El Informe Global sobre la Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dio a conocer que Argentina, Brasil y Chile son países de destino para víctimas bolivianas de tráfico transfronterizo en la región.

“La gran mayoría de víctimas detectadas en Sudamérica son víctimas de trata doméstica. Estos países son también destinos para los flujos de tráfico transfronterizo dentro Sudamérica. Sin embargo, dentro de la subregión, no hay un patrón claro de países de origen y destino. Por ejemplo, víctimas de Paraguay y Bolivia se han detectado en Argentina, mientras víctimas de Venezuela se han detectado en Colombia y Perú. Brasil y Chile también son destinos de víctimas de Bolivia y Perú, entre otros estados de origen, y Perú también es destino de víctimas de trata de países vecinos”, se lee en parte del informe.

Las necesidades de migrantes y de las personas sin trabajo son aprovechadas, según el informe, por los traficantes a nivel mundial. El documento hace énfasis en que es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo.

“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los traficantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a los vulnerables”, expresó, en un comunicado, la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.

La investigación señala, además, que los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de las víctimas. Los traficantes se acercan a muchos niños en las redes sociales y son un blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad.

“Los flujos que salen de América del Sur se dirigen principalmente a América Central y el Caribe. En particular, las víctimas de la parte norte de Sudamérica se detectan en los países más ricos de la subregión vecina. También, se detectaron víctimas sudamericanas en América del Norte y Europa Occidental y Meridional. Los datos de repatriación, sin embargo, muestran el tráfico de las víctimas estadounidenses que también se dirigen a Asia oriental y Países del Golfo de Oriente Medio”, indica el informe.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, inauguró este miércoles el Centro de Internación COVID, en el centro de la ciudad de La Paz, con una capacidad instalada de 60 camas para pacientes leves de la Policía Boliviana.

“Como Ministerio de Gobierno siempre vamos a estar comprometidos con la salud de los servidores policiales y no lo hacemos como discurso sino con acciones y planificación. Quiero presentarles el Centro de Internación Temprana para pacientes COVID-19, ubicado en el Hostal Paris que está cerca de centros de salud, con el objetivo de estar alertas ante cualquier complicación que se pueda suscitar”, dijo Del Castilo.

El acto contó con la presencia del Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, quien detalló que ese centro cuenta con la atención de seis médicos, seis licenciados en enfermería, tres nutricionistas, tres farmacéuticos y tres funcionarios de apoyo. Además, brindará “teleconsejería”.

“Vamos a poder brindar la posibilidad de recibir atención que le permita, desde su casa, a los funcionarios policiales establecer la existencia de síntomas y acudir a un centro de salud”, señaló.

Sostuvo que ese conjunto de acciones pretende dar una atención temprana a los miembros de la Policía Nacional.

“En anteriores días hemos podido inaugurar un consultorio ETI (Vigilancia de la Enfermedad Tipo Influenza), aún nos queda implementar otro consultorio en El Alto”, indicó, por su parte, la gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Silvia Gallegos Romero.

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) participó en la audiencia de medidas cautelares de una persona detenida por operar máquinas de juego billeteras sin autorización, indica un reporte de prensa institucional.

Tras una acción directa realizada por la División anticorrupción y la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz, se intervino una vivienda ubicada en la Avenida Japón, Tercer Anillo Externo, zona Mercado Mutualista, donde se procedió a la detención del administrador del sitio y al decomiso de 11 máquinas de juego billeteras, agrega el informe.

Las autoridades judiciales determinaron que el administrador del sitio ilegal deberá guardar arresto domiciliario, por haber presentado prueba positiva de COVID -19, además debe pagar una fianza de Bs 50.000.

Además de procesos penales, los propietarios de las máquinas serán sometidos a procesos administrativos con la imposición de multas de 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) por medio de juego decomisado.

Las máquinas decomisadas pasarán a un proceso de desmantelamiento, separación de partes para su reciclaje y exportación de elementos contaminantes, en virtud a lo establecido en la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar, agrega el boletín de prensa.

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, alertó este martes de la existencia de una red de venta de medicamentos ilegales por internet en Bolivia. Pidió a la población acudir sólo a puntos autorizados para la adquisición de alguna medicina y así evitar estafas.

“Hemos encontrado una nueva red que desde el punto de vista material está induciendo al Estado, en este caso a la población, a la compra de estos medicamentos”, dijo en entrevista con la red Unitel.

Explicó que la Policía Boliviana realiza un ciberpatrullaje para dar con los delincuentes que atentan contra la salud y la economía de los bolivianos que se encuentran en la necesidad de adquirir medicamentos.

“Cuando hablamos del ciberpatrullaje nos tenemos que referir al perfil que tiene este delincuente, uno de ellos es el anonimato, la creación de los perfiles falsos y la utilización de IP espejos, que hasta ahora impidieron que la Policía Boliviana pudiera llegar a ellos”, aseveró Aguilera.

Explicó que los delincuentes optan por inducir a las personas a la compra de un medicamento sin establecer que los productos reúnan las características necesarias de calidad y que tengan un precio regulado.

“Lo primero que tenemos que hacer es informarnos, lo segundo es investigarlo, impedir que lo que estamos comprando sea del mercado ilegal, es decir, que forme parte del contrabando o del ámbito delictivo y, por último, denunciarlo”, aseguró.