El Gobierno exhortó a las gobernaciones y alcaldías a reforzar las medidas de bioseguridad para contrarrestar el aumento de contagios de coronavirus en algunas regiones, dijo la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, quien explicó que esa tendencia irá en ascenso debido a las secuelas del paro cívico.

La autoridad explicó que el último reporte epidemiológico, muestra que disminuyeron de manera preocupante el número de personas que se realizan las pruebas para detectar al COVID-19, especialmente en Santa Cruz y Potosí, donde dirigentes cívicos impulsaron un paro con bloqueos contra la Ley 1386, la cual será abrogada en los siguientes días.

“Santa Cruz, el índice de positividad va en incremento y las pruebas (de diagnóstico) van en decremento (disminución). Esto significa que las personas no han tenido la oportunidad de diagnosticarse. Se les ha restringido por este bloqueo y han generado una restricción a la población en temática de salud. Esto tiene que preocupar”, indicó.

Añadió que, en Potosí, las personas que requerían atención hospitalaria, fueron impedidas de transitar debido a algunos bloqueos.

En comparación, en La Paz, donde no se registraron bloqueos, los registros muestran resultados alentadores ya que las personas acuden con regularidad a sus pruebas de diagnóstico.

Por ello, la Viceministra volvió a exhortar a las gobernaciones y alcaldías, especialmente de Santa Cruz y Potosí donde existe una tendencia al aumento de contagios, que refuercen las medidas de bioseguridad para atenuar el impacto de esa tendencia.  

Además del aforo limitado en sitios públicos, se requiere que “exista alcohol en líquido para que podamos aplicarnos o alcohol en gel al 70 por ciento. Esta conducta y control debería depender mucho de los gobiernos subnacionales y ahí es donde tenemos que parar las orejas para poder ver que, a futuro, vayamos conteniendo este número de casos que va en incremento”, manifestó.

El presidente Luis Arce participó este domingo en los actos por el 39 aniversario de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) y allí dijo que la economía está volviendo a crecer, está volviendo a la normalidad pese a las acciones de algunos grupos que no quieren que el pueblo trabaje.

“Hemos trabajado, hemos dado resultados, la economía está volviendo a crecer, nuestros hermanos están volviendo a vender lo que vendían antes, nuestros hermanos productores están volviendo a producir, está volviendo todo, poco a poco a esa normalidad que todos queríamos llegar”, indicó en un acto realizado en el municipio de Zudañez.

“Hay que seguir trabajando, hay mucho todavía por hacer”, exhortó la autoridad.

Lamentó que algunos grupos traten de impedir que las y los bolivianos trabajen. Esa obstaculización al trabajo está siendo observada por el pueblo boliviano que es sabio, indicó.

“No quieren que nosotros trabajemos, no quieren que mostremos resultados porque no quieren que el pueblo boliviano se dé cuenta que un gobierno que viene del pueblo y para el pueblo, sabe mejor administrar el Estado que la derecha incapaz”, añadió.

Indicó que esos grupos cívicos conservadores engañaron a algunos sectores gremiales y transportistas haciéndoles creer que la Ley 1386 les afectaba, sin embargo, ahora que el Gobierno decidió la abrogación de la norma jurídica, esos grupos cívicos afirman que seguirán con su bloqueo en Santa Cruz.

“Cuando no habia sido el tema de la ley su verdadero objetivo, son otros objetivos que los hemos visto cuando nuestras riquezas naturales quieren otra vez despilfarrarlas, quieren entregarlas a transnacionales, otra vez para repetir otra vez la historia de 20 años de neoliberalismo”, aseguró.

“El golpismo persiste, está ahí, no baja las manos, que intenta rehacer lo que no hizo bien, pero el pueblo boliviano es sabio, está mirando lo que pasa” agregó.,

Indicó que esos grupos conservadores lo que no pudieron ganar en las elecciones generales, ahora quieren obtener mediante la violencia.

Durante el acto por el aniversario de la organización chuquisaqueña, el Presidente hizo la entrega de documentos para que Futpoch reciba dos vehículos destinados a sus actividades orgánicas. 

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, denunció este domingo, a la comunidad internacional, que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tienen un plan para un segundo golpe de Estado en el país.

“Van a seguir estos señores golpistas con esas intenciones de derrocar a un Gobierno legal y legítimamente electo. Quiero denunciar a la comunidad internacional que estos señores, a través del señor Calvo y del señor Camacho, están en un plan de un segundo golpe de Estado”, dijo en rueda de prensa.

Señaló que la derogación de la ley 1386 fue un pretexto para querer desestabilizar el Gobierno del presidente Luis Arce, porque ahora quieren la instauración de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la anulación de varias leyes.

“Pero, también, quiero decir al pueblo boliviano, que ahora están pidiendo que se saquen a los presos políticos, en otras palabras nos están diciendo liberen a la señora Jeanine Áñez y ¿quién se va a hacer responsable de más de 37 muertos en Sacaba y en Senkata?”, sostuvo.

Añadió que estas personas con sus acciones piden que se anulen los juicios contra los exministros de facto Fernando López y Arturo Murillo y otras autoridades del Gobierno transitorio que dañaron las empresas estatales como la Planta de Amoniaco y Urea (PAU).

“Pero, además de eso, no quieren que se investiguen las ganancias ilícitas, porque recibieron más de 3.500 millones de dólares de donación de países amigos el 2019 justo en el golpe de Estado. No quieren que se investigue esos temas, no quieren que se investigue de dónde llevó plata a Estados Unidos el señor Arturo Murillo”, cuestionó.

Denunció que todas estas personas utilizan a algunos medios de comunicación y sectores sociales para movilizar y generar violencia en contra leyes como la 1386. Sostuvo que prueba de ello es la “masacre” al pueblo de Santa Cruz.

“Lo que no quieren ellos es que se los investigue de dónde trajeron armas, de Ecuador y de Argentina, todos los bolivianos sabemos de aquello. Pero, han utilizado a un sector sensible de la población como el autotransporte y los gremialistas, por eso nuestro hermano presidente Lucho (Luis Arce) sabiamente y como un acto humano ha derogado esta Ley (1386)”, remarcó.

Tal como anunció el presidente Luis Arce este sábado, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386.

“Escuchando las demandas sectoriales de las organizaciones sociales, enviamos a la @VPEP_Bol el Anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386 para que no existan pretextos de grupos minoritarios que sigan paralizando nuestra economía. Cuidamos de las familias bolivianas”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

El mensaje es acompañado con una fotografía de la carta dirigida al vicepresidente David Choquehuanca.

En la misiva se indica que se adjunta el anteproyecto de Ley de abrogación de la norma jurídica.

La abrogación busca contribuir a “continuar la senda del crecimiento, estabilidad, certidumbre, paz y tranquilidad para las familias bolivianas”, indica la carta firmada por el presidente Arce.