El gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez acalló la voz de 88 radios que forman parte del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), cuyos equipos desaparecieron, fueron secuestrados o quemados con el objetivo de aplacar la voz de las naciones que viven en el occidente, trópico y amazonia de Bolivia.

El director de las RPOs, José Aramayo, informó que cuando se hizo cargo de la unidad encontró un panorama devastador: de un total de 104 medios de comunicación, apenas funcionaban 16 y solo había dos custodios.

Aramayo recordó que, el 9 de noviembre de 2019, grupos paraestatales saquearon radio Comunidad, después quemaron Kawsachun Coca y persiguieron a periodistas y los custodios de Soberanía, Carrasco y Yapacaní.

Recordó que a Kawsachun Coca le robaron un equipo de transmisión de 5 kilos ubicado en San Ignacio de Moxos con el fin de acallar sus transmisiones en el oriente, lo que es considerada una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora se recuperan o se rehabilitan algunas radios ubicadas en las poblaciones de La Asunta (Yungas), Caracollo (Oruro), Qaqachaca (Oruro), Igualitaria (Santa Cruz) y otras que fueron silenciadas por el régimen de Áñez, que además persiguió a periodistