El Ministerio Público solicitó este domingo la ampliación de imputación contra la expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Con ese fin, pidió la detención preventiva por seis meses de Guzmán y Coímbra en la cárcel de San Pedro de La Paz y, en el caso de Áñez, en el Centro paceño de Orientación Femenino de Obrajes por probabilidad y autoría, peligro de fuga y obstaculización, según documentos oficiales a los que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).

“De acuerdo al proceso aperturado y los elementos de convicción colectados en la investigación preliminar y la etapa preparatoria, se tiene que existen suficientes indicios que permite al Ministerio Público tomar convicción de la existencia de hecho delictivo y la probable participación del imputado, por lo que el Ministerio Público en representación de la sociedad conforme a los Arts. 301 Inc 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art.40 de la L.O.M.P., por los que encontrándose en calidad de aprehendidos los imputados y ante su declaración informativa policial ampliatoria presentamos ampliación de imputación formal”, informa la Fiscalía en un documento enviado al juez de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.  

Los argumentos   

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concreta en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera en calidad de testigo.

La denunciante involucra a los ciudadanos Arturo Carlos Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastro Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Yerko Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

Hace mención a que Fernando Camacho es uno de los principales impulsores de hechos ilegales como la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que evitaron la continuación del conteo oficial de votos hace dos años en complicidad de José Luis Camacho Parada, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce, San Martín, Bladimir Yuri Calderón Mariscal y Williams Carlos Kalimán Romero, acciones que provocaron el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados impidiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público. 

Añade lo siguiente: “De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros) y otros, que han promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo por organizaciones denominadas ‘autoconvocados por Camacho’ destinada al quebrantamiento del orden constitucional con la ayuda y apoyo de las FFAA y la Policía Boliviana”.        

Peligro de fuga y obstaculización

En el caso de Jeanine Áñez Chavez, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, quienes se encuentran aprehendidos en La Paz, el Ministerio Público solicita la detención preventiva. Presume, en base a indicios, peligros de obstaculización a las investigaciones y de fuga.

La Fiscalía sostiene que Guzmán y Coímbra no cuentan con un domicilio conocido, debido a que los datos personales obtenidos en sus declaraciones informativas policiales no coinciden con sus fichas del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

“En relación a los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo no se tiene acreditado qué actividad desarrollan y dónde, por lo que concurre el riesgo de fuga”, asegura.

También, hace mención a que cuando se ejecutó el orden de allanamiento contra Áñez, la expresidenta no se encontraba en su vivienda, por lo que toma como evidencia que no cuenta con un domicilio habitual.

“La imputada Jeanine Áñez Chavez se encontraba realizando actos preparatorios de fuga, siendo que se cuenta con las grabaciones del condominio Solaris donde se evidencia la forma que huyó de un domicilio que señaló, abandonando por propia voluntad el mismo, con el fin de eludir las órdenes de aprehensión que se emitieron en su contra”,  añade.

Hace mención a que el certificado e informe de flujo migratorio de las tres exautoridades registra salidas al exterior y cita los países de Perú, Argentina, EEUU, Brasil, Panamá, Paraguay y España.

“Finalmente, en relación Art. Inc.  3) del C.P.P. modificado por la Ley 1173, en representación de la sociedad por mandato legal y ante la existencia de los tres presupuestos legales: probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales (peligro de fuga y obstaculización) y la necesidad de la aplicación de la medida extrema conforme al art. 231 Bis. Inc.  10), como extrema medida de última ratio se impetra la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva de los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y para Jeanine Áñez Chávez en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz”, indica el Ministerio Público.

El fiscal Daniel Fernández informó este domingo que el Ministerio Público imputará al cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, por las denuncias en su contra presentadas el 6 de octubre de 2020 por irrupción en el edificio de la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Sucre y daños provocados a patrimonio del Estado.

“En las siguientes horas, el Ministerio Público va a presentar una imputación formal contra esta persona y la solicitud de la medida cautelar correspondiente”, manifestó, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la ciudad de Sucre.

El cabecilla de la RJC fue denunciado por la presunta comisión de organización criminal con relación a los delitos de privación de libertad, tenencia, y porte o portación de uso de armas no convencionales, atentar contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.

El fiscal del caso recordó que Molina se abstuvo de prestar su declaración informativa esta madrugada mientras estaba en compañía de su abogado, en el marco del respeto de sus derechos procesales.

