La Paz, 08 de agosto de 2023 (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, reiteró este martes que el problema de la aerolínea Amaszonas es un tema interno entre privados con su empresa arrendadora, y afirmó que el fallo constitucional que ordena a la DGAC suspender temporalmente sus medidas contra cuatro de sus aviones “pone en riesgo la credibilidad del país”.
“Es un problema entre privados, el Gobierno nada tiene que ver en estos temas. El Gobierno es signatario de convenios como el de Chicago, la OACI y principalmente en lo que se refiere a la navegación aérea internacional", precisó la autoridad.
La empresa arrendadora LG Aviatión solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) quitar la matrícula a cuatro de sus aeronaves alquiladas a Amaszonas, por deudas contraídas por la firma privada por más de $us 17 millones.
De no hacer caso a la nota oficial, Bolivia corre el riesgo de perder la certificación internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
“Aquí quiero recordar que nosotros hemos sacado más del 91% en la auditoría correspondiente que llegó a hacer la OACI. En ese entendido, nuevamente repetimos y manifestamos que nuestro Gobierno va a respetar las leyes nacionales y las leyes internacionales; por lo tanto, queremos pedir a Amaszonas y a LG Aviation que lleguen a un acuerdo, que no nos inmiscuyan en esta problemática que obviamente va a desgastar las relaciones que tenemos con las organizaciones mundiales de aeronáutica civil”, apuntó Montaño.
Consultado sobre el fallo que habría emitido la Sala Constitucional de La Paz, respecto a un amparo que interpuso Amaszonas en contra de la DGAC, que ordenó suspender temporalmente sus medidas contra cuatro de sus aviones, Montaño afirmó que esa cartera de Estado no fue notificada con la disposición judicial, pero advirtió que se estaría poniendo en riesgo la credibilidad del país.
Aclaró que no se quitó el Certificado de Operador Aéreo a la empresa Amaszonas y que cualquier juez que lo haga pone en riesgo al país; en este contexto, se interpondrán las acciones jurídicas correspondientes.
“No hemos sido notificados con ninguna resolución constitucional, pero advierto que si eso ocurriera la Sala Constitucional estaría poniendo en riesgo la credibilidad del pueblo boliviano. Somos respetuosos de las normas nacionales e internacionales, pero si un juez emitió esa resolución pone en riesgo la credibilidad de nuestro país ante organismos internacionales”, dijo.
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