El director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Patrick Nogales, informó que la empresa de comida rápida Hot Burger, en la que se encontró un dedo humano en una de sus hamburguesas, en Santa Cruz, no cuenta con registro sanitario, por lo que se procedió a la clausura inmediata de la procesadora de acuerdo a la normativa vigente.

“El Senasag se sumó a las acciones del Ministerio Público, que abrió un proceso de oficio por atentado contra la salud pública. La entidad sanitaria tomó medidas oportunas para resguardar la inocuidad de los alimentos que son expendidos en este tipo de espacios públicos”, dijo Nogales.

La autoridad sanitaria anunció que una comisión interinstitucional dirigida por el Senasag realizará un seguimiento exhaustivo a la procesadora para proceder, según a la reglamentación, a la clausura de la fábrica de hamburguesas por atentar contra la salud de los cruceños y cruceñas. “La investigación continúa en curso por la Fiscalía”, acotó.

El martes, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que según las investigaciones se logró determinar que un empleado de Hot Burger perdió dos dedos en una máquina moledora de carne y que uno de ellos fue encontrado en una hamburguesa y que se desconoce el paradero del otro.

“Estamos preocupados por este hecho que se ha dado en Santa Cruz, todo hace indicar que el trabajador que estaba operando esta máquina moledora de carne hubiera perdido dos dedos; de acuerdo a la información que se tiene, uno de ellos habría aparecido en una hamburguesa y no se sabe qué ha pasado con el otro dedo”, explicó Silva en entrevista con Bolivia TV.

Señaló que las investigaciones que realizaron con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) evidenciaron que el viernes 10 de septiembre se produjo un accidente laboral, en el que el operador de la máquina moledora de carne habría perdido dos dedos. Se presume que parte de esa carne fue distribuida a las sucursales que tiene la empresa para la venta de hamburguesas, por lo que ampliarán la investigación.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que, de enero a junio de este año, Bolivia obtuvo $us 5 millones por las exportaciones de café, cifra mayor respecto al mismo periodo de 2020, cuando adquirió $us 3,4 millones, pese a la baja del precio internacional.   

"(Este 2021) hemos recibido alrededor de 5 millones de dólares por nuestras exportaciones sólo de seis meses, siendo que el año pasado, en los mismos seis meses, solamente habíamos llegado a 3,4 millones con un precio superior al que se tiene ahora", dijo.

Explicó que durante la pandemia del COVID-19, de enero a junio de 2020, el precio internacional de la tonelada de café estaba en $us 7.134, pero en el mismo periodo de este año, ese costo rebajó a un promedio de $us 5.749.

"Es decir, (que) el precio internacional ha bajado (…); sin embargo, en este año, pese a que el precio internacional ha estado más bajo, hemos exportado mayor cantidad en volumen y obviamente mayor cantidad en precio", resaltó.

Enfatizó que estos resultados son una muestra de las acciones que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y la Cancillería, emprende para promover la producción y comercialización del grano no sólo en el mercado interno, sino también en el externo.

"Desde enero de 2020 hasta junio de este año, hemos exportado café a 12 países distintos del mundo, esto es un reflejo de este trabajo que hay que destacar de más de 23.000 familias, que trabajan, que se dedican a la producción de café", acotó.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia exporta café a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Dinamarca, entre otros. En el país, el Nor y Sud Yungas de La Paz es el principal productor del grano, seguido de Santa Cruz y Cochabamba.

El Viceministro de Comercio Exterior brindó esta información el miércoles en el marco de la inauguración de la VII versión del "Torneo Nacional Taza de Calidad Café Presidencial" 2021, en la ciudad de La Paz.

A raíz de una denuncia que circuló en medios de comunicación, el director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Patrick Nogales, anunció "mano dura y procesos penales" a quienes atenten contra la salud pública.  

"Al mismo tiempo, aclaró que el Senasag no participó en el etiquetado irregular de esos productos, pues actuó de manera oportuna, operativa y en el marco de la normativa en la intervención del depósito ubicado en el departamento de Santa Cruz", indica un boletín.    

