El Índice Global de Actividad Económica (IGAE) de la construcción presenta una variación acumulada de 32,8% al mes de julio de 2021, debido a la recuperación de la producción y ventas de cemento, así como de las importaciones de insumos para el rubro, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe refiere a que la producción y ventas de cemento presentaron un crecimiento acumulado positivo al mes de julio 2021, con valores de 28,9% y 40,0% respectivamente.

Respecto al índice de insumos importados para la construcción, presentó un incremento de 28,8% entre enero y julio de este año, en relación a similar período de la gestión anterior, atribuido principalmente a la mayor importación de barras de hierro.

“El valor de los materiales de construcción importados en julio de 2021 alcanzó a 54,1 millones de dólares, cifra mayor con relación al mes de junio. En este sentido, las importaciones de productos elaborados y semielaborados alcanzaron las cifras de 13,9 y 40,1 millones de dólares respectivamente”, refiere el informe del INE.

Los productos de mayor demanda fueron: barras de construcción, fierro corrugado, angulares y perfiles de hierro o acero sin alear, porcelanatos y azulejos para revestimientos.

Respecto al empleo, el reporte refiere que la población ocupada en la actividad de construcción en el área urbana de Bolivia llegó a 384 .000 personas a julio de este año.

Se informó que la superficie autorizada para construir en ciudades capitales y principales conurbaciones, registrada en los permisos de construcción residencial y no residencial, de enero a julio de 2021, con relación a similar período de la gestión pasada, presenta una variación acumulada de 92,3%.

El abogado Sergio Coca, dijo que el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, no afecta el secreto de imprenta, ni las actividades de los comerciantes o de las empresas ya que dicha norma solo pretende unificar la normativa existente en base a recomendaciones internacionales.

El jurisconsulto, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que las observaciones de sectores opositores al proyecto de ley “no tienen fundamento jurídico”.

Ante las críticas de sectores opositores que afirmaron que se otorga nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el abogado dijo que las atribuciones y competencias de esa institución fueron establecidas en 1997 mediante normas específicas y no se pretende aumentar sus facultades.

Respecto a las versiones de que el proyecto de ley afectaría el secreto de imprenta, el especialista negó de manera categórica dicho extremo ya que el trabajo de la prensa está garantizado en la Constitución Política del Estado y el secreto de imprenta está claramente resguardado por la Ley de Imprenta.

Los medios de comunicación y periodistas no están contemplados como Sujetos Obligados, por lo que no les aplica el art. 11 del Proyecto de Ley, indica un reporte del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró el miércoles que el proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.

“La propuesta de este proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuesto en varias leyes”, aclaró, de acuerdo con un boletín institucional.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los “sujetos obligados” a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Los “sujetos obligados” están contemplados a las siguientes entidades: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.

“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que, a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó el Ministro.

Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “la UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”, sostuvo.

Explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, aparecen, de la noche a la mañana, como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas y no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico. En esos casos, recién se realizan las investigaciones de rigor.

“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró.

El gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, informó este jueves que esa entidad solicitó esta jornada por décimo séptima vez a la chilena Empresa Portuaria Arica (EPA) un acuerdo “corto” para garantizar y viabilizar el normal tránsito de la carga boliviana. 

“Justamente el día de hoy (jueves), como señalo en mi carta, por décimo séptima vez solicito al gerente general de la EPA, estatal chilena, que pueda señalar a favor la firma de un acuerdo, aunque sea de tres meses, un acuerdo corto, no estamos diciendo un acuerdo definitivo (…), para garantizar y viabilizar el normal tránsito de la carga boliviana”, dijo en rueda de prensa.

Dijo que luego de ese acuerdo “corto”, se establecerá un acuerdo amplio, de dos o cuatro años, pero que beneficie a “absolutamente” todas las partes. En ese sentido, calificó de falsas las afirmaciones que señalan que la ASP - B especula o mediatiza el tema de un acuerdo tarifario.

“Lo que no podemos hacer es confundir a la población y en todo caso manifestar, o querer empoderarse, de nuestros empresarios bolivianos, de nuestros transportistas bolivianos con una lógica de desinformación, eso no lo podemos permitir”, manifestó.

Indicó que “en todo momento” se buscó evitar que la carga boliviana “entre en una situación de paralización”; pero, lastimosamente, la Terminal Puerto Arica (TPA) suspendió unilateralmente las salidas. 

“400 contenedores se han quedado entre el 20 y 27 de septiembre ahí, sin salir del puerto (de Arica) ya tomando una opción y una decisión de emisión del DPU-B (Documento Portuario Único Boliviano), evidentemente el sábado no se ha permitido la emisión del DPUB porque no se ha cumplido el procedimiento”, señaló.

Explicó que, de esos 400 contenedores, que implica 700 toneladas, se despacharon 359 hasta la fecha, tomando en cuenta que el lunes a primera hora la ASP-B facilitó el DPU-B a todos esos ciudadanos que tenían su carga en el puerto de Arica. 

“Nosotros como ASP-B estamos prestos tanto a ir a Arica como también invitamos a (las autoridades de la EPA) que vengan aquí a La Paz y de una vez firmemos el acuerdo (…). Si hay esa voluntad que manifiestan en sus diferentes comunicados a la opinión pública, que manifiesten esa voluntad”, acotó.

Lamentó las tarifas unilaterales que la entidad chilena puso a la carga boliviana, pese a que la estatal planteó propuestas que fueron rechazadas.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), coordina la implementación del Programa Nacional de Banano, Plátano y Piña con representantes de productores en la zona del Trópico de Cochabamba.  

Como parte de las acciones, una delegación de técnicos se reunió con productores para coordinar un trabajo conjunto con organizaciones de productores piñeros, en ambientes de la oficina regional del Fonadin en el municipio de Chimoré. 

“Representantes de productores piñeros y de los gobiernos municipales de los cinco municipios del Trópico de Cochabamba (Chimoré, Villa Tunari, Entre Ríos, Shinaota y Puerto Villarroel), participaron de la reunión que contó con la presencia del director general de Planificación del MDRyT, Ramiro Villalpando, el director del Fonadin, Omar Ortiz, y técnicos de esta institución”, señala un reporte de prensa.

En la reunión, los productores dieron a conocer sus necesidades, la urgencia de ejecutar el presupuesto programado para la gestión 2021, además de resaltar la urgencia de producir a corto y mediano plazo, cosechas con calidad de exportación.

Profesionales del MDRyT socializaron los procedimientos administrativos y tiempos que se deben cumplir para desembolsos, adquisición de insumos, entre otros. 

“Bajo las premisas señaladas, el Fonadin enfoca sus acciones institucionales en el trabajo conjunto con organizaciones sociales de productores de piña y banano, de forma independiente para cada rubro productivo”, detalla el reporte.