Secretario General del GIEI-Bolivia: “Hay necesidad de reconciliación en la población boliviana”
Secretario General del GIEI-Bolivia: “Hay necesidad de reconciliación en la población boliviana”

Después de completar la etapa preliminar de labor el 20 de diciembre de 2020, El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia), creado por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ingresa esta semana a la segunda fase de su trabajo, una enfocada en la toma de testimonios individuales, búsqueda de documentos y análisis de evidencias.

Este equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coadyuva, desde el 23 de noviembre de 2020, en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país a causa de la crisis postelectoral entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI), el secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, hace una evaluación de la labor realizada por su equipo el 2020 y da pautas de las acciones a asumir por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 2021.

Jaime Vidal es abogado de nacionalidad chilena y española, egresado de Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde 2016, desempeñó varios cargos en la CIDH, entre otros como responsable de relatorías temáticas. Es coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta 2015, ejerció como oficial de derechos humanos en la Oficina Regional para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago de Chile.

¿Qué evaluación hace de lo logrado por la GIEI-Bolivia en la etapa preliminar?

La etapa preliminar cumplió con los objetivos en el sentido de que, aún con la contingencia sanitaria y adoptando todas las medidas, logró sostener reuniones de trabajo con autoridades de los tres ámbitos de gobierno y organizaciones de sociedad civil. Asimismo, se sostuvieron reuniones con víctimas y familiares de víctimas para la etapa preparatoria a la toma de testimonios.

Derivado de las reuniones de trabajo el GIEI, se pudo establecer comunicaciones directas con autoridades para el acceso a información y documentos de relevancia para el mandato del grupo. Actualmente, se han remitido solicitudes de información a diversas autoridades y se está a la espera de respuesta. Todo este trabajo permitió generar un panorama contextual respecto de los hechos acontecidos, y con esto generar un plan de trabajo e investigación sólido que enmarca en sus diferentes etapas acciones enfocadas a dar cumplimiento al mandato del GIEI.

¿Qué preocupaciones en común logró recoger el GIEI-Bolivia en los encuentros iniciales con diferentes sectores en la etapa preliminar?

Todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar los derechos de justicia y verdad por los hechos de violencia. Entendemos que hay una necesidad de reconciliación en la población boliviana, después de una polarización en la sociedad que se generó el contexto político electoral y que requiere ser atendida. Así que hay una demanda de ser escuchados, de retomar todas las visiones y perspectivas del conflicto y que esas voces sean reflejadas en el informe.

A corto plazo, hay demandas claras de hacer una revisión a los procesos abiertos y cerrados por los hechos acontecidos. Atender posibles hechos de hostigamiento y criminalización que podría seguir existiendo. Como también, existe una demanda de atención médica de diversas víctimas. Finalmente, existe no solo la necesidad, sino la obligación estatal de reparar a las víctimas. Si bien, el informe puede fungir como una medida adicional de reparación y reconocimiento, el Estado debe asumir la responsabilidad de reparar a cada una de las víctimas de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos.

En la etapa preliminar, ¿el GIEI-Bolivia logró identificar acciones a enfatizar en su plan de trabajo en la próxima etapa?

Totalmente, el desarrollo del panorama contextual, así como el mapeo de actores clave y contacto con víctimaspermitió establecer con más claridad las líneas de investigación, líneas metodológicas y formas de trabajo que el GIEI desarrollará. De este modo, este primer acercamiento en la etapa preliminar nos arrojó necesidades que van más allá del GIEI, tales como peritajes especializados.

Por otra parte, como se mencionó previamente, con el contexto claro, las solicitudes formales de información están más enfocadas a la obtención de aquellas cuestiones relevantes para el cumplimiento del mandato del GIEI. Sin embargo, es importante mencionar que, más allá de las fuentes oficiales, GIEI-Bolivia recurrirá a múltiples fuentes de investigación que considere relevantes. Y, que también hará uso de fuentes de información proporcionadas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

¿Cuántos y cuáles ilícitos se identificaron en esta primera etapa de trabajo del GIEI-Bolivia?