Explicó que el 2 de septiembre de 2021, técnicos e inspectores de esa institución realizaron un operativo en la ciudad de Santa Cruz, mediante el cual encontraron un depósito con insumos agrícolas vencidos, caducados, sin etiquetar y reetiquetados sin autorización.  

“La mercancía alcanza a un total de 62 toneladas (t) y 112.959 litros de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas y coadyuvantes), valuadas en más de Bs 10 millones, que fueron inmediatamente precintados, al igual que las instalaciones”, señaló. 

Añadió que, concluido el operativo, el 3 de septiembre se denunció formalmente el hecho a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por los delitos de atentado contra la salud pública, falsedad material, ideológica y uso de instrumentos falsificados. 

"Con esto se iniciaron las investigaciones a cargo del Ministerio Público; al mismo tiempo, la Unidad Jurídica del Senasag presentó un memorial a la Fiscalía ampliando la denuncia y adjuntando mayores elementos probatorios, con la finalidad de establecer la responsabilidad penal que corresponda", remarcó.

Acotó que el equipo jurídico de la entidad sanitaria presentó el martes una querella penal contra los responsables por los delitos de "falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delitos contra la salud pública".  

Nogales calificó a esas acciones como “un daño flagrante y lesivo al sector agropecuario”. En ese sentido, señaló que se trabajará de manera conjunta con la Aduana Nacional y el Ministerio de Salud en el tema del contrabando, intensificando las inspecciones en diversos puntos de frontera y en los mercados de expendio de estos productos.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este miércoles que la Ley N° 1392 del 8 de septiembre de 2021, para la Devolución Parcial o Total de Aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), no contempla intereses financieros, por lo que es un error conceptual manifestar que se pretendería aplicar dicha figura. 

"La norma es equitativa y fue proyectada de manera responsable con el propósito de no afectar a la persona que decida no acogerse al beneficio y a la que, de manera voluntaria, solicite el mismo", indicó esa Cartera de Estado mediante una nota de prensa.

El artículo 7 de la mencionada ley establece que los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados podrán ser repuestos antes de presentar la solicitud a una prestación del Sistema Integral de Pensiones (SIP). 

"En ese sentido, se rechaza las expresiones de personas que buscan desinformar a la población aseverando que la norma es una trampa y que el Gobierno es supuestamente irresponsable con los asegurados al SIP por haber efectuado mejoras en la ley", enfatizó Economía. 

La medida es de carácter excepcional y por única vez, establece como fuentes de financiamiento para la devolución de aportes: la disponibilidad acumulada (liquidez), los vencimientos de la cartera de inversiones y la recaudación mensual del SIP que está a cargo de las AFP. 

Se tiene a disposición alrededor de Bs 3.900 millones y como potenciales beneficiarios 1,4 millones de asegurados.

El desembolso por el pago de esa medida no afectará la liquidez del sistema financiero nacional y se mantendrá la estabilidad, sostenibilidad y prestaciones del SIP como la Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez y Pensiones por Muerte e Invalidez; sin interrumpir el derecho adquirido de los asegurados y derechohabientes que vienen percibiendo una prestación mensual.

No será necesario realizar ninguna desinversión y de esa forma no se afecta a otros sectores donde las AFP hayan efectuado inversiones.

El Ministerio de Economía y Finanza Públicas recuerda que la solicitud de devolución de aportes fue proyectada en 2020 por asegurados que, agrupados en diversos movimientos ciudadanos, buscaban obtener un ingreso económico para paliar las necesidades emergentes por la pandemia del COVID-19 y que se agravó por las acciones desacertadas del gobierno transitorio que, en lugar de ayudar a los hogares bolivianos, generó caos económico en cada uno de ellos.

“Toda medida económica implementada por el Gobierno nacional es cuidadosamente analizada técnica y legalmente por esta Cartera de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias, realizando un trabajo responsable en todos los proyectos de norma propuestos, para beneficio de los bolivianos”, asegura la nota.