El jefe de Operaciones de Control de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, José Peñaranda, instó este viernes a los beneficiarios a que realicen el cobro del Bono Contra el Hambre, de Bs 1.000, hasta el 31 de mayo, fecha en que fenece la ampliación. 

"La ampliación es únicamente hasta el 31 de mayo de este año. Entonces, instamos a toda la población a que se apersone para realizar el cobro del Bono Contra el Hambre porque no creamos, ni vamos a crear, falsas expectativas de una nueva ampliación", exhortó Peñaranda en contacto con radio Cepra. 

El bono benefició a más de cuatro millones de bolivianos desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero del presente año, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

El Jefe de Operaciones recordó que el Gobierno nacional amplió hasta 31 de mayo el plazo para el cobro del bono mediante el Decreto Supremo Nº 4486 del 14 de abril del presente año. 

"Lo que se quiere es atender las necesidades de estas personas que por algún motivo no han podido acceder en el primer periodo de pago. Hasta ayer (jueves), tenemos más o menos 12.600 beneficiarios que habrían accedido al cobro del beneficio durante la ampliación", señaló. 

Las personas que pueden cobrar el beneficio son los bolivianos de 18 hasta los 59 años que no perciben salario del sector público o privado, ni pensión o renta de la Seguridad Social a Largo Plazo.

Para saber si está o no habilitado para cobrar el bono, puede consultar en la página digital www.gestora.bo, opción Bono Contra el Hambre, colocar el número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.  

Para percibir esa ayuda económica, el requisito fundamental es la cédula de identidad. Las entidades financieras habilitadas para la cancelación del beneficio son el Banco Unión, Prodem, Fie, Crecer, Diaconía, Banco Mercantil, Sembrar Sartawi, Banco Económico, entre otros.

El incentivo fue la primera medida que implementó el gobierno del presidente Luis Arce para apoyar a las personas que se vieron afectadas por la paralización de la economía a causa de la pandemia del COVID-19.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que investigaciones y auditorías realizadas a las filiales y subsidiarias de esa empresa muestran "indicios de posible daño económico" al Estado por parte de exautoridades del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

"Los resultados preliminares de las investigaciones y auditorías muestran indicios de posible daño económico al Estado por parte de exautoridades del gobierno de Añez, como el ex presidente de YPFB, Herland Soliz", indicó la estatal petrolera en un boletín.

En abril de este año, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, encomendó la realización de auditorías "especiales" e investigaciones a la filiales y subsidiarias de la empresa y al programa de Unidades Médicas de Emergencia contra el Coronavirus (UMEC) ante la existencia de indicios de irregularidad.

En ese sentido, YPFB Transporte, YPFB Transierra y Gas TransBoliviano instruyeron el inicio de auditorías especiales, que al momento desarrollan los análisis e investigaciones, en el marco de las competencias de las direcciones de Auditoría Interna y las unidades de Transparencia.

"Estas actividades tienen diferentes niveles de avance en cada una de las empresas. Sin embargo, al momento, se ha podido evidenciar incoherencias, irregularidades y faltas a la normativa de contrataciones, entre otros", aseguró YPFB.

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, entregó e inauguró este viernes la carretera Padilla - El Salto, obra que contribuye al desarrollo del departamento de Chuquisaca.

“Hemos heredado del hermano Evo (Morales) esta carretera. Durante un año, las obras fueron paralizadas (a causa de la ruptura institucional de 2019); pero aquí estamos inaugurando el tramo Padilla – El Salto para nuestros hermanos y hermanas chuquisaqueños”, dijo el Mandatario en su discurso en el acto oficial de entrega.  

La obra tiene una longitud de 50,29 kilómetros. Da continuidad al Corredor de Integración Diagonal Jaime Mendoza, además de unir a las provincias de Chuquisaca y Santa Cruz.

El tramo A, tiene 49,39 kilómetros y el tramo B, 90 kilómetros. Cuenta con puentes y obras de arte menor con una carpeta asfáltica con polímeros de seis centímetros. 

El proyecto caminero se desarrolló hace cuatro años en el Sur del país, desde Padilla hacia Monteagudo, en una zona montañosa, y permitirá conectar varias comunidades como San Julián, Phiti, Pucapampa, Lampasillos, Karaestancia, Musuru, Leuqiepampa, Fajcha, El Rosal, Astillero y finaliza en El Salto.

La obra fue culminada al 100% en 1.574 días calendario en beneficio de 385.792 habitantes. Los trabajos comenzaron el 11 de noviembre de 2015 y terminaron el 11 de abril de 2021. La inversión en la construcción de la carretera es de Bs 749.532.888,44.

La ruta permitirá la vinculación económica regional a nivel nacional e internacional, al igual que reducirá el tiempo de viaje entre la capital, Sucre, con poblaciones intermedias, reduciendo además costos de operación para transportistas y toda la población.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó este viernes que el Bono Contra el Hambre benefició a 182.585 chuquisaqueños con Bs 182,6 millones, lo que significa que la redistribución de los ingresos contribuye a levantar la economía del departamento.  

"En #Chuquisaca, el Bono Contra el Hambre benefició a 182.585 personas con Bs 182,6 millones. La redistribución de los ingresos contribuye a levantar la economía de nuestro departamento. ¡Felicidades hermanos chuquisaqueños!", escribió el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El incentivo, fue la primera medida que implementó el gobierno del Presidente Arce para apoyar a las personas que se vieron afectadas por la paralización de la economía a causa de la pandemia del COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo Nº 4486, del 14 de abril de este año, el Gobierno amplió hasta el 31 de mayo el plazo para el cobro del bono. Para beneficiarse con el pago de Bs 1.000, están habilitadas las personas mayores de 18 hasta los 59 años que no perciben salario del sector público o privado, ni pensión o renta de la Seguridad Social a Largo Plazo, según datos oficiales.