No podemos adelantar hallazgos de la investigación que está en curso. Asimismo, el GIEI no es un órgano de procuración de justicia. En ese sentido, los procesos formales ante las fiscalías seguirán su curso y en la medida de lo posible GIEI y fiscalías coadyuvarán para impulsar los procesos con la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y verdad.

Sin perjuicio de lo anterior, del marco fáctico de diversos informes y de los relatos de las víctimas se desprende la posible existencia de víctimas de graves lesiones, homicidios, algunos actos de violencia sexual, atentados contra la libertad de expresión, entre otros.

¿El GIEI-Bolivia ya presentó recomendaciones para la investigación penal, civil o administrativa, análisis técnicos o propuestas de acción y medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones? ¿En qué casos?

El GIEI hará las recomendaciones formales en el informe final que se presentará una vez cumplido el mandato y temporalidad de este. No obstante, más allá del GIEI, existen estándares internacionales en la materia para procesos judiciales de cualquier índole.

Con respecto de las entrevistas que realiza el GIEI, estas son total y absolutamente confidenciales, por lo que las víctimas y testigos que decidan declarar pueden hacerlo con la absoluta confianza y certeza de que el GIEI es un espacio seguro. Así está previsto en su protocolo, firmado por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, el GIEI se traslada al terreno y realiza la toma de testimonios en espacios comunes y preferidos por las comunidades, esto con el fin de que se sientan en un espacio seguro y de su confianza. Por otra parte, de ser el caso, las víctimas pueden solicitar la toma de testimonio en espacios privados de su elección, de manera totalmente individual.

¿Qué datos iniciales sobre la vulneración de derechos humanos se encontraron en los casos de Senkata y Pedregal (Chasquipampa); en Cochabamba, Sacaba; en Sucre y Potosí, sobre los hechos de Vila Vila y Challapata; y en Santa Cruz, sobre los hechos de Montero?

El GIEI continúa en etapa investigativa y el marco fáctico será definido en el informe final, y no podremos adelantar hallazgos hasta concluida esta fase investigativa. La información preliminar recabada hasta ahora, en las distintas reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, apunta hacia la existencia de violencia ejercida tanto por parte de actores estatales como privados, la obstrucción del debido proceso en casos de criminalización de liderazgos sociales y la denegación de servicios de atención médica a víctimas de la violencia ejercida por fuerzas del orden.

¿El GIEI-Bolivia considera que los seis meses establecidos en un principio son suficientes para dar con la verdad de los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, tomando en cuenta lo conocido en la etapa preliminar?

El acuerdo firmado por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia que da lugar al GIEI Bolivia, prevé la posibilidad de ampliar la temporalidad hasta que se satisfagan las obligaciones del mandato. No obstante, en este momento es muy pronto para evaluar si los seis meses establecidos serían o no suficientes. 

 
Armando Quispe Barra / Agencia Boliviana de Información

 
El GIEI-Bolivia retoma labores e ingresa a segunda etapa de investigación
El GIEI-Bolivia retoma labores e ingresa a segunda etapa de investigación

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia), creado por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomó esta semana la investigación de los hechos de violencia ocurridos en la crisis poselectoral de 2019 en el país. Potosí, Cochabamba y La Paz serán los escenarios de su trabajo.

Este equipo se instaló el 23 de noviembre del 2020 en La Paz por acuerdo suscrito entre la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019. Su objetivo es coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Después de una pausa a finales de diciembre y principio de año, el GIEI –Boliviaretornó al país y esta semana ya se trasladó a Potosí para recolectar testimonios de familiares y víctimas de los hechos de violencia.

En la penúltima semana de enero, el GIEI-Bolivia, acompañado de los expertos y el equipo técnico, irá al Trópico de Cochabamba para registrar testimonios de las víctimas de los hechos de ocurridos en Sacaba.

