El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sugirió este martes investigar a un grupo secreto que, desde las sombras, implementó el “Plan B” de sectores conservadores, dirigió el golpe en 2019, obligó con violencia a la renuncia de autoridades e instrumentalizó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tomar el Estado.

La autoridad, en declaraciones al programa Primer Plano, de Bolivia Tv, explicó el itinerario de los sectores conservadores que comenzaron a gestar el discurso de fraude electoral desde 2010, pero, al no poder llegar al gobierno por la vía democrática tras varias elecciones, optaron por su segunda alternativa que fue asaltar el Estado. El informe de la OEA aceleró ese plan, dijo.

Novillo explicó que este “Plan B” tuvo como actores a varias personas, como Carlos D. Mesa, quien llamó a una movilización social, “prácticamente a una convulsión social” bajo el justificativo de que existió un “fraude monumental”.

Este llamado se tradujo en la quema de instituciones estatales y destrucción de varios tribunales electorales departamentales, pese a que el informe de la OEA nunca mencionó la palabra “fraude”, sino irregularidades.

“Esto está planificado como Plan B; si ellos no ganan las elecciones de 2019, como ya se tenía instalada la palabra ‘fraude’ desde varias elecciones atrás, el 2019 se tiene un plan para tomar acciones directas y la OEA se presta precisamente para esto”, sostuvo.

La OEA, con Luis Almagro, acelera la aplicación de dicho “Plan B” y provoca la interrupción del mandado constitucional de Evo Morales.

Este Plan, dirigido por un grupo de personas que actuaron desde las sombras, detectó que no se podía recurrir a la sucesión constitucional como ocurrió en 2003 cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada.

La norma jurídica establece que, en caso de renuncia del presidente, le pueden suceder el vicepresidente, o los presidentes del Senado o de Diputados. Pero todos esos cargos estaban en manos del MAS.

Por ello, para evitar la sucesión constitucional, el “Plan B” optó por obligar con violencia a las renuncias de esas autoridades. Los policías se amotinaron, los militares pidieron la renuncia de Morales y los grupos paramilitares tomaron instituciones públicas y atacaron a dirigentes y autoridades. 

Inclusive, se llegó a torturar y casi matar al hermano del entonces presidente de Diputados, Víctor Borda, para obligarlo a renunciar. “Si no renuncias, muere tu hermano”, le dijeron al exparlamentario, según contó Novillo.

“Los que planificaron y operaron el golpe querían camuflar el golpe con un discurso engañoso de sucesión constitucional”, pero terminaron por cometer errores gruesos, como el que un militar imponga la banda presidencial a Jeanine Áñez y que ella se autoproclame como presidenta, dijo Novillo.

El Ministro de Defensa manifestó que ese grupo que dirigió y operó el golpe de Estado debería ser investigado por las autoridades competentes, ya que “no hubo sucesión constitucional y lo que hubo fue un gobierno de facto”.

Novillo recordó que Luis Arce llegó al gobierno con la promesa de lograr la justicia para los masacrados en el golpe de Estado, y dijo que no hacerlo sería mantener un clima de impunidad, algo funesto para la democracia.

“No importa desde dónde se lo mire, pero estuvimos ante un golpe de Estado” en 2019, afirmó Denis Racicot, exrepresentante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien alertó a la población que ahora Luis Fernando Camacho intenta polarizar al país y repetir esas acciones violentas en contra de la democracia.

Racicot, entrevistado este lunes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, proporcionó una definición operacional de un golpe de Estado y dijo que esas características se cumplieron en Bolivia, en 2019, en franca vulneración a los derechos humanos de miles de bolivianos.

“No importa desde dónde se lo mire, estuvimos ante un golpe de Estado”, dijo Racicot.

El exfuncionario internacional recordó que el gobierno presidido por Evo Morales, elegido de forma constitucional, debía terminar su mandato en 2020, pero su periodo legal fue interrumpido con violencia.

“Un golpe de Estado es la toma del poder político por un grupo de poder, y ese grupo realiza esta actividad en forma ilegal, violenta o a la fuerza, y a su vez vulnerando las normas legales vigentes de sucesión constitucional del poder político conforme a las normas existentes”, definió Racicot, quien dijo que esas características se cumplieron en Bolivia, en 2019.

