El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lamentó este sábado que ciertos sectores médicos del país desconozcan acuerdos firmados con el Gobierno y aseguró que la mayoría del pueblo quiere que los galenos continúen con su trabajo.

“Hemos tenido constantes conversaciones con los Colegios Médicos del país para llegar a acuerdos que beneficien a toda la población, y más aún ahora que nos encontramos en una emergencia sanitaria en plena pandemia mundial", manifestó la autoridad.

“En las reuniones que tuvimos con el Colegio Médico hemos tenido discrepancias, pero hemos tenido más acuerdos. Esta es una prueba fehaciente de la voluntad de diálogo que tenemos como Gobierno, es por este motivo que vemos que existen intereses políticos en ciertos sectores médicos que desconocen un acuerdo que ellos mismos han firmado”, señaló.

La alusión del Ministro fue al candidato a la alcaldía paceña, Luis Larrea, “que ante la caída de sus encuestas busca encontrar la manera de incrementar su caudal electoral”, indica un boletín de prensa.

El Ministro detalló que, de los 4.300 recintos de salud a nivel nacional, el 69% trabajó con normalidad, lo que es una gran noticia para el pueblo debido a que tanto médicos como la sociedad, entendieron la situación de emergencia de salud y decidieron continuar con sus labores cotidianas.

“Felicitamos a los médicos comprometidos con su pueblo y su profesión. Ayer el pueblo boliviano se dio cuenta que el paro médico fue un fracaso. Hemos visto varios sectores de la sociedad civil que han expresado su disconformidad con esta medida, solo hay que ver los sondeos realizados por los medios de comunicación en toda Bolivia el día de ayer, por ejemplo, en La Paz, El Alto, Pando y Potosí”, dijo.

Resaltó que la Ley de Emergencia Sanitaria tiene como fin proteger a la población y evitar la mercantilización de la salud, controlar los precios de los medicamentos para evitar sobreprecios en las farmacias, evitar cobros exagerados en clínicas privadas o que éstas exijan depósitos previos para la atención, y evitar que se suspendan los servicios de salud durante la pandemia.

“Quiero resaltar la gran labor que realizan nuestros médicos en la lucha contra el COVID-19. Y también les quiero decir a nuestras hermanas y hermanos médicos que continuaremos como Gobierno con las vacunaciones masivas al personal de primera línea”, indicó Del Castillo.

Conmemorando el Día Mundial de la Justicia Social, el presidente Luis Arce reafirmó este sábado su compromiso de la lucha por la igualdad en el país y resaltó la labor de todos aquellos que libraron batallas en contra el capitalismo en el mundo.

“En el #DíaMundialdelaJusticiaSocial reafirmamos nuestros principios de luchar junto al pueblo por una #Bolivia con igualdad. Nuestro homenaje a las y los luchadores sociales del mundo que libraron todas las batallas contra el capitalismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, el expresidente Evo Morales hizo un llamado a la lucha por la justicia y expresó su rechazo al capitalismo que promueve guerras.

“En el #DíaMundialDeLaJusticiaSocial asumamos que no habrá paz sin justicia social y luchemos para conseguirla diciendo no al capitalismo que promueve el consumismo, el egoísmo, las guerras y el armamentismo destruyendo la posibilidad de un mundo mejor”, afirmó a través de la misma red social.

En noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social.

La directora de epidemiología del Ministerio de Salud, María Bolivia Rothe, denunció este viernes que el paro de algunos sectores médicos es una maniobra para desestabilizar al Gobierno con apoyo de intereses privados que representan la visión de una casta privilegiada que rechaza la medicina como servicio social.

La autoridad, entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que las justificaciones de los galenos para ir a la protesta en realidad son pretextos que ocultan una visión alineada a intereses políticos y a la defensa de intereses privados corporativos que se enriquecieron aprovechando la pandemia.

“Lo que está en juego es más allá de uno o tres o cinco  artículos de una Ley de Emergencia Sanitaria, ese es el pretexto, (…) aquí lo que está en juego es una maniobra política desestabilizadora del Gobierno, del Estado Plurinacional a unos cuantos meses después de haber ganado las elecciones (generales) y en las puertas de unas elecciones subnacionales”, manifestó la autoridad.

Rothe explicó que el paro de algunos sectores médicos muestra que hay dos visiones en pugna sobre la salud. “Una manera, que es para unos cuantos privilegiados que tienen dinero, donde los médicos se enriquecen fácilmente. Esta mirada liberal del médico como una casta privilegiada, como un grupo privilegiado de la sociedad”, manifestó.

La otra perspectiva, defendida por el Gobierno, es “la mirada de la medicina social como servicio a la población, donde el Estado se hace cargo de esa medicina y le da a todos por igual: salud universal y gratuita”.

La autoridad puso como ejemplo la gratuidad en el acceso al Sistema Único de Salud (SUS), el cual casi fue destruido por el régimen de Jeanine Áñez.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (Cobopdi), Mario Nacho, suscribieron un documento para retomar acciones referentes a la inserción laboral de esa población, tanto en el sector público como privado.

“Después de varios meses, se restituirá el derecho laboral a las personas con discapacidad. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Política del Estado y las personas con discapacidad no están exentas de ésta; así lo entiende el gobierno del presidente Luis Arce”, afirmó Navia, citada en un boletín informativo institucional.

El documento fue suscrito tras un encuentro que tuvo lugar en Santa Cruz. Éste establece que se coordinará y verificará el cumplimiento de la inserción laboral en el sector público para personas con discapacidad que debe alcanzar el 4%.

Asimismo, determina que las distintas federaciones del sector apoyarán y realizarán un control social de aquellos funcionarios que ejerzan un cargo público, ya que las personas con discapacidad gozan de inamovilidad laboral.

“También se coordinará y verificará el cumplimiento de inserción laboral del 2 por ciento en el sector privado, es decir, el dos por ciento del total de trabajadoras y trabajadores en el sector privado deben ser personas con discapacidad”, explicó.

Según detalla el boletín, en el plazo de 10 días laborales se deberá conocer un informe estadístico previo de las instituciones a nivel nacional, referente a la inserción laboral de personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley N° 997 (Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad) del 26 de septiembre de 2017.