El GIEI-Bolivia tiene planificado recibir a las víctimas de violencia que ocurrieron en el sur de La Paz en 2019. Aún en enero, las investigaciones sobre lo que ocurrió en Senkata continúan.

Además, esta semana, el equipo de expertos recolectará los testimonios de profesionales de prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31de diciembre de 2019.


Decreto autoriza a la PGE la contratación directa de servicios especializados para la defensa legal del Estado
Decreto autoriza a la PGE la contratación directa de servicios especializados para la defensa legal del Estado

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4447 que autoriza a la Procuraduría General del Estado (PGE), la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, y otros, sean nacionales o extranjeros, para la defensa legal del Estado y derogó la norma del régimen de Jeanine Áñez que establecía la “contratación por comparación de ofertas” que develaba antecedentes e información confidencial.

De acuerdo con el Artículo 5 de la norma aprobada por el gabinete del presidente Luis Arce “se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.

Una vez realizadas las contrataciones directas, la Procuraduría General del Estado deberá remitir los contratos firmados a la Contraloría General del Estado; registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, una vez finalizado el periodo de confidencialidad establecido en el contrato.

Los procesos de contratación se regirán bajo los principios de transparencia y legalidad.

El Decreto Supremo N° 4156, del 13 de febrero de 2020, aprobado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez autorizaba a la PGE la “contratación por comparación de ofertas, en territorio nacional o extranjero, de servicios especializados para la defensa legal del Estado, provistos por nacionales o extranjeros, ya sea de consorcios jurídicos, abogados y otros”.

Esa norma dejó en desventaja la defensa legal del Estado Plurinacional y los intereses de su población, toda vez que este procedimiento obliga a la PGE a develar los antecedentes e información confidencial, permitiendo a actores externos al proceso obtener información del caso y utilizarla indebidamente.

“La dinámica de los procedimientos arbitrales en relación a sus plazos y fases incidentales y el actual proceso de contratación por comparación no es expedito, sobre todo por los tiempos que se requieren para recabar las propuestas, situación que pone en desventaja al Estado para efectivizar de manera inmediata y oportuna su defensa legal”, justifica el decreto aprobado por el Gobierno de Arce.

Los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado, en el marco del Decreto Supremo N° 4156 y que a la fecha se encuentran en ejecución, deberán regirse en el decreto aprobado recientemente y su reglamento, hasta su finalización.


Decreto autoriza al OEP el incremento de las subpartidas de consultorías para subnacionales
Decreto autoriza al OEP el incremento de las subpartidas de consultorías para subnacionales

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4448 que autoriza al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) el incremento de las subpartidas de consultorías, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales relacionados con el proceso electoral de las elecciones subnacionales 2021.

De acuerdo con el Artículo 2 de la norma “se autoriza al Órgano Electoral Plurinacional incrementar, en la gestión 2021, las siguientes subpartidas: 25210 ‘Consultorías por Producto’ en Bs 2.461.403”.

Además de la partida 25220 denominada ‘Consultores Individuales de Línea’ en Bs 12.757.047. El incremento de las subpartidas señaladas precedentemente, será financiado con fuente 41 “Transferencias T.G.N.” y organismo 111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional.

La norma atiende el requerimiento del Órgano Electoral Plurinacional de contratar consultorías para realizar la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales prevista para el domingo 7 de marzo de 2021.


Senado designa a Roberto Aguilar como embajador de Bolivia ante la UNESCO
Senado designa a Roberto Aguilar como embajador de Bolivia ante la UNESCO

La Cámara de Senadores designó este jueves al exministro de Educación, Roberto Aguilar, como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el marco de una sesión reservada de esa instancia legislativa.

“Hemos aprobado que el exministro de Educación, Roberto Aguilar, sea designado ante la UNESCO”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez.

Explicó que se cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores para designar a Aguilar como representante de Bolivia ante ese organismo internacional.

Aguilar de profesión economista fue Ministro de Educación desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 11 de noviembre de 2019 durante el primer, segundo y tercer gobierno del expresidente Evo Morales.

También fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente 2006-2007.


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