El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, junto al fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, inauguraron este viernes la “Sala de Denuncias Verbales” en la Fiscalía paceña, con el objetivo de agilizar y proporcionar una respuesta pronta y oportuna a las víctimas de hechos ilícitos.

“Estas Salas de Denuncias se han implementado con el objetivo de dar una atención más oportuna a la sociedad, para que las personas pueden hacer sus denuncias de cualquier hecho ilícito de forma verbal en las salas que cuentan con equipos de grabación de audio. Este tipo de instalaciones se están implementando en los nueve departamentos, ya funcionan en Tarija, Chuquisaca y ahora en La Paz”, dijo el Fiscal General, según un boletín de prensa.

La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que estas Salas de Denuncias Verbales cuentan con tres ambientes y funcionan en el primer piso de las oficinas centrales. El principal objetivo es recibir la denuncia verbal de las personas que así lo deseen sobre cualquier hecho ilícito.

“Esta oficina es parte de la Unidad de Análisis en la que atenderán seis fiscales analistas, de acuerdo a turno y en horarios de oficina, a partir del lunes 8 de febrero del presente año. Las denuncias serán grabadas y sujetas a análisis, de acuerdo al Artículo 55, Parágrafo 2 de la Ley N° 260 Orgánica del Ministerio Público”, sostuvo Lanchipa.

A su turno, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, agregó que una vez se tenga la denuncia verbal del denunciante, la misma será enlazada como registro al sistema Justicia Libre JL-1 con las cuatro preguntas: ¿Qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, y ¿cuándo? sucedió el hecho.

“También podrá subirse como actividad procesal en formato MP3, grabado, y será descargada en un CD para adjuntar al cuaderno físico de investigaciones e iniciar la etapa de investigación”, indica el reporte de prensa.

El fiscal Erwin Jiménez informó este viernes que una juez de Santa Cruz ordenó la detención preventiva para dos paraguayos, quienes fueron sorprendidos en un vehículo de lujo transportando, hacia Brasil, más de 44,2 kilos de clorhidrato de cocaína y 15,3 kilos de marihuana con un valor de cerca de $us 400 mil.

“La juez valorando todos los elementos que se le ha presentado ha dispuesto las medidas cautelares de detención preventiva de ambas personas (…) En nuestro país, se estima que (el valor de la droga) podría ser de unos 100 mil dólares, pero como era con destino a la República del Brasil se pude establecer que esto se duplicará en unas dos o tres veces más”, dijo en una entrevista con Bolivia TV.

Según Jiménez, los súbditos extranjeros fueron interceptados por agentes antidrogas ayer, jueves, cuando se transportaban en un vehículo de marca BMW por la localidad de Pailas, en la carretera hacia Brasil.

Los paraguayos se pusieron nerviosos y cayeron en contradicciones sobre sus actividades y ellos y su vehículo, que debía ser requisado, fueron llevados a las instalaciones de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural con sede en la localidad Cotoca, Santa Cruz.

“Es así que el día de ayer, en presencia de mi persona, realizada la inspección (del vehículo) se logró encontrar un gran macaco en el interior del motorizado, en el cual se encontró 40 paquetes de cocaína y 15 paquetes de marihuana. Lo que llama poderosamente la atención es que el vehículo utilizado en esta oportunidad es un vehículo de alto valor económico”, añadió.

El doble fondo conocido como macaco fue hallado debajo de los asientos del motorizado, concluyó.

La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Wendy Pérez, informó que el proyecto de modificación a la Ley 348 abre la posibilidad de que solo los casos de violencia doméstica sean resueltos ante un juez de Familia.

“Solamente, en casos de violencia doméstica, que tiene una pena máxima de cuatro años, planteamos abrir la vía familiar, que puede ser más rápida y menos costosa; además, puede resolver con celeridad la cantidad de problemas prácticos que enfrenta una mujer violentada, y que necesita resolverlos para salir de la situación de violencia”, informó.

Pérez explicó que así, la mujer víctima de violencia podría resolver el divorcio, la asistencia familiar, la tenencia de los hijos ante un Juzgado de Familia. Dijo que esa decisión dependerá de cada víctima, de manera libre e informada.

“Caso contrario, cuando es víctima de agresiones que conlleven días de impedimento, donde la justicia debe actuar con celeridad para sancionar al o los culpables”, aclaró Pérez.

Sostuvo que delitos como la violación o el feminicidio jamás serán llevados a la vía familiar, porque son delitos graves y públicos, que deben ser sancionados con todo el peso de la Ley.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó el jueves que se prevé, para la próxima semana, la presentación del anteproyecto de modificación a la Ley 348 porque ya se cuenta con un documento de propuesta.

La Ley 348, norma integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, rige en el país desde el 9 de marzo de 2013. El 2020, el Gobierno vio necesario llevar adelante, durante 60 días calendario, un proceso de recolección de propuestas a nivel nacional para realizar ajustes y modificaciones al contenido.

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La Fiscalía Departamental de Beni eximió de culpa a cinco exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), mediante una resolución de sobreseimiento que establece que no se cuenta con los elementos suficientes para sustentar la acusación, en alusión a delitos electorales supuestamente cometidos en los comicios generales de 2019.

Los exvocales beneficiados con la resolución fiscal son: Rodolfo Coímbra, Carmen Nelly Tineo, Paulita Arancibia, María Fernanda Moreno y Humberto Parari, quienes en noviembre del año pasado fueron imputados por el Ministerio Público por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado y beneficios en función del cargo.

“Al no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘in dubio pro reo’, siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solo es acusar sino eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como es en el presente caso de autos”, argumenta la resolución fiscal.

La determinación del Ministerio Público coincide con las asumidas por las fiscalías de La Paz y Santa Cruz. En el caso de la sede de gobierno los eximidos fueron Marianela Revollo (+), Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori.

En la capital oriental los eximidos de culpa fueron Sandra Kettels, Eulogio Núñez, Ramiro Vall y Gober López, además del exdirector del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Jhoseph Pinaya, y los exfuncionarios públicos de esa instancia, Saúl Vargas y Miguel Ángel Vargas.

“FRAUDE MONUMENTAL. Van 3 (La Paz, Santa Cruz) y ahora Beni, el Ministerio Público decreto el SOBRESEIMIENTO de los Vocales del Tribunal Departamental del Beni.  Esperemos que los 6 Departamentos DECIDAN con base en la objetividad e independencia. Justicia que tarda no es justicia (sic)”, escribió el ministro de Justicia, Iván Lima, en su cuenta de Twitter.

En declaraciones pasadas, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una distorsión de la realidad propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del golpe de Estado.