La encargada de asignaciones de la Distrital Redes de Gas Oriente, Lilian Jofré, informó este martes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sorteó 2.120 instalaciones de gas domiciliario en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, para el beneficio de cerca de 10.500 personas de 14 zonas, que estarán a cargo de 103 empresas contratadas.

“Las empresas contratarán personal para los trabajos con lo que se generarán fuentes de empleo”, destacó según un boletín institucional.

Los municipios que se favorecerán con el gas domiciliario en el sorteo realizado serán Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, La Guardia, Warnes, Yapacaní, Cuatro Cañadas, El Torno, Montero, Portachuelo, Puerto Suárez y Saipina. En el caso de Beni serán beneficiados Trinidad y Rurrenabaque y en Pando la ciudad de Cobija.

Según el documento oficial, el sorteo se hizo efectivo en un marco de transparencia y en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4302, por lo que contó con la presencia de un Notario de Fe Pública, personal de la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, representantes del ente regulador y delegados de empresas instaladoras.

El acto se desarrolló con todas las medidas de bioseguridad necesarias destinadas a evitar posibles contagios de COVID-19 y fue transmitido y grabado a través de la plataforma Webex para todas las empresas instaladoras de redes de gas.

Dos comisiones de la Cámara de Diputados inspeccionaron este martes la planta de amoniaco y urea y la termoeléctrica de Entre Ríos, que están ubicadas en el trópico de Cochabamba. 

Se trata de las comisiones de Planificación, Políticas Públicas y Economía y la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, que están presididas por los diputados oficialistas Omar Yujra y Lidia Tupa, respectivamente.

“Es la segunda vez que estamos en la planta de amoniaco y urea. Hemos visto un significativo avance en comparación con el estado que dejó el gobierno golpista. Se están haciendo pruebas y en las próximas semanas se tendrá algo claro para la población. Se espera que vuelvan a producir ingresos para el país”, indicó Yujra, citado en un boletín institucional.

Durante 2020, el gobierno de facto paralizó la producción en el complejo industrial, lo que ocasionó un daño económico al país de más de $us 291 millones, según un reporte de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Desde el ascenso al poder del presidente Luis Arce se trabaja para que la planta vuelva a operar con la plenitud de sus capacidades técnicas. 

Las comisiones legislativas tienen previsto continuar con su labor de fiscalización esta semana en la Refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz y el Pozo Xipotindi X1 de Chuquisaca.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que el viernes próximo se realizará una inspección en el cuarto tramo de la carretera que unirá a Santa Cruz con sus valles, y luego con Chuquisaca y Cochabamba, con las empresas interesadas en adjudicarse la obra, en cumplimiento de un acuerdo de diez puntos suscrito esta jornada con dirigentes de los productores de los valles cruceños.

“Como siempre, con documentación en mano, muestro el último tramo, donde obviamente conecta desde Mataral hasta Valle Grande ya está colgado en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales). Se va a hacer la inspección previa de parte de las empresas que tienen evidentemente el interés de presentarse”, manifestó en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal dijo que la licitación del tramo ya efectuada garantizará la construcción de la carretera.

El proyecto vial estuvo paralizado por 11 meses porque el régimen de Jeanine Áñez no le inyectó “un solo centavo” para su ejecución en cuatro tramos, recordó.

Asimismo, Montaño pidió que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ponga su parte para la ejecución del proyecto vial.

“No es que ya están electos y no tienen que hacer absolutamente ningún esfuerzo y esperar que solucione (los problemas) el papá Gobierno”, mencionó.

El titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda pidió que Camacho intervenga también en el caso de los problemas viales que tienen los productores de los valles para interconectar a sus comunidades.

“Ni siquiera ha enviado un personal (de la Gobernación) para que pueda verificar la interconexión y que vea que estas avenidas, interconexiones, están en mal estado”, acotó.

La autoridad gubernamental pidió, por último, que los gobiernos subnacionales pongan su granito de arena para que Bolivia reactive su economía por completo.

La directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Brenda Lafuente, informó este martes que, mediante un operativo, 10 personas fueron aprehendidas por el delito de explotación ilegal de oro en el municipio de Tupiza, del departamento de Potosí. 

"El día de hoy (martes) justamente han sido aprehendidas en flagrancia 10 personas por explotar ilegalmente recursos minerales; en el presente caso, el mineral explotado fue oro", dijo Lafuente en rueda de prensa que ofreció en las oficinas de la Ajam, en la ciudad de La Paz.

La ejecutiva explicó que en el lugar se encontró maquinaria pesada como, por ejemplo, retroexcavadoras, compresoras, palas mecánicas, volquetas y vagonetas. Éstas últimas eran utilizadas por los sujetos para movilizarse ya que se instalaron y vivían en el sitio de explotación.  

"Nosotros, al tener conocimiento, inmediatamente hemos realizado los informes técnicos y jurídicos que han develado que en el área denunciada no existía ninguna otorgación de derecho ni tampoco una autorización para explotar minerales, por lo tanto sí constituye un ilícito", sostuvo.

Indicó que el 21 de mayo del presente año, la Ajam realizó la inspección in situ, con lo que se demostró que en el lugar donde fue denunciado el ilícito "sí existía una explotación mineral, en este caso de oro".

Las personas aprehendidas fueron remitidas al Ministerio Público para que declaren y sean juzgadas por las autoridades competentes, señaló la Directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. 

"Este operativo es una muestra clara de que no permitiremos la explotación ilegal de nuestros recursos mineralógicos porque estos van en detrimento de la economía de nuestro pueblo boliviano", manifestó. 

Asimismo, Lafuente agregó que, al margen de ese operativo, la Ajam realizó otros cuatro, de los cuales dos fueron realizados el anterior mes, el 26 de mayo, en la comunidad de Chairiri, en el municipio de Caiza D de la región de Potosí.    

"Se intervino la explotación ilegal de mineral complejo zinc, plata y plomo y en este caso fueron aprehendidas seis personas en flagrancia. También el 27 de mayo en la audiencia de medidas cautelares se dispuso la detención preventiva de los seis implicados de este caso", afirmó.

La Directora Ejecutiva acotó que el 25 de mayo pasado, la Ajam inició un proceso penal por explotación ilegal de minerales en la comunidad de Chanca, localizada en el municipio Yocalla de Potosí. 

"En este momento las investigaciones se encuentran en el Ministerio Público y se ha determinado una detención preventiva de dos meses para los implicados por existir peligro de fuga y riesgo de obstaculización", aseguró.