El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe, mencionó que el sector rechaza “drásticamente” la convocatoria a paro. Dijo que los sectores que impulsan la medida carecen de legitimidad y buscan perjudicar la reactivación económica del país.

“Tenemos conocimiento que hay una convocatoria a un paro nacional mediante los comités cívicos y otros sectores que no quieren el desarrollo del país. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tiene su posición bien clara y contundente de no permitir cualquier intento de desestabilización al Gobierno democráticamente electo y no perjudicar el proceso de reactivación económica”, resaltó el dirigente minero a red Patria Nueva.

Dijo que no es comprensible que sectores de oposición busquen frenar la actividad económica nacional y atentar contra la estabilidad de las familias bolivianas después de los efectos de la pandemia del COVID-19 y los conflictos de 2019.

“Nos está costando volver a la normalidad después de una crisis política vivida en 2019 y una cuarentena rígida por la pandemia en 2020; ahora, el pensar paralizar el país es totalmente irresponsable; por eso, condenamos y repudiamos esas actitudes que van en desmedro del desarrollo y crecimiento del país”, sostuvo el ejecutivo de la FSTMB.

Recalcó que el paro convocado por sectores ilegítimos no tiene carácter reivindicativo y no busca un fin, más al contrario es netamente político que responde a intereses personales y sectoriales.

“Vamos a convocar a todas las bases mineras para analizar este tema, para de una vez frenar estas acciones que son totalmente perjudiciales para la población boliviana. Congregamos a más de 15.000 trabajadores asalariados en el sector minero. Si hay que movilizarse para defender nuestras fuentes de trabajo y la democracia, lo vamos a hacer”, sentenció el dirigente minero.

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta este jueves 3.654.400 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19; 2.953.443 recibieron las segundas dosis; 352.461 recibieron terceras dosis y 941.549 recibieron la unidosis de Janssen.

Según el reporte, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de beneficiarios de la primera dosis, habiendo alcanzado esta jornada 1.064.091 inmunizados; 850.830 con la segunda dosis; 93.695 con la tercera dosis y 324.055 con unidosis.

La Paz registra 863.276 inmunizados con la primera dosis, 695.009 con la segunda; 78.582 con la tercera dosis y 255.545 con unidosis; Cochabamba tiene 688.355 vacunados con la primera dosis, 561.923 con la segunda; 78.165 con la tercera y 169.732 con unidosis.

Tarija presenta 240.107 personas vacunadas con la primera dosis, 205.844 con la segunda dosis; 21.367 con la tercera dosis y 35.565 con unidosis; Chuquisaca con 220.405 con primeras dosis, 185.718 con segundas dosis; 26.022 con la tercera dosis y 36.743 con unidosis; Potosí tiene 197.466 personas vacunadas con primeras dosis, 157.251 con segundas dosis; 16.883 con la tercera dosis y 73.442 con unidosis.

Oruro cuenta con 185.564 personas vacunada con primeras dosis, 151.572 con segundas dosis; 18.371 con la tercera dosis y 32.634 con unidosis; Beni cuenta con 142.154 personas inmunizadas con las primeras dosis, 107.968 con segundas dosis; 12.440 con la tercera dosis y 13.833 con unidosis; y Pando tiene 51.982 personas inmunizadas con primeras dosis; 37.328 con las segundas dosis; y 6.936 con la tercera dosis.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este jueves que formalizará la denuncia en el Ministerio Público por el daño económico ocasionado durante el régimen de Jeanine Áñez a los medios del Estado.

El miércoles denunció que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Se van a seguir las acciones como corresponde, se va a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público porque consideramos que ha sido, por un lado, un tema de afectación de derecho a la información, porque se ha reducido considerablemente el alcance, se ha bajado la señal, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado”, cuestionó la autoridad gubernamental este jueves en conferencia de prensa en Cochabamba.

En Bolivia TV, se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no fue garantizada la continuidad operacional de los equipos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs 2.593.280.

La radio Patria Nueva tuvo un daño económico de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios tuvo el daño económico de Bs 2.282.319 porque no se garantizó la continuidad de operaciones por ataques, desmantelamiento y desinstalación de emisoras.

El manejo irregular de medios estatales durante el régimen de Jeanine Áñez afectó el derecho a la información de 5.762.616 personas durante la pandemia del COVID-19.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que formalizará la denuncia ante el Ministerio Público para que se asuman las acciones de investigación.

Dio a conocer la decisión luego de denunciar que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“¿Qué es lo que ha sucedido en los medios de comunicación en este tiempo? Es que se ha privado del derecho a la información, se ha desmantelado los equipos, existió una contratación irregular, la asignación de ítems irregulares en los medios de comunicación, esto suma un total de 8,9 millones de bolivianos de daño económico al Estado”, aseguró este jueves en conferencia de prensa en Cochabamba.

Según datos oficiales del Viceministerio de Comunicación, tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.

Aseguró que en Bolivia TV, durante el régimen de Áñez, se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos.

La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280 y de 887.029 personas afectadas.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada de las emisoras. Fueron afectadas 3.079.592 personas.

“Se van a seguir las acciones como corresponde, se va a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público porque consideramos que ha sido, por un lado, un tema de afectación de derecho a la información, porque se ha reducido considerablemente el alcance, se ha bajado la señal, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado”, cuestionó la Viceministra de Comunicación.