Las organizaciones sociales, sindicales e indígenas del país crearon este lunes el denominado “Estado mayor del pueblo para el pueblo”, que fue declarado en estado de emergencia y movilización permanente a nivel nacional, para la defensa de la institucionalidad democrática y proteger al gobierno del presidente Luis Arce ante intentos de desestabilización en su contra, provenientes de la derecha política nacional e internacional.
“Las organizaciones sociales, sindicales e indígenas decidimos conformar el Estado Mayor del Pueblo, para el pueblo (…). Nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente a nivel regional, departamental y nacional desde todas las organizaciones sociales, sindicales e indígenas”, menciona una resolución difundida por las redes sociales.
La publicación explica que la nueva entidad social será un nuevo espacio plurinacional de defensa de la soberanía y la dignidad de la revolución democrática cultural “ante el asecho del sistema capitalista y la derecha racista fascista con falso discurso populista”.
El documento manifiesta, además, que las organizaciones sociales, sindicales e indígenas reafirman su unidad sincera con ideología y convicción por el futuro de Bolivia y el vivir bien de las próximas generaciones.
Entre los justificativos de creación, la publicación determina que “con la revolución democrática cultural y la unidad del pueblo se ha demostrado que se puede gobernar con honestidad, dignidad, dedicación y compromiso, en defensa de la soberanía, sin someterse a los intereses de Estados Unidos”.
Además, indica que continúan las amenazas y ataques frontales de la derecha reaccionaria contra la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia, recuperada el 20 de octubre de 2020 gracias al pueblo con conciencia social.
“La derecha utiliza las prebendas para dividir y enfrentar a nuestras organizaciones sociales, con el fin de provocar inestabilidad social, política y económica en nuestro país”, advierte el texto.
Añade que continúan también los procesos injerencistas, a través de golpes de Estado, promovidos por empresas transnacionales y el gobierno de Estados Unidos, para el saqueo de los recursos naturales estratégicos nacionales, como el litio.
Ante tal panorama, el documento recuerda que las organizaciones sociales, sindicales e indígenas deben ser consecuentes con la lucha histórica del pueblo y los principios ideológicos anticolonialistas, anticapitalistas y antiimperialistas.