El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, informó que el plan de diagnóstico, reparación y puesta en funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) tiene un 85% de avance, por lo que se prevé el reinicio de operaciones para junio.

A la fecha, se tienen todos los contratos para la adquisición de insumos y materiales para el inicio de operaciones de la PAU y para la comercialización de la urea, como también todo lo necesario para reiniciar la producción. Cerca de 200 personas ya trabajan en la planta, informó la empresa estatal mediante una nota de prensa.

Se contará con la presencia de expertos internacionales de India y Rusia para el comisionado y arranque de la planta con el propósito de que se realice en óptimas condiciones.

La estatal petrolera confirmó que productores locales manifestaron la intención de compra de urea por más de 20.000 toneladas que se podrán comercializar a partir del segundo semestre de esta gestión.

Empresas de Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay están interesadas en comprar hasta 1,4 millones de toneladas de urea, una vez que la planta vuelva a operar. No son las únicas, también se suman empresas de otros continentes que evalúan adquirir este fertilizante.

“La reactivación de la Planta de Amoniaco y Urea representa un gran aporte a la economía del país”, agregó Zelaya.

Destacó que los productores se ven afectados por el alza de los precios de la urea en el mercado internacional. El saco de urea importada actualmente oscila entre los Bs 230 y Bs 250. Cuando YPFB comercializaba urea en el distrito comercial oriente hasta el 2019, el saco de 50 kilos costaba alrededor de Bs 150.

YPFB, en coordinación con socios productores e instituciones, una vez que la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo entre en etapa de producción, implementará 102 parcelas demostrativas, distribuidas en 40 hectáreas en los nueve departamentos del país.

Estas parcelas demostrarán a los productores nacionales los beneficios y ventajas del uso de la urea como fertilizante en cultivos de maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, trigo, girasol, frutas, hortalizas y pasturas.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este lunes que la Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia (Papelbol) proyectó la generación de ingresos económicos de más de Bs 40 millones para este año, por la comercialización de papel ecológico y papel kraft en el mercado interno.

“Nosotros hemos empezado recuperar la planta y la estamos reactivando. Este año en Papelbol alcanzaremos a generar ingresos por más de Bs 40 millones. Estamos reactivando todas nuestras empresas públicas productivas con todo el esfuerzo y con sacrificio económico para reactivar el aparato productivo en todas las plantas del trópico y todo el país”, afirmó, citado en un boletín institucional.

Dijo que Papelbol está en plena producción y operación para la recuperación de su mercado y la comercialización de sus productos en las tiendas de Súper Emapa y otros puntos de venta a nivel nacional.

La autoridad estatal añadió que la papelera estatal también cuenta con un plan de acción a mediano plazo para mejorar la infraestructura de almacenes de la planta ubicada en el municipio de Villa Tunari, la ampliación de la capacidad instalada del proceso de rebobinado, mejorar la logística de distribución y comercialización del papel ecológico, la generación de alianzas estratégicas con redes de acopiadores para el reciclaje de papel y la búsqueda de mercados internacionales, entre los hitos importantes.

Además, Huanca explicó que hasta 2019, antes de la administración del gobierno de facto, la planta Papelbol registró ingresos por más de Bs 37 millones y cuestionó que en el periodo de facto el régimen de Áñez se haya dedicado únicamente a paralizar el funcionamiento del complejo.

El titular de Desarrollo Productivo explicó que el Gobierno nacional trabaja en la reactivación del aparato productivo nacional y las empresas estatales, tomando en cuenta que, durante el gobierno de facto, se frenó de manera sistemática el funcionamiento de las empresas públicas productivas, reduciendo sus ingresos a la mínima expresión.  

“Hubo una fuerte disminución de ingresos. En 2019, nuestras empresas públicas productivas generaron más de Bs 1.600 millones y en el periodo del gobierno de facto los ingresos disminuyeron a Bs 641 millones. Es decir, se disminuyó ingresos en más de un 50 por ciento”, concluyó.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este lunes que los vuelos comerciales de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA), así como de empresas privadas, fueron reanudados en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

La autoridad explicó que la instrucción se dio luego que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) levantó una restricción de las operaciones aéreas de aterrizaje en el umbral 28 y despegues en la pista 10, que fue provocada por causa de un edificio de diez pisos construido de forma clandestina cerca del predio que puso en peligro los movimientos aeroportuarios.

“Aasana, a través de una nota, autorizó el aterrizaje en ambos sectores. Entonces vemos que la construcción en la era pitita dañaba principalmente a nuestra empresa de aeronavegación BoA y con esto rectificamos toda la ilegalidad que sucedió en la era pitita”, dijo, citado en un boletín institucional.

El edificio de diez pisos fue construido de forma clandestina en 2020 en la zona 12 de Octubre y su altura superaba los 34 metros, lo que puso en riesgo la categoría internacional del aeropuerto de El Alto.

Según Montaño, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó días antes, el 21 de mayo de 2021, que se levantaba la restricción de las operaciones aéreas de aterrizaje en el umbral 28 y despegues en la pista 10 del puerto aéreo.

Recordó que un juez determinó que las infraestructuras que están cerca del aeropuerto no deben tener más cuatro pisos, por lo que se notificó a varios vecinos para que puedan demoler las edificaciones que se encuentren por encima de la altura permitida.

Hasta el momento, agregó, dos propietarios fueron notificados, pero sus inmuebles no representan tanto peligro para las funciones aéreas como el edificio de diez pisos que ya fue demolido.

“En el tema civil vamos a pedir que se haga resarcimiento económico, en eso nos ha dado el juez la razón. También iniciamos otro juicio en lo penal, porque ha puesto en riesgo la vida de nuestros pasajeros. Además para la señora Soledad Chapetón (exalcaldesa de El Alto) también hay incumplimiento de deberes y abuso deshonesto”, concluyó.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó que se llevó adelante en Sucre el encuentro de autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público. La reunión se realizó con el objetivo de fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Participaron autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Magistratura, además de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y de la UIF.

“En este encuentro, el Tribunal Supremo de Justicia comprometió esfuerzos para incrementar la efectividad de los procesamientos de los delitos, en función a los casos que se encuentran en etapa de juicio oral, los cuales se verán reflejados con las sentencias en esta materia, la recuperación y monetización de bienes”, se lee en una nota de prensa difundida por la Unidad de Investigaciones Financieras.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüéz, resaltó la necesidad de un trabajo conjunto con el Ministerio Público para agilizar la emisión de sentencias y, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tratamiento del proyecto de ley que permita utilizar un porcentaje de los recursos económicos monetizados para garantizar la creación de juzgados y fiscales especializados en la materia.

El Ministerio Público realizará la firma y actualización del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la UIF para la coordinación entre ambas entidades, además de mantener e incrementar las fiscalías especializadas en función a la optimización de los recursos y garantizar peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a nivel nacional.

El Consejo de la Magistratura buscará generar estadísticas integrales en cuanto a los procesos judiciales de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo y brindar dicha información para la evaluación país.