El director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, Javier Fulguera, informó este martes que el Gobierno nacional tiene garantizados Bs 155 millones para más de 6.000 contratos de personal de Salud en todo el país.

“Se tiene garantizado para este primer requerimiento Bs 155 millones y, de la misma forma, estos contratos están beneficiando a las gobernaciones y municipios, siendo colaborados por el Gobierno nacional”, informó en conferencia de prensa.

Explicó que la AISEM asumió la tarea de recontratación de personal de Salud, entre médicos, licenciadas y auxiliares en Enfermería, personal manual y de apoyo que están desarrollando funciones en todos establecimientos de primer y segundo nivel del país. 

“Asumimos esta tarea hace más de un mes, aproximadamente; teníamos hasta ese momento una ejecución del 25% de pagos y evidentemente había un retraso de pagos, en un mes se ha logrado alcanzar a un 65%, logrando ejecutar en ese tiempo más del 40% de ejecución netamente de pagos”, detalló.

Dijo que el Gobierno está garantizando 6.170 recursos humanos a nivel nacional que cumplen funciones en los hospitales de tercer, segundo nivel y primer nivel.

Agregó que en esta gestión se logró hacer convenios para que se extiendan esos contratos hasta agosto, para que presten funciones durante la tercera ola de la pandemia y se garantice que esos recursos humanos continúen.

Explicó que la falta de pago al personal de Salud de contratos en algunas regiones se debió a que las ordenes de servicio o contratos, junto a los informes, no llegaron de forma oportuna, por lo cual se asumió la estrategia de coordinar de forma directa con los establecimientos y los servicios departamentales de Salud (Sedes) para que se agilicen esos trámites. 

“Nosotros no demoramos en la ejecución de pagos, siempre y cuando sus informes estén en nuestras oficinas y en menos de 48 horas se ejecutan los depósitos en sus cuentas”, aseguró.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, descartó este martes que la variante andina del SARS-CoV-2 (COVID-19), sea letal o altamente contagiosa, y menos que solo ella provoque una cuarta ola como circulan algunas versiones sin sustento sólido.

“La variante andina o peruana que, evidentemente por razones geográficas ya está en el país hace bastante tiempo, no es que nos vaya a generar una nueva ola, las nuevas olas se producen por generación de nuevos susceptibles, por entrar a personas que no habían enfermado o agotaron sus anticuerpos y en esta nueva etapa las personas que no se hayan vacunado serán las que generen nuevas olas”, dijo, citado en un boletín institucional.

Terrazas explicó que la presencia de una nueva ola o brote en su generalidad es la ausencia de medidas de bioseguridad y la acumulación de personas susceptibles, no por la presencia de variantes.

La autoridad expuso que en el lenguaje sanitario existen las variantes denominadas de preocupación y de interés, esta última ya circula desde la segunda ola en Bolivia y así lo demostraron estudios que fueron también expuestos en su momento por el Ministerio de Salud. 

Asimismo, confirmó que en el país se realizan vigilancias rigurosas para el seguimiento y control del ingreso a Bolivia de las variantes Delta o india.

“Aún no hay la variante india ni la variante Delta, tenemos las que son ya conocidas, la brasilera, la británica y la variante andina, esas son las que están circulando en el país”, señaló. 

Añadió que se tiene que entender que se llama variante a una acumulación de mutaciones que tiene el virus lo suficiente para poder tipificarlas.

“Cuando hay demasiadas mutaciones y la variante es demasiado ajena al virus original, ya se puede hablar de cepa, no tenemos nuevas cepas”, aseveró.

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro entregó este martes un cheque de más de Bs 6 millones para pagar el bono de vacunación a los trabajadores en salud del Servicio Departamental de Salud.

La medida fue asumida en homenaje al Día del Trabajador en Salud que se recuerda cada 6 de julio en el país, informó este martes el gobernador de Oruro Johnny Vedia.

“La Gobernación de Oruro manifestó su voluntad política de hacer efectivo el pago de este beneficio en reconocimiento al trabajo que viene realizando el sector salud pública en esta épocas de pandemia y considero que hoy en que recuerdan su aniversario es el momento oportuno”, dijo en acto público.

Explicó que, a través de un Decreto Supremo 3965 del 3 de julio del 2019, se establece un pago único anual de un bono de viático de vacunación, financiado con recursos de la Gobernación que alcanza a más de Bs 6 millones.

Agregó que el viático de vacunación es el reconocimiento a los años de servicio en el escalafón médico y es financiado con recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) de la Gobernación.

La autoridad dijo que se tuvo una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los viceministerios de Tesoro y Presupuesto, donde la Gobernación de Oruro manifestó su voluntad política de hacer efectivo el pago de ese beneficio.

Vedia instó a los trabajadores de salud pública a seguir la labor en beneficio de la población.

La dirigente de la Federación de Trabajadores en Salud Pública de Oruro, Norma Echenique, destacó que esta jornada se recuerda el Día del Trabajadores de Salud Pública en Bolivia. Agradeció por el pago del bono y comprometió el respaldo de su sector en la lucha contra la pandemia.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, desmintió este martes una supuesta vinculación de su persona con el fiscal departamental de La Paz, William Alave, por un caso de corrupción sobre el “cierre ilegal del caso afiches”, difundido por un medio escrito de circulación nacional.

Quelca rechazó la información y aclaró que esa investigación fue iniciada a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

“A través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se han activado todos los casos irregulares, arbitrarios, con indicios de corrupción que han existido en el Ministerio de Educación”, explicó.

Respecto a las acusaciones que lo vinculan con el Fiscal Departamental la autoridad negó rotundamente haber tenido algún tipo de acercamiento con el objetivo de favorecer con sobreseimiento (conclusión de un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas) al denunciado Agustín Tarifa. Agregó que el caso aún está en investigación.

“No tuve la oportunidad de conocer personalmente al fiscal William Alave, sí lo conozco a través de los medios de comunicación, pero no personalmente ni por vía telefónica (…). Ha salido efectivamente un sobreseimiento el 18 de junio, pero inmediatamente hemos impugnado el sobreseimiento en el caso del señor Tarifa”, aclaró Quelca.

La autoridad resaltó que los servidores públicos dentro del Ministerio de Educación se enmarcan en su Reglamento Interno donde están establecidas las directrices (funciones, deberes y prohibiciones).

“Tenemos un régimen disciplinario al que se someten las conductas antiéticas, en el Ministerio de Educación no toleraremos ningún acto de corrupción, de irregularidades porque ese es el mandato que hemos recibido de nuestro presidente Luis Arce Catacora”, concluyó la autoridad.

Abogados del Ministerio de Educación presentaron una denuncia contra Agustín Tarifa por uso indebido de bienes y servicios del Estado y la Fiscalía Departamental admitió el caso. Según las denuncias, Tarifa firmó una orden de trabajo para solicitar la elaboración de 10.000 trípticos y volantes; sin embargo, las pruebas señalan que lo que se imprimió fueron afiches.