El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4447 que autoriza a la Procuraduría General del Estado (PGE), la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, y otros, sean nacionales o extranjeros, para la defensa legal del Estado y derogó la norma del régimen de Jeanine Áñez que establecía la “contratación por comparación de ofertas” que develaba antecedentes e información confidencial.

De acuerdo con el Artículo 5 de la norma aprobada por el gabinete del presidente Luis Arce “se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.

Una vez realizadas las contrataciones directas, la Procuraduría General del Estado deberá remitir los contratos firmados a la Contraloría General del Estado; registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, una vez finalizado el periodo de confidencialidad establecido en el contrato.

Los procesos de contratación se regirán bajo los principios de transparencia y legalidad.

El Decreto Supremo N° 4156, del 13 de febrero de 2020, aprobado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez autorizaba a la PGE la “contratación por comparación de ofertas, en territorio nacional o extranjero, de servicios especializados para la defensa legal del Estado, provistos por nacionales o extranjeros, ya sea de consorcios jurídicos, abogados y otros”.

Esa norma dejó en desventaja la defensa legal del Estado Plurinacional y los intereses de su población, toda vez que este procedimiento obliga a la PGE a develar los antecedentes e información confidencial, permitiendo a actores externos al proceso obtener información del caso y utilizarla indebidamente.

“La dinámica de los procedimientos arbitrales en relación a sus plazos y fases incidentales y el actual proceso de contratación por comparación no es expedito, sobre todo por los tiempos que se requieren para recabar las propuestas, situación que pone en desventaja al Estado para efectivizar de manera inmediata y oportuna su defensa legal”, justifica el decreto aprobado por el Gobierno de Arce.

Los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado, en el marco del Decreto Supremo N° 4156 y que a la fecha se encuentran en ejecución, deberán regirse en el decreto aprobado recientemente y su reglamento, hasta su finalización.

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4448 que autoriza al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) el incremento de las subpartidas de consultorías, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales relacionados con el proceso electoral de las elecciones subnacionales 2021.

De acuerdo con el Artículo 2 de la norma “se autoriza al Órgano Electoral Plurinacional incrementar, en la gestión 2021, las siguientes subpartidas: 25210 ‘Consultorías por Producto’ en Bs 2.461.403”.

Además de la partida 25220 denominada ‘Consultores Individuales de Línea’ en Bs 12.757.047. El incremento de las subpartidas señaladas precedentemente, será financiado con fuente 41 “Transferencias T.G.N.” y organismo 111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional.

La norma atiende el requerimiento del Órgano Electoral Plurinacional de contratar consultorías para realizar la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales prevista para el domingo 7 de marzo de 2021.

La Cámara de Senadores designó este jueves al exministro de Educación, Roberto Aguilar, como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el marco de una sesión reservada de esa instancia legislativa.

“Hemos aprobado que el exministro de Educación, Roberto Aguilar, sea designado ante la UNESCO”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez.

Explicó que se cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores para designar a Aguilar como representante de Bolivia ante ese organismo internacional.

Aguilar de profesión economista fue Ministro de Educación desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 11 de noviembre de 2019 durante el primer, segundo y tercer gobierno del expresidente Evo Morales.

También fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente 2006-2007.

La opositora Comunidad Ciudadana (CC) rechazó la inhabilitación de su candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Gary Àñez, por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED) y anunció que apelará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revertir esa decisión

"La inhabilitación de nuestro candidato a la alcaldía cruceña Gary Añez, con rapidez increíble y limitando los derechos de Gary, es un atentado contra la democracia. CC rechaza esta decisión y apela al TCP para revertir esta arbitrariedad", escribió Carlos D. Mesa en su cuenta de twitter.

El Tribunal Electoral de Santa Cruz declaró "probada" la demanda interpuesta por el ciudadano Alberto Dorado Estremadoiro el 5 de enero y decidió la inhabilitación de Áñez a candidato a alcalde de la ciudad de  Santa Cruz por la agrupación Comunidad Ciudadana – Autonomías por Bolivia (C-A) "por contravenir lo prescrito en el artículo 122 de la ley Nº 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010".

El ente electoral dispuso la exclusión de Áñez de las listas oficiales presentadas por C-A y pidió a dicha organización proceder con su sustitución.

El artículo 122 del Régimen Electoral indica que "ningún candidato, desde el momento de su inscripción en el Órgano Electoral Plurinacional, podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de inhabilitación".

Por su lado, Áñez dijo que renunció al programa que él conducía días antes de ser inscrito ante el Tribunal Electoral y anunció que apelará la decisión del organismo electoral.