El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció este domingo la apertura de nuevas sucursales de las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en distintos puntos del país, con el propósito de incentivar el consumo de productos bolivianos.

“Reactivamos las tiendas de nuestra Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en todo el país, para apoyar la economía de las familias bolivianas.”, publicó en su cuenta de Twitter.

Detalló que las tiendas ya fueron abiertas en las localidades de Huarina, Coroico, Ancoraimes y Patacamaya, en La Paz; además de otra en Cochabamba, donde la población podrá adquirir productos a precios justos.

“Los próximos días abriremos nuestras sucursales de La Asunta, Shinahota, Cobija y Tarija. Incentivamos el consumo de lo #HechoEnBolivia, beneficiamos a nuestros productores y generamos empleo”, escribió.

En la víspera, se inauguró un nuevo supermercado Emapa, esta vez en el municipio de Coroico, ubicado en los Yungas del departamento de La Paz, declarado como el primer municipio turístico en Bolivia.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, afirmó este domingo que se prevé que el último lote con 500.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V arribe a mediados de octubre al país.

“Ya únicamente nos resta un último lote de segundas dosis de Sputnik V, son las últimas 500.000 que hemos recibido y que todavía las primeras dosis se están utilizando hoy por hoy. Empezaríamos a recibir las últimas 500.000 a partir de la segunda quincena de octubre”, dijo en una entrevista con radio Panamericana.

Agregó que aún hay un margen de tiempo para que ese lote pueda arribar a Bolivia, que será de manera fraccionada.

“De esa manera ya tenemos la cantidad suficiente para todos los que ya han cumplido los 90 días y los que van a ir cumpliendo los 90 días de aquí en adelante, aproximadamente hasta mediados de octubre”, aseguró.

Asimismo, dijo que se espera también la confirmación de fechas para la entrega de una donación de 188.000 dosis de Pfizer por parte de Estados Unidos (EEUU).

Esta jornada, el país recibió un lote de 370.000 segundas dosis de Sputnik V, en cumplimiento al compromiso realizado por parte de Rusia de priorizar los requerimientos de Bolivia.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este domingo que la Ley N° 1392, del 8 de septiembre de 2021, para la Devolución Parcial o Total de Aportes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), es una medida económica implementada que fue analizada cuidadosamente, realizando un trabajo responsable para beneficio de los asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) que fueron afectados por la pandemia del COVID-19.

“La Devolución de Aportes fue un proyecto requerido y solicitado en distintas oportunidades por trabajadores, aglutinados en diversas agrupaciones ciudadanas, que buscaban obtener un ingreso económico para paliar las necesidades emergentes por la pandemia y que se agravó por las acciones desacertadas del gobierno transitorio, que en lugar de ayudar a los hogares bolivianos generaron un caos económico en cada uno de ellos”, indica una nota de prensa institucional.

La nota recuerda que el entonces candidato, Luis Arce Catacora, y ahora presidente del Estado, incluyó en su oferta electoral la devolución de aportes como una forma de solventar los gastos de las personas que perdieron su fuente de empleo y una manera de preservar la economía que fue duramente golpeada.

“En este sentido, causa extrañeza que ahora, estando a puertas de poder cumplir una demanda que es enormemente requerida por los trabajadores y fue consensuada por el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, traten de confundir, atemorizar y desvirtuar el proyecto de Ley para la Devolución de Aportes, señalando que es una Ley que no cumplirá su objetivo, el cual va en beneficio de los Asegurados al SIP”, señala el documento.

El Ministerio señaló que el proyecto atravesó un estricto análisis técnico-legal que permitió canalizar el cumplimiento de la medida de devolución de aportes sin afectar a los fondos de pensiones, ni su sostenibilidad, por lo que se garantiza el presente y el futuro del SIP, por el bien del actual y del futuro jubilado.

Por otra parte, ante aseveraciones manifestadas en medios de prensa escritos que mencionan que no se contaría con los recursos para la implementación de los aportes, esa Cartera de Estado desmintió y dejó en claro que los recursos de las fuentes de financiamiento se encuentran establecidos en el artículo 5 de la mencionada ley, los cuales alcanzan a alrededor de Bs 3.900 millones y que garantizan el pago de esa medida.

“El desembolso de los recursos señalados precedentemente, no afectará al Sistema de Pensiones, debido a que posee un equilibrio financiero entre la Devolución de Aportes y las prestaciones en curso de pago del SIP (Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez y Pensiones por Muerte e Invalidez), sin interrumpir el derecho adquirido de los asegurados que vienen percibiendo una prestación mensual”, asegura.

Asimismo, indica que en los mismos medios de prensa se señala que no se efectuaría la devolución de aportes debido a que el Estado no contaría con recursos, expresión que carece de fundamento, debido a que los fondos del SIP son un patrimonio autónomo distintos inclusive al de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), “por lo que subrayar que el Gobierno no está involucrado en el manejo de estos recursos, evidencia el completo desconocimiento de la normativa de la Seguridad Social de Largo Plazo expresado en dichos medios”.

