Rubén Fernández estaba a punto de subir a un minibús en La Paz para retornar a su vivienda de El Alto, fue rodeado por motocicletas y camionetas de la Policía y, junto a él, otras personas que también subían al vehículo de transporte público ese 13 de septiembre de 2019 en la avenida Pando.
“De la nada, todos los que estábamos subiendo al minibús fuimos agarrados. A las mujeres, sin compasión las tomaron del cabello y las subieron a la camioneta”, relata Fernández en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.
Un día antes, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.
El 13 de septiembre, cuando Rubén Fernández era interceptado por los policías, el centro de la ciudad de La Paz era escenario de un operativo ejecutado por contingentes antimotines contra movilizaciones de quienes cuestionaban el régimen de Añez y reclamaban respeto a la decisión del pueblo en las urnas.
En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos. Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y el 10 de noviembre la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado.
Rubén Fernández y las personas que fueron interceptadas antes de subir al minibús fueron trasladas hasta oficinas de la Policía. Durante el trayecto eran gasificados y puestos boca abajo en la camioneta que los transportaba para que no descubrieran la ruta. Sin prueba alguna, fueron acusados de ser subversivos. Al llegar a la infraestructura de la Policía en la calle Sucre, les revisaron los celulares para saber si había algún elemento que los vincule al Movimiento Al Socialismo, los obligaron a desvestirse y los golpearon constantemente.
“No podía pararme, todo mi cuerpo estába moreteado. Estaba totalmente lastimado. Venían distintos policías, te golpeaban y torturaban sin compasión”, relata.
La tortura duró casi semana y media. Su familia desconocía su paradero, pero la delegada defensorial, Teresa Subieta, lo ayudó a retornar a su hogar. “Quiero justicia, uno sueña, recuerda y duele mucho”, reclama Rubén Fernández.