El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, informó que la construcción del complejo siderúrgico, en Puerto Suárez – Santa Cruz, presenta a la fecha un avance físico del 45%, concerniente a obras civiles y fabricación de estructuras para su montaje.

Según Alvarado, los trabajos civiles en curso contemplan el tendido de bases con hormigón y soportes estructurales que permitirán el montaje de todas las instalaciones que tendrá el complejo siderúrgico, y que permitirán la instalación de equipos y maquinarias.

“Pero, también, el avance físico contempla el proceso de fabricación de equipos y estructuras metálicas en China, Alemania y México”, dijo a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Destacó que el costo total del proyecto es de $us 545 millones, de los cuales hasta la fecha se ejecutó más del 50%.

“Siempre el avance financiero es superior al avance físico porque se hacen pagos adelantados a los proveedores”, explicó.

Acotó que las obras civiles y montaje de equipos concluirán a fin de año del 2023, para luego iniciar con las respectivas pruebas de operación y comenzar con la producción y venta de acero en los primeros meses del 2024.

El presidente Luis Arce Catacora reactivó el 18 de junio de este año el proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, después de que el gobierno de facto de Jeanine Áñez haya paralizado el mismo desde el año 2019.

“Ahora, estamos tratando de recuperar ese tiempo perdido. Hay un cronograma y, de acuerdo con el cronograma, esta planta siderúrgica estará concluida hasta finales de 2023”, acotó Alvarado.

Informó que los ductos y canales para la provisión de gas y agua están curso para iniciar las operaciones sin mayores contratiempos.

El dirigente de los gremialistas de El Alto, Wilfredo Mamani, informó este jueves que este sector rechaza el paro, convocado a partir del lunes, y exhorta a otros sectores a trabajar con normalidad para reactivar la economía de las familias bolivianas.

“Nosotros tenemos que trabajar. El día lunes va a haber total normalidad, no va a haber un paro indefinido porque es una locura descabellada convocar a un paro indefinido del sector gremial y supuestamente otros sectores”, dijo en contacto con Bolivia Tv.

El dirigente explicó que los gremialistas, al igual que otros sectores, fueron los más afectados por la pandemia del COVID-19 en 2020, por lo que ahora necesitan trabajar para reactivar su economía y llevar el pan de cada día a sus hogares.

“Día que no trabaja, es día que no come mi familia gremial (…). Nosotros vamos a trabajar normalmente. Yo le garantizo que no va a paralizar nadie en El Alto porque tenemos que trabajar”, remarcó.

Indicó que el pasado sábado, se sostuvo un ampliado nacional virtual, en el que se decidió que las federaciones de gremiales departamentales, regionales y provinciales no acatarán el paro convocado por dirigentes y exdirigentes con “afanes políticos, fascistas y neoliberales”.

“Estamos pidiendo en Santa Cruz (y) en otras regiones del oriente del país garantías para que nuestras hermanas y hermanos gremialistas puedan salir libremente a vender en sus puestos”, agregó.

Exhortó a los gremiales de El Alto y de otras regiones del país no dejarse sorprender y amedrentar por personas con intereses “políticos y fascistas” que al convocar a un paro indefinido “lo único que quieren es desestabilizar el Gobierno”.

En pasados días, algunos sectores sociales convocaron a un paro nacional indefinido desde el lunes 8 de noviembre contra la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

El proyecto de Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025, permitirá un crecimiento de la economía en un promedio de 5,1%, priorizará el sector productivo y posibilitará la reconstrucción económica del país sin afectar las autonomías departamentales, municipales o universitaria.

El informe fue brindado este miércoles por la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, quien dijo que oponerse a ese Plan es oponerse al desarrollo económico y social del país, es oponerse a la reconstrucción y reactivación de la economía que fue afectada por la pandemia y por el desastroso manejo del régimen de facto.

El martes, la Cámara de Senadores, sancionó la Ley que aprueba la Ley del Plan denominado “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

La Ministra, destacó la estrategia para sacar adelante el país, estableciendo metas, resultados, acciones concretas que derivan en un programa de inversiones de $us 33.197 millones hasta el 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, indica un reporte de prensa del Ministerio de Planificación.

