La Paz, 14 de octubre de 2022 (ABI). – El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirmó este lunes que la dirigencia cruceña terminó “aceptando lo que el Gobierno nacional había propuesto el 21 de octubre, antes de que se inicie el paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz”.
La autoridad lamentó que la propuesta inicial del Gobierno no haya sido tomada en cuenta antes de la mediada que ya lleva 24 días, que provocó la muerte de tres personas, más de 170 heridos, 42 abusos a los derechos humanos y algo más de $us 800 millonarias pérdidas económicas.
El 21 de octubre, antes de que inicie el paro indefinido, el Gobierno nacional propuso al Comité Interinstitucional redactar una nueva norma complementaria al decreto supremo 4760, que reprogramó el Censo de Población y Vivienda para el 2024, y también aplicar la distribución de ingresos a partir de octubre de ese año, con los datos preliminares de la encuesta.
En esa ocasión, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que con la propuesta se respondía a la "principal demanda" de las organizaciones cívicas de Santa Cruz que durante ese tiempo expresaron la necesidad de la realización de la consulta en 2023 para que sus datos sirvan para el diseño de políticas educativas y de sanidad.
Sin embargo, la dirigencia del Comité Interinstitucional rechazó la propuesta y en cambio inició el 22 de octubre el paro indefinido que en sus primeras horas registró el primer deceso: Julio Pablo Taborga, un trabajador municipal de Puerto Quijarro, fue apaleado por promotores del paro.
Tras el deceso, el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, y los dirigentes cívicos Fernando Larach y Stello Cochamanidis, acudieron al diálogo convocado por el Gobierno nacional de 22 de octubre.
Si bien hubo un principio de acuerdo para que se redacte una norma complementaria al decreto y la posibilidad de que una Comisión Técnica determine la fecha adecuada para la encuesta nacional, luego de un cuarto intermedio, la delegación cruceña, alentada por Camacho, dejó la mesa de diálogo.
La viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, recordó que de manera adicional el 1 y 2 de noviembre se alcanzó un preacuerdo con el rector y el cívico Larach que también establecía la conformación de una Comisión Técnica para definir la fecha del proceso censal y que sería establecido en una nueva norma. Sin embargo, ello también fracasó por las evasivas presentadas por Rómulo Calvo.
Fue tras ese fracaso que se convocó a la Comisión Técnica que sesionó entre el 5 y el 9 de noviembre, en la ciudad de Trinidad, del departamento del Beni, y que concluyó con la presencia de 36 de 41 delegaciones de todo el país con la conclusión de recomendar al presidente Luis Arce Catacora convocar al Censo entre los meses de marzo y abril de 2024.
Tomando esa recomendación, el 11 de noviembre, el jefe de Estado estableció que el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda sea ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 23 de marzo de 2024.
Además, de acuerdo con el inciso dos del Decreto Supremo 4824, el Gobierno Nacional, en base a resultados preliminares de población del Censo de Población y Vivienda 2024, realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024.
Basado en ello, Alcón señaló que si la dirigencia cruceña asumía la propuesta del gobierno nacional del 21 de octubre “se hubiera evitado” todo este daño causado a la población cruceña y boliviana.
Dijo que “no hubo voluntad política” por parte de la dirigencia cruceña para encontrar una solución al conflicto.
Partiendo de la postura del Comité Pro Santa Cruz, que tácitamente aceptó la nueva fecha del proceso censal al pedir que el decreto supremo sea elevado a rango de ley, Alcón señaló que “ya no hay motivos para mantener el paro indefinido”.
“Dejemos de perjudicar al pueblo cruceño que necesita trabajar”, indicó la viceministra.
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