar que la población civil fue parte activa de esos hechos y no así víctima de la represión de las fuerzas militares.

“La Defensoría del Pueblo ve con temor que personas procesadas por estas masacres hagan o pretendan hacer uso de este informe, que contiene afirmaciones sin sustento documental, cuando actualmente existen investigaciones para individualizar a los responsables. Esta irresponsabilidad de la CEB pretende poner en riesgo los procesos judiciales, que buscan obtener la verdad de estas masacres”, afirmó.

Además, recordó que los luctuosos hechos de Sacaba y Senkata fueron condenados por organismos internacionales de Derechos Humanos y por la comunidad internacional, que las calificó como “masacres”.

Finalmente, la Defensora anunció que, mediante una nota, hará conocer al Papa Francisco las observaciones defensoriales sobre el documento de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, firmaron este miércoles un convenio para avanzar en la prevención y la erradicación progresiva del trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de los trabajadores del área rural, entre ellos madereros, cañeros y castañeros.

“No es un convenio más, es dar respuesta a un gran problema en este país: la explotación laboral oculta, clandestina. La explotación laboral de niños, la explotación laboral de mujeres en áreas dispersas”, afirmó Navia en el acto.

El director de la ABT, Omar Quiroga, afirmó que el “convenio busca establecer planes de control y supervisión para erradicar progresivamente el trabajo forzoso y cualquier otra forma análoga de explotación de trabajadores en el rubro maderero, castañero, cañero y otros”.

A su turno, el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales, del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, explicó que a través de las oficinas móviles se evidenció que los trabajadores asalariados de los rubros seleccionados se encuentran en estado de indefensión debido a la imposibilidad de acceder a algunas instancias de esa Cartera de Estado para realizar sus denuncias.

“Por ejemplo, se encontró salarios por debajo del mínimo nacional, jornadas de trabajo superior a las ocho horas, jornadas dominicales y de feriados sin remuneración extra (tal como establecen las normas vigentes). Los seguros a corto y largo plazo y los aportes para la jubilación no existen. Por otro lado, las trabajadoras no conocen el beneficio de embarazo, parto, pos parto, lactancia y otros”, relató.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, expresó su satisfacción porque la máxima entidad sindical del país estará involucrada en el control y la supervisión del trabajo de los rubros maderero, cañero y castañero, que también aportan a la economía nacional, pero “por las características geográficas del país no alcanzan a ser protegidos en sus derechos laborales”.

“Los trabajadores asalariados del campo también están afiliados a la COB y por eso resaltamos esta iniciativa de un convenio interinstitucional que permitirá cubrir los derechos laborales de este sector”, afirmó.

Según el convenio, las autoridades del Ministerio de Trabajo y la ABT se reunirán cada tres meses para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento y ejecución de actividades programadas.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, a partir de su firma, pudiendo ampliarse previa evaluación.

Además, establece las condiciones y formas de cooperación mutua que permita fiscalizar, supervisar y apoyar procesos de intervenciones en el marco de las atribuciones de cada una de las instituciones firmantes.

La iniciativa surgió por la necesidad de sentar presencia del Estado en regiones como la Amazonía, el Norte Integrado de Santa Cruz y el Chaco, donde las oficinas móviles de la Unidad de Derechos Fundamentales evidenciaron el incumplimiento de la normativa laboral y derechos fundamentales por parte de los empleadores.

El Ministerio de Salud y Deportes entregó este miércoles un lote de 40 concentradores de oxígeno portátiles e insumos de bioseguridad para siete centros médicos de primer nivel y hospitales de referencia de los municipios de La Paz, El Alto y La Asunta, que luchan contra el COVID-19.

“Esta es parte de las diferentes acciones que se llevan adelante para suplir esta necesidad de oxígeno”, manifestó en un acto público el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

En su discurso, la autoridad explicó que la distribución del lote se hará entre los centros de salud integral “Pampahasi Bajo” y “Alto Obrajes”, así como el Hotel Medicalizado del Deporte, en la ciudad de La Paz.

Dijo que una parte será distribuida en los centros de salud “Mercedario”, “Boliviano – Japonés y “Chacaltaya”, además del Centro de Salud Integral del Municipio de La Asunta de los Yungas de La Paz.

Respecto a los equipos, Terrazas mencionó que cada uno de los concentradores entregados puede proporcionar hasta diez litros de oxígeno medicinal por minuto y, por lo tanto, son de “alta eficiencia”.

Detalló que los equipos servirán para la atención médica en 80 camas de hospitalización.

“Los equipos fueron gestionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de sus tareas de cooperación en el combate contra el coronavirus”, complementó.

La autoridad estatal recordó que el Ministerio de Salud realiza también labores para proveer a hospitales y centros médicos de fármacos para la atención de pacientes con el COVID-19 en unidades de terapia intensiva.

Anunció además que el país recibirá un nuevo lote de un millón de vacunas chinas Sinopharm el 23 de junio próximo, así como 2,1 millones de pruebas PCR y antígeno nasal.

“Estamos mostrando que oxígeno, medicamentos, pruebas de laboratorio, vacunas, son las acciones integrales que se deben tomar (…). El esfuerzo de nuestro Gobierno nacional para colaborar en todas las instancias posibles se marca en hechos concretos como éste”, agregó.

Por su parte, el alcalde de La Asunta, Benjamín Chuquimia, agradeció por los equipos y los insumos de bioseguridad y destacó que servirán para “ayudar a salvar muchas vidas” en su región que cuenta con más de 60.000 habitantes.

El director general de Promoción Cultural y Artística del Ministerio de Culturas, José Antonio Moreno, presentó este miércoles el plan denominado “Huarina ¡Paisaje Único!”, que servirá para la reactivación de la actividad de la cultura y el arte en el departamento de La Paz.

“El plan cultural Huarina, ¡Paisaje Único! es un proyecto que aporta a la reactivación económico cultural del municipio de Huarina y estas iniciativas siempre serán respaldadas desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, porque nuestros pueblos generan un movimiento que fortalece las identidades y difunden nuestras manifestaciones culturales”, manifestó, citado en un boletín institucional.

El municipio de Huarina se encuentra en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, está más o menos a una hora de la Sede de Gobierno, por carretera, y sus pobladores viven de la agricultura, la pesca y el turismo.

Por su parte, el alcalde de Huarina, Wilson Mamani, recordó que su municipio tiene varios atractivos turísticos e invitó a turistas nacionales y extranjeros para que realicen visitas al lugar durante este año.

“También la invitación es para los hijos que migraron a otras ciudades. Apoyen en divulgar la riqueza cultural de Huarina”, mencionó.

La activación cultural y turística “Huarina, Paisaje Único” está conformada por la historia virtual del Mcal. Andrés de Santa Cruz, uno de los más virtuosos presidentes de Bolivia.

Además, la región cuenta con formaciones rocosas de la cordillera de Los Andes, el mirador Turriturrini, desde donde se observa el majestuoso paisaje del lago Titicaca.

Los pobladores de Huarina organizan, por su lado, actividades para mostrar la música, la danza, la artesanía y la gastronomía de su región.