El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, participó este viernes de los actos protocolares organizados por el 81 aniversario de Puerto Quijarro en Santa Cruz. Anunció proyectos para impulsar el desarrollo del municipio.

“Una vez más, en este aniversario cívico, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de Puerto Quijarro, con la unidad de nuestro pueblo, con su empuje y decisión para avanzar. Estamos enfrentando esta crisis con la seguridad de que más pronto que tarde continuaremos en la construcción de este nuestro Estado Plurinacional fuerte y poderoso, de la patria que siempre hemos querido tener, el aporte de Puerto Quijarro claramente es fundamental”, aseveró el mandatario.

Puerto Quijarro fue fundado el 18 de junio de 1940. Es un municipio fronterizo con la ciudad de Corumbá, Brasil. Está ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

“No renunciaremos nunca a nuestra salida por el Pacífico, pero nuestra inserción regional y mundial por el Atlántico es una potencial vía complementaria y alternativa para el país. Puerto Aguirre tiene un papel en el diseño de la geopolítica de Bolivia, ubicada en el corazón de Sudamérica, al ser parte del Corredor Bioceánico, que busca unir el Atlántico y el Pacífico”, añadió.

El puerto más importante en esa región es Puerto Aguirre, localizado en el canal de Tamengo, entre Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Estos puertos son actualmente la salida soberana de Bolivia al océano Atlántico por la Hidrovía Paraguay - Paraná - La Plata.

El mandatario aseguró que uno de los proyectos a destacar es la termoeléctrica para el municipio, con la participación de los gobiernos de Bolivia, Brasil y empresarios privados. Indicó que “significará un gran impulso de desarrollo para Puerto Quijarro y el país”.

Dijo que un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se encargará de optimizar el acceso al agua potable para mejorar la calidad de vida en el municipio cruceño.

“Haremos las gestiones para tener, en primer lugar, un hospital de primer nivel acá en Puerto Quijarro y, más adelante, nuestro compromiso de trabajar para concretar ese sueño de tener un hospital de segundo nivel”, anunció.

El jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, informó que se intensificará el trabajo de las oficinas móviles que controlen el cumplimiento de derechos, socialicen normas y empoderen a los trabajadores del área rural, entre ellos madereros, cañeros y castañeros, en el marco del convenio suscrito con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Carranza, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que inspecciones previas al trabajo en el área rural, detectaron varios problemas como el “sueldo familiar” es decir se le paga al esposo, pero igual trabajan gratis la esposa y los hijos; los sueldos en especie que dejan endeudados a los trabajadores y la actividad laboral diaria por más de ocho horas sin que se reconozca el pago de horas extras.

Indicó que, gracias al convenio con la ABT, se intensificará el trabajo de las oficinas móviles en distintos puntos del país para realizar inspecciones, dar talleres informativos, socializar las normas, empoderar a los trabajadores sobre sus derechos y efectuar audiencias sobre derechos vulnerados, entre otras actividades.

El miércoles, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, firmaron un convenio para avanzar en la prevención y la erradicación progresiva del trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de los trabajadores del área rural, entre ellos madereros, cañeros y castañeros.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, pidió este jueves el inicio de un proceso penal para sancionar a quienes quisieron perpetrar un segundo golpe de Estado en Bolivia, para impedir la posesión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“Una investigación de @theintercept revela que los autores del golpe de 2019, pretendían repetir el atentado contra la CPE con la intervención de mercenarios extranjeros. Este caso debe ser llevado a un proceso penal para sancionar con todo el peso de la ley a sus autores”, afirmó la autoridad según una publicación de esa Cartera de Estado en su cuenta de Twitter.

El Ministro recordó que semanas antes de las elecciones que dieron la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas el 18 de octubre de 2020, el gasto en armas se multiplicó por 18 veces, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), porque las autoridades del gobierno de facto advertían de una "convulsión".

“Pese a la victoria contundente por 55,1% a favor del MAS-IPSP grupos irregulares autodenominados como ‘resistencia’ y activistas cívico-políticos rechazaron el resultado y repitieron la falsa denuncia de ‘fraude’. Algunos se arrodillaron ante cuarteles para pedir una intervención”, indica la publicación.

Una investigación de la revista The Intercept, de Estados Unidos (EEUU), reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce, en octubre de 2020.

Denunció, además, que el gobierno de Donald Trump amenazó a investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts para que no revelen sus conclusiones de que no hubo fraude electoral en 2019.

El portal digital estadounidense incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, a tiempo de reflexionar sobre la necesidad de instituciones sólidas que garanticen la vida de los refugiados, recordó este jueves que la inhumanidad vivida en Bolivia en noviembre de 2019 se enfrentó a personas e instituciones dispuestas a proteger y cuidar la vida.

“La inhumanidad vivida recientemente, caracterizada por la maquinara atroz del poder, ejercida por el gobierno de facto, se enfrentó a personas e instituciones dispuestas a proteger y cuidar la vida; y una de esas prácticas es la elaboración de normativas que procuren proteger la vida y los derechos humanos”, señaló citado en un boletín de prensa.

La autoridad realizó las declaraciones en el marco de la Semana del Refugiado y del Ciclo de Conversatorios desde el Sur.

La Academia Diplomática Plurinacional y la Presidencia de la Comisión Nacional del Refugiado organizaron la “Conferencia internacional sobre la institución del asilo en la tradición latinoamericana”, que sirvió de marco para la presentación del libro de la Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, titulado “La institución del asilo: México y la crisis política en Bolivia en 2019”, texto que recupera los hechos acaecidos en Bolivia luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en el país.

En ese contexto, la Comisión Nacional del Refugiado, conformada por la Cancillería y los Ministerios de Gobierno y Justicia y Transparencia Institucional, además del apoyo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, organizó una serie de actividades para recordar el Día Mundial del Refugiado.

El Canciller aprovechó el evento para agradecer nuevamente a la Embajadora de México por “acoger y proteger a compatriotas” en la residencia diplomática en La Paz “entre los que estuvo nuestro presidente actual, Luis Arce” y reveló que Mercado “se portó como una fiera para ayudar a que lleguen al aeropuerto nuestros compatriotas” y puedan abandonar el país en condición de asilados.

Por su parte, la embajadora mexicana señaló que “el asilo del expresidente Morales y otros ciudadanos se encuadró en un nuevo episodio de la tradición y congruencia de México”, ya que la institución del asilo es el elemento de mayor congruencia en materia de política exterior de ese país.

Además, resaltó que luego del golpe de Estado, la Embajada de México recibió 45 solicitudes de asilo y lamentó que, cuando la embajada solicitó salvoconductos, el gobierno de facto publicó los nombres de esas personas, poniendo en peligro de sus vidas.