Explicó que, tras los comicios, se habló de fraude para promover hechos de “violencia generalizada” y persecución contra autoridades y dirigentes políticos del MAS, por parte de grupos armados paraestatales.

Por ello, Racicot indicó que “fue ilegal el cambio de gobierno. Se violó todas las normas de sucesión constitucional y se violó de forma masiva los derechos humanos”.

Explicó que la aprehensión de Jeanine Áñez es importante para esclarecer lo ocurrido en 2019, y que ella se “autoproclamó” presidenta de Bolivia sin respetar las normas de sucesión constitucional. Ese procedimiento fue tan ilegal que hasta un militar le impuso la banda presidencial, manifestó.

Explicó que su experiencia de 40 años en la región, le mostró que el motín policial, el pedido de las FFAA de que renuncie Morales y el accionar de los grupos irregulares armados, responden a una “planificación” previa.

Puso como ejemplo de su afirmación a las declaraciones de Luis Fernando Camacho, en sentido de que su padre negoció y arregló con militares y policías “soluciones no constitucionales”, dinero de por medio.

Consultado sobre las amenazas vertidas este lunes por Luis Fernando Camacho en sentido de volver a La Paz para “derrotar a un gobierno tirano”, Racicot dijo que esas declaraciones son peligrosas y muestran que “hay un intento, desde Santa Cruz, de volver a repetir la experiencia del golpe de Estado de 2019”.

Manifestó que ese discurso de Camacho busca llevar al país a un clima de polarización que propicie el retorno de la violencia.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, aseguró este lunes que se hizo seguimiento a las detenciones de las exautoridades del gobierno de facto Jeanine Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y se constató que no sufrieron ningún tipo de maltrato, más por el contrario, recibieron asistencia de las instancias correspondientes.

“Hemos podido asistir directamente a las personas aprehendidas, las exautoridades del gabinete, así como a la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez. Hemos podido constatar que se encuentran sin ningún tipo de maltrato, sin ningún tipo de hecho de tortura, que han sido asistidos por el Instituto de Investigaciones Forenses, así como por la Unidad de Bomberos, en el caso de la señora Áñez”, señaló, en un contacto con Bolivia TV.

Cruz indicó que se continuará brindando acompañamiento dentro de los penales de Obrajes y San Pedro, recintos penitenciarios donde guardarán detención preventiva las exautoridades del gobierno de facto.

“Como Defensoría del Pueblo, nosotros, en el informe Crisis de Estado habíamos solicitado al Ministerio Público y al Órgano Judicial que se realicen todas las investigaciones y el esclarecimiento de todas aquellas afectaciones a derechos humanos, así como vulneraciones de derechos humanos que hubiesen ocurrido entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre”, acotó.

Remarcó que la Fiscalía y el Órgano Judicial deben esclarecer los hechos vinculados al caso golpe de Estado. “Sabemos que los casos de Senkata, Sacaba y zona Sur han tenido muy pocos avances, y que avances significativos se han dado recién desde noviembre del 2020 a la fecha”, sostuvo.

La jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó el domingo la detención preventiva por cuatro meses de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, en el marco de las investigaciones por el caso golpe de Estado.

Jimena Mendizábal, jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de Chuquisaca, decidió otorgar libertad irrestricta a Yassir Molina, cabecilla de la resistencia juvenil cochala, un grupo paramilitar que actuó en el golpe de Estado de 2019 y atacó el edificio de la Fiscalía General.

La jueza dijo que, pese a que la Fiscalía acusó a Molina de casi una decena de delitos, adjuntó la misma prueba para cada acusación.

Molina fue acusado de organización criminal, impedir el ejercicio de funciones, uso de armas no convencionales, entre otros delitos, pero Jimena Mendizábal consideró que “no se acreditó la existencia de participación del señor Yassir”.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó preocupada por el accionar de “actores privados”, como el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en varios conflictos.

“Al respecto, la @CIDH recuerda lo señalado en sus observaciones preliminares tras su visita a #Bolivia, conforme el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”, recordó el organismo.

La Resistencia Juvenil Cochala, de la cual Molina es su dirigente, tuvo un papel gravitante en la represión violenta a las movilizaciones de organizaciones sociales en Cochabamba.