La inversión será destinada a la reconstrucción de la economía nacional brindando un avance significativo hacia una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañado de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía incrementando los niveles de productividad del sector agropecuario, enfocado al abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para la exportación con valor agregado, indica el reporte.

“Esta es una estrategia diseñada por el gobierno nacional a partir de 10 ejes fundamentales, todos ellos orientados a una política bastante ambiciosa pero también alcanzable que está orientada a reconstruir la economía para Vivir Bien con industrialización y sustitución de importaciones”, dijo Mendoza en entrevista con el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv.

Sostuvo que el Plan busca proteger la industria nacional mediante la reconstrucción de la economía.

“Con este plan que estamos llevando adelante, estamos hablando de que vamos a generar crecimiento económico promedio de 5,1% en el siguiente quinquenio y que tendremos avances significativos en reducción de pobreza”, indicó.

Manifestó que esa proyección contenida en el Plan de Desarrollo, busca revertir la crisis profunda causada por el régimen de facto, crisis caracterizada, a finales de 2020, con “una tasa negativa de crecimiento del PIB del orden del -8,8% no vista desde 1953”.

El Plan de Desarrollo está constituido por 10 ejes estratégicos: “1. Reconstruyendo la Economía, Retomando la Estabilidad Macroeconómica y Social, 2. Industrialización con Sustitución de Importaciones, 3. Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo Turístico, 4. Profundización del Proceso de Industrialización de los Recursos Naturales, 5. Educación, Investigación, Ciencia y Tecnología para el Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades y Potencialidades Productivas, 6. Salud y Deportes para Proteger la Vida con Cuidado Integral en Tiempos de Pandemia, 7. Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional, 8. Medio Ambiente Sustentable y Equilibrado en Armonía con la Madre Tierra, 9. Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía, 10. Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, para la Revolución Democrática Cultural”, indica el reporte de prensa.

Esos lineamientos de política económica y social permitirán una reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y la reducción de la desigualdad de ingresos del 0,45 a 0,42 hasta el 2025, añade el informe.

El Plan fue elaborado y consensuado a partir de las propuestas recabadas en las nueve Cumbres Departamentales de Reconstrucción Económica y Productiva que se realizaron en las diferentes Universidades Públicas del país, como señal de la importancia para el Gobierno Nacional del acompañamiento del estamento universitario, con la participación de constructores, fabriles, maestros, gremiales y las diferentes confederaciones obreras, indica el reporte.

La Ley sancionada, en cumplimiento a la normativa vigente, establece que los planes de las diferentes entidades deben ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 2025, disposición normativa que ya fue ejecutada en el anterior ciclo de planificación 2016 – 2020, donde las Entidades Territoriales Autónomas remitieron sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) que fueron compatibilizados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó este miércoles que los ministerios y los gobiernos subnacionales tendrán que adecuar sus procesos de planificación institucional, entre los 120 y 180 días después de la promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 - “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

“A partir de la promulgación de esta ley va a correr un plazo de 120 y 180 días, respectivamente, 120 días para la planificación sectorial de las distintas carteras de Estado, en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Social, y 180 días para las entidades territoriales autónomas (ETA’s) para que justamente puedan presentar y puedan adecuar su proceso de planificación a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social”, dijo en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal recordó que el PDES fue elaborado como un proceso enmarcado en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.

Recordó que un plan anterior estuvo vigente en el período 2016 - 2020, por lo que se tuvo nueve gobernaciones y 327 gobiernos autónomos municipales que dieron “estricto cumplimiento” a la Constitución Política del Estado y la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIA).

“Por tanto, el ciclo de planificación lo que señala, con absoluta claridad, es que todas y todos los distintos órganos debemos acompañar, por supuesto, la estrategia emprendida por el Gobierno nacional conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que en este caso son privativas en el caso de la planificación nacional y, además, de acuerdo a la Ley 777 del SPIA que se encuentra vigente desde 2016”, agregó.

La representante gubernamental indicó que el artículo 4 de la Ley 777 menciona que el ámbito de aplicación del SPIA comprende a los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, las entidades territoriales autónomas, las empresas y las universidades públicas.