Chile, por ejemplo, suscribió en septiembre de 2020 acuerdos con Pfizer/BioNTech para la compra de 10 millones de dosis. Paralelamente también anunció alianzas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax), una iniciativa global liderada por la OMS para la reserva de vacunas con otros laboratorios que avanzaron en sus investigaciones.

    México firmó los primeros días de octubre un acuerdo para la compra de 198 millones de dosis cuando salgan al mercado. Andrés Manuel López Obrador acordó con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino y el pago adelantado al mecanismo COVAX, que implicaba una inversión de 1.659 millones de dólares para proteger hasta 116 millones de habitantes.

    El 30 de julio el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de confidencialidad con las compañías Pfizer y AstraZeneca para garantizar compra de vacunas contra la enfermedad, aunque ya estaban trabajando con el mecanismo COVAX para garantizar la inmunización de su población.

    La Comisión Europea, a nombre de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), y la empresa AstraZeneca firmaron el 27 de agosto del pasado año un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis de la vacuna, con opción a otras 100 millones de dosis.

    La Comisión también entabló negociaciones sobre acuerdos similares con otros fabricantes de vacunas y concluyó con éxito conversaciones exploratorias con Sanofi-GSK el 31 de julio, Johnson & Johnson el 13 de agosto, CureVac el 18 de agosto y Moderna el 24 de agosto.

    La semana pasada, el canciller Rogelio Mayta denunció que el gobierno de facto presidida por Jeanine Áñez actuó con una "negligencia criminal" en el manejo de la pandemia y refutó las declaraciones de la entonces canciller Karen Longaric porque no "hizo ninguna gestión efectiva" para la compra de vacunas que desarrollaban las grandes farmacéuticas, mientras otros países ya estaban en trámites para la compra a futuro.

"Queremos agradecer al Presidente por esa predisposición de reunirnos, va por casi dos meses de gestión y es la segunda reunión que tenemos tanto alcaldes y gobernadores. En la época de (Jeanine) Áñez no hubo reunión con los gobiernos municipales ni departamentales", dijo el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz.

    A la reunión asistieron los gobernadores Fanor Amapo de Beni, Esther Soria de Cochabamba, Efraín Balderas de Chuquisaca, Félix Patzi de La Paz, Edson Oczachoque de Oruro, Paula Terrazas de Pando, Omar Véliz de Potosí, Rubén Costas de Santa Cruz y Adrián Oliva de Tarija.

    Para el Gobernador de Tarija uno de los temas centrales es la compra de vacunas y afirmó que los gobiernos autónomos departamentales están dispuestos a erogar recursos para ese fin.

    "Si el Gobierno resuelve lo de la vacuna, hay que aplaudirlo, nos ponemos todos a trabajar con el Gobierno para concretar aquello (...). Lo que sucede es que se ha abierto la posibilidad para que también los gobiernos departamentales puedan gestionar la compra de vacunas. Creo que deberíamos entre todos unificar criterios", señaló.

    De acuerdo con el vocero presidencial, Jorge Richter, las autoridades evaluarán la situación de los centros hospitalarios, unidades de terapia intensiva e intermedia, la capacidad de internación, el abastecimiento de medicamentos y la contratación del personal médico.

    Además los tres niveles estatales deben definir las tareas para la distribución y aplicación de las pruebas diagnósticas y vacunas contra el COVID-19.

    "La enfermedad está circulando de manera intensa entre todos nosotros y eso requiere esfuerzos conjuntos por un lado, complementarios por el otro", dijo Richter antes del inicio de la reunión.

    Bolivia acumuló más de 162 mil casos positivos desde marzo del año pasado, de los que poco más de 20.000 son activos, según datos oficiales.