Respecto a la reposición de aportes, el artículo 7 de la mencionada ley establece que los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados podrán ser repuestos antes de presentar la solicitud a una prestación o beneficio del SIP.

“Considerando que la Devolución de Aportes solicitada por el Asegurado es un beneficio traído al presente, de una prestación futura, no puede estar en las mismas condiciones que aquel trabajador que no lo solicitó, ya que se estaría beneficiando a uno y perjudicando a otro, entonces necesariamente tienen que estar en igualdad de condiciones”, remarca el Ministerio.

Agrega que la Ley para la Devolución de Aportes es una norma equitativa que no busca beneficiar más a un asegurado que al otro, por eso le da la posibilidad de que pueda reponer los aportes que hubieran sido retirados total o parcialmente en cualquier momento, antes de acceder a una prestación del SIP.

Asimismo, la reposición de aportes debe incluir los rendimientos que hubieran generado a la fecha que el asegurado lo realice, subrayando que “la misma va directamente a incrementar su Cuenta Personal Previsional, y no así a un fondo común”.

Finalmente, la nota del Ministerio señala que la devolución de aportes no es una medida imperativa ni obligatoria, ya que es de carácter excepcional y por única vez, que puede ser solicitada de forma voluntaria, por lo que cada asegurado al SIP debe analizar su situación financiera y solo en el caso de ser necesario requerir el mismo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó este domingo que se debe repensar el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que la misma está cuestionada por ejecutar acciones de intervencionismo al interior de los Estados miembro y dejó de lado el principio de solidaridad entre los países.

“Es una etapa en la que tenemos que repensar el funcionamiento de la OEA, porque no se ha creado para injerencia, no se ha creado para tener instrumentos jurídicos de persecución o intervenir en la política interna de los Estados. Esto que ha ocurrido con la misión electoral en 2019 en Bolivia, es inaceptable y vamos a seguir con la denuncia”, señaló Lima entrevistado en el canal estatal Bolivia Tv.

El Ministro adelantó que en noviembre de este año se desarrollará una Asamblea General para elegir a los próximos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte-IDH, entre otras acciones; a criterio de la autoridad, el escenario debería servir para analizar el rol del organismo regional.

“Vemos que hay algunos aspectos que vuelven ineficiente al sistema de la OEA, lo que ocurre es que las decisiones de la CIDH o de la Corte, no se resuelven en meses como quisiéramos, tienen una demora de hasta 10 años”, indicó, según una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

El titular de Justicia agregó que, en el marco del principio de solidaridad entre los Estados miembros, se debería haber ayudado en la adquisición de vacunas a los países que tuvieron mayores problemas para ese cometido.

“El Sistema está anquilosado, es ineficiente, no hay respuesta para la gente, la OEA debería, por ejemplo, haber gestionado vacunas para toda la región, pero no tenemos vacunas garantizadas para muchos de los países; la OEA dejó de lado la negociación como bloque, lo que nos habría permitido conseguir mejores precios y ser más solidarios entre nosotros”, aseveró.

El pasado viernes, el embajador de Bolivia ante el organismo, Héctor Arce, durante el Consejo Permanente de la OEA por el Vigésimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana, reclamó por haberse otorgado un uso discrecional a dicho instrumento, ya que la Carta Democrática no fue aplicada en Bolivia en noviembre de 2019, pese a la asunción de un gobierno de facto y graves vulneraciones a los derechos humanos, como fueron las masacres y ejecuciones extra judiciales, registradas.

“El embajador (Héctor) Arce, ya lo ha sostenido a tiempo de celebrar los 20 años de la Carta Democrática Interamericana, Bolivia no va a cesar en el esfuerzo de que la OEA -si se mantiene-, lo haga bajo las reglas con las que fue creada, la Carta Democrática era muy clara y establecía un principio fundamental, el de no injerencia y el de solidaridad, que se ha perdido completamente”, subrayó Lima.

Informó que, en la línea establecida por el presidente Luis Arce, se trabajará en el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como organismo de concertación, unión, integración y solidaridad regional.

“La OEA ya no nos representa, son otros intereses y otros quienes digitan lo que sucede en la OEA, no somos nosotros los países de América Latina, por eso creamos la Celac”, señaló el presidente Arce, quien el sábado participó del encuentro de la Celac celebrado en México, donde se anunciaron importantes determinaciones para la región. 

El Ministro de Justicia, en ese sentido, manifestó que Bolivia no cesará en su denuncia por el papel ejecutado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante el golpe de Estado de 2019 y adelantó que la Asamblea General de noviembre podría sentar un hito importante.

“Almagro aporta al enfrentamiento, no es un líder que lleve a buen puerto las actividades de la OEA, es una persona que tiene la OEA cerrada durante meses y el día que la abre, lo hace para presentar un libro autobiográfico. La Asamblea de noviembre va a ser un hito importante para ver cómo reconducimos el Sistema Interamericano, la OEA”, finalizó.