La amenaza de la desobediencia civil fue lanzada por la oposición 16 días antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales preparó el terreno político en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios en caso de un presunto fraude.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó que, si no se investigan y sancionan los 10 tipos de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019, existe el riesgo de que esa impunidad motive, a futuro, la reiteración de esos crímenes.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) derrumbó al menos 10 tesis usadas por actores políticos de la oposición, la jerarquía católica, amplificadas por los medios de difusión, para justificar el discurso y la violencia del régimen de Jeanine Áñez.

Durante el régimen de Jeanine Áñez se produjo un daño económico a las empresas estatales y se paralizó proyectos e inversiones públicas por un monto aproximado de $us 1.641 millones. Según un analista económico, el objetivo de esa política fue, de manera premeditada, hacer quebrar a las entidades públicas, volverlas ineficientes para luego privatizarlas o hacerlas desaparecer.