En ese contexto, explicó que Molina fue aprehendido anoche en el municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba porque se recolectó elementos que evidencian su participación en los hechos denunciados y “serios indicios” de la posibilidad de su fuga y de que obstaculice la investigación del caso.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, detalló que la orden de aprehensión de Molina fue emitida el viernes y se ejecutó ayer, sábado, para su traslado a la ciudad de Sucre, porque las denuncias en su contra fueron presentadas en la capital del Estado.

El sindicado fue aprehendido mientras consumía bebidas alcohólicas en una casa con cinco de sus compañeros, quienes trataron de impedir la captura con el lanzamiento de piedras y botellas de cerveza contra los policías que cumplían su labor.

“Otras 15 personas salieron del domicilio donde se encontraba el señor Molina, que también agredieron a la Policía, es que también los efectivos policiales utilizaron la fuerza, previa advertencia de que estarían obstaculizando el trabajo de la institución del orden”, aseveró.

La autoridad estatal mencionó que Molina y varios de los integrantes de la RJC estuvieron alojados en los últimos días en la Fundación Amazonia, donde se colectaron indicios que demuestran que tuvieron relación en los hechos delictivos denunciados.

El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), de acuerdo con las autopsias y georreferenciación realizadas, determinó que los disparos de armas de fuego salieron del interior de la planta de gas de Senkata ocasionando la muerte de 10 personas.

El 19 de noviembre de 2019, a las 10.30, en la zona de Senkata, se ejecutó un operativo policial y militar para el reabastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto, desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hasta el Regimiento Ingavi de la urbe alteña.

El Instituto de Investigación Forense explica que las pericias se realizaron tomando en cuenta la planimetría, se identificó el lugar y sector de posicionamiento de los impactos en los fallecidos y heridos, lo que permitió conocer de dónde se hicieron los disparos.

“Doce fueron por impacto de bala (incluye a dos muertos en La Paz), cuatro por proyectiles de calibre 22 mm, dos por pistola de 9 mm, una por proyectil de 5.56 mm y uno por postra o perdigón. Cuatro tienen impactos de bala en la cabeza, cuatro en el tórax y cuatro en el abdomen”, refiere el informe del IDIF.

Los detalles de las autopsias y otras pericias forman parte del informe final de conclusiones de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que indagó sobre las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

“Tenemos indicios de las pericias perimetrales, inspección ocular, reconstrucción y declaración de testigos, que al regresar este convoy (a la planta de Senkata), algunos de ellos habrían disparado a personas. Nuestra georeferenciación también estableció que algunos disparos han salido del interior de la planta de Senkata”, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en pasadas declaraciones.

El traslado se hizo mediante un convoy en un contexto de manifestaciones civiles a causa del conflicto postelectoral de 2019. Esa jornada, perdieron la vida 10 personas y 31 quedaron heridas.

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina Lozada, se abstuvo de prestar su declaración informativa en el Ministerio Público por la querella en su contra presentada el 6 de octubre de 2020 por irrupción en el edificio de la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Sucre y daños provocados a patrimonio del Estado.

“Me voy a abstener de prestar mi declaración informativa”, dijo, según establece el acta respectiva.

La querella contra Molina fue presentada por el presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, Delfin Romero Aguilar, por organización criminal con relación a los delitos de privación de libertad, tenencia, y porte o portación de uso de armas no convencionales, atentar contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.

Otra denuncia fue también presentada por el caso bajo similares tenores por la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Epifania Zenteno Mamani, así como la senadora Elizabeth Oporto y la adhesión posterior de la alcaldesa de Sucre, Rosario López.

Según los antecedentes, Molina y varios miembros de la RJC irrumpieron en la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia de su titular, Juan Lanchipa, quien fue acusado por diversos comités cívicos del país de estar parcializado con el Movimiento Al Socialismo en el caso de varias denuncias.

Los sindicados pintaron paredes, lanzaron petardos contra las puertas y las ventanas del inmueble patrimonial que quedaron destrozadas y pretendieron agredir a servidores públicos y transeúntes.

“No conforme con este hecho el señor Yassir Molina, líder de la RJC, de manera irresponsable y sin medir consecuencias por medio de la prensa instiga a otras resistencias a sumarse a su consigna exigiendo la renuncia del Fiscal General del Estado”, menciona el acta de declaración informativa en sus antecedentes.

El documento manifiesta, además, que Molina advirtió que los miembros de la RJC iban a quedarse a la espera de la renuncia de Lanchipa y que de no darse iban a tomar las medidas pertinentes que decidan con los comités cívicos, para luego lanzar la frase: “Este señor tiene hasta este martes para irse o nosotros lo vamos a sacar”.