La Cámara de Diputados tiene en agenda la aprobación de un crédito de $us 350 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a la inversión pública nacional, departamental y municipal. Además, los legisladores tratarán la ley de emergencia sanitaria para reforzar el combate al COVID-19.

El informe fue brindado por el diputado Juanito Angulo, del MAS, quien explicó que el crédito de la CAF será destinado a la reactivación económica, generación de empleo, movimiento económico y puesta en funcionamiento de proyectos dejados de lado el año pasado.

“Estos recursos son para levantarnos, para inyectar más recursos en la inversión pública a nivel central, de los gobiernos departamentales, a nivel de gobiernos municipales por que se destinarán unos $us 131 millones a fideicomisos para gobiernos locales y gobiernos departamentales”, indicó Angulo a la radio Patria Nueva.

El legislador añadió que la Cámara de Diputados también tiene en agenda el análisis y aprobación de la ley de emergencia sanitaria que busca precisar mejor las atribuciones, competencias y responsabilidades de los niveles locales y departamentales en el combate al coronavirus.

Esta norma, prevé también la creación del Consejo de Salud para acelerar la compra de insumos, medicamentos y otros artículos para reforzar la lucha contra el COVID- 19, agregó Angulo.

El Padrón Electoral Biométrico entregado por el Servicio de Registro Cívico (Serecí) muestra que 7.131.075 electores están habilitados para votar en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021, informó este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con un boletín institucional, en cumplimiento de la actividad 44 del calendario electoral, el 24 de enero el Serecí entregó oficialmente el Padrón Electoral Biométrico para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales convocada para el 7 de marzo de este año.

Según el registro oficial de votantes, 7.131.075 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en la elección de este año. De ese total, 3.489.644 son varones y 3.641.431, mujeres; el 39% tiene entre 18 y 35 años de edad.

De acuerdo con los datos del padrón en el eje central del país 1.950.428 personas fueron habilitadas en La Paz, 1.914.621 en Santa Cruz y 1.352.936 en Cochabamba.

Al menos 23 organizaciones de mujeres pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que realicen una revisión exhaustiva de las listas de candidaturas para las elecciones subnacionales a fin de verificar el estricto cumplimiento de la paridad y alternancia, tras evidenciar que en 155 municipios las organizaciones políticas no cumplen con estos principios.

“Exigimos que la verificación del cumplimiento los principios de paridad y alternancia sea a nivel municipal, a fin de dar cumplimiento a la normativa y el respeto a los derechos políticos de las mujeres”, señala el comunicado firmado por la Coordinadora de la Mujer, la Asociación de Concejalas de Bolivia y Gregoria Apaza, entre otras organizaciones.

Las organizaciones firmantes demandan que sean rechazadas las listas, a nivel municipal y departamental, que no cumplan con la paridad y alternancia.

“Consideramos que no se puede permitir, como ocurrió en las pasadas elecciones subnacionales, que la verificación del criterio de paridad se efectúe calculando el porcentaje de las candidaturas presentadas por organización política para elegir autoridades municipales considerando el total de candidaturas presentadas en un departamento. Cada lista presentada en cada municipio debe ser la unidad de verificación, y en cada lista debe cumplirse”, agrega el documento.

Asimismo, exhortaron a las organizaciones políticas, partidos y agrupaciones ciudadanas, a demostrar, concretamente, su compromiso con la paridad, garantizando, de esta forma, la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, lamentó este martes que la Policía Internacional (Interpol) no coadyuve en la investigación de las masacres de Sacaba y Senkata al rechazar por segunda vez la activación del sello azul para iniciar la búsqueda de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

“Ojalá la comunidad pueda entender al pueblo boliviano que el señor (Arturo) Murillo y otros tienen mucho que informar y transparentar, ante el pueblo boliviano, sobre el golpe de Estado, la dictadura, los malos manejos económicos en plena pandemia y la persecución política”, manifestó Loza.

El senador consideró que existe un velo de protección entre los que robaron, destrozaron la patria y persiguieron al pueblo. “Siempre protegieron la corrupción, maltrato y violaciones al pueblo boliviano y pedimos que la Interpol revise su actitud” finalizó.

En noviembre de 2019, fuerzas militares y policiales reprimieron a bala las protestas de la población en rechazo del golpe de Estado de Jeanine Añez y la quema de la wiphala.

El Ministerio Público inició la investigación por las muertes y solicitó a Interpol dar con la ubicación de las dos exautoridades para que sean notificadas a fin de que presten sus declaraciones informativas sobre su actuación en esos hechos. En dos oportunidades esa instancia policial negó otorgar el denominado sello azul para iniciar la búsqueda.