El analista económico Mike Gemio aseveró este viernes que el Ministerio de Economía no podía evadir una orden judicial por evitar un conflicto político, en relación a la retención de Bs 296.660,71, que equivalen al 0,02% del presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a raíz de un proceso laboral.
“Esto es una orden judicial, el Ministerio de Economía no podía evadir esta orden por evitar un conflicto político, es un tema mucho más delicado. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía es cumplir con la instrucción de un juez que determina esta retención de orden laboral”, dijo en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia Tv.
Explicó que las instituciones públicas tienen una tipología de cuentas que están relacionadas con el tipo de actividad que realizan.
Señaló que se trata de un mandato a favor de trabajadores, por lo que la Alcaldía de La Paz tiene la obligación de pagar ese monto a los beneficiarios.
“La situación concreta es que estamos hablando de una retención judicial que define un monto y se retiene una cantidad que afecta a una sola cuenta. Es toda una peripecia que tiene que pasar el empleado y no sería justo que el Ministerio de Economía no dé cumplimiento a esa orden judicial”, sostuvo.
Gemio indicó que la Alcaldía de La Paz tiene Bs 134 millones en cuentas de flujo de efectivo y un monto presupuestado para la gestión 2021 de Bs 1.740 millones, por lo que la retención de los recursos es ínfima.
“Hablar de Bs 292.000 es irrisorio, ahí hay una falta de conocimiento, hay un mal dimensionamiento de cómo funciona la Alcaldía”, advirtió.
El experto dijo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no alcanzó ni el 25% de ejecución presupuestaria a la fecha, por lo que el alcalde Iván Arias no debe excusarse en el tema de la retención del 0,02%.
El juez séptimo de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Walter Aguilar, ordenó la retención de los fondos municipales por un proceso laboral seguido por un extrabajador edil, Fermín M. V., entre otros, para el reintegro del pago de beneficios sociales.