La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó este martes que, según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se violó los derechos humanos de las víctimas en las masacres de Sacaba, Senkata y Montero, con conductas racistas, patriarcales y sexistas.

"Estas violaciones a los derechos humanos, en gran parte, se han dado con una conducta no solamente racista sino patriarcal, sexista de abuso, de insulto", dijo tras la presentación y entrega del informe final del GIEI al presidente del Estado Luis Arce.

Señaló que, de acuerdo con este informe, en noviembre de 2019 se identificaron agresiones sexuales y acosos, que el Gobierno "rechaza de manera contundente", a mujeres al momento de ser apresadas.

"Una de las recomendaciones del GIEI justamente tiene que ver con desmontar el patriarcado, con desmontar esta violencia machista con las que se reproducen este tipo de vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país; especialmente, como se hacía énfasis en la presentación del informe, hacia mujeres indígenas, hacia mujeres pobres, hacia mujeres de pollera", señaló.

Enfatizó que las autoridades nacionales trabajan en la búsqueda de justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Montero (Santa Cruz)  desde el primer día que asumieron el Gobierno.

Esta mañana, el GIEI presentó su informe final, a las autoridades del Estado boliviano, sobre los hechos de violencia ocurridos durante 2019 en las regiones mencionadas, en un acto, realizado en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente Luis Arce recibió este martes el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo, en un acto realizado en el Banco Central de Bolivia que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los caídos en los hechos de violencia de la ruptura constitucional.

Asimismo, instó también al Ministerio Público a que implemente las acciones judiciales recomendadas en el documento.

El primer mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado.

Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto.

“Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, acotó.

Por otro lado, el jefe de Estado anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI-Bolivia, según los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado.

“Derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.

Arce recordó que la historia convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia y expresó el deseo de que todas las fuerzas políticas asuman la responsabilidad del caso que se traducirá en un compromiso con la democracia.

“Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo, y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia”, añadió.

El mandatario parafraseó, por último, una de las expresiones más célebres del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, para recordar que en el caso del golpe de Estado de 2019 “no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019, que fue presentado este martes, calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapattá, en la presentación del informe.

El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Tapattá dijo también que el informe indica que las protestas sociales fueron antecedidas por discursos políticos que pusieron en tensión a la democracia y las instituciones.

Además, explicó que el documento formula más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Aplicación de justicia ágil y el debido proceso, es otro de los encargos de los expertos del GIEI; además de priorizar los casos de violencia sexual y de género; y garantizar la imprescriptibilidad de los casos de violación de derechos humanos.

Asimismo, prevé que se realice una Cumbre Nacional Sobre el Racismo y la Discriminación, como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

También recomendaron desnaturalizar el orden patriarcal, porque ello implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.

“Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para realizar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama liderazgo y una contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión, en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores”, aseveró.

Así también se recomendó la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir, atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a diferentes actores de la sociedad civil, pero simultáneamente trabajar para fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar su papel de generadoras de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado al mismo tiempo.

“La sociedad civil es eficaz solo cuando mantiene su independencia y autonomía del poder político y de poderes sectoriales, en el mismo nivel corresponde favorecer la democratización del espacio público mediático fomentando de modo equitativo que todas las voces sean escuchadas”, sostuvo Tapattá.

Se sugiere también considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir al seguimiento en la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones.

“Es posible que se considere que estas recomendaciones tengan el riesgo de diluirse, o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas. Por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse, que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas”, dijo la experta.

Asimismo, indicó que el uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural, tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas y reclamos.

“Durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado en llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado, describir lo sucedido con claridad tiene el propósito de mostrar como en un espejo que podamos mirarnos, el daño provocado, para no banalizar comportamientos que fueron particularmente crueles y agraviantes entre persona”, remarcó.

Mencionó que se identificó que Bolivia, al contar con una sociedad compleja y abigarrada, cada cierto tiempo, con la acumulación de tensiones por asimetrías y desigualdades múltiples, que desembocan en situaciones de violencia.

Asimismo, dijo que existen temas como el racismo, la violencia sexual y de género, la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación, para no poner en riesgo de perder la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo hostil, lo discriminatorio y lo que destruye la dignidad de las personas.

“Cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explicita en el más alto nivel del gobierno, estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas (…). Esperamos que lo relatado en el informe, sobre lo ocurrido en los últimos cuatro meses del año 2019, no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como un nuevo umbral, ahora más elevado y exigente de lo intolerable”, recomendó.

El presidente Luis Arce recibió este martes el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, culpabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo, en un acto realizado en el Banco Central de Bolivia.

(Noticia en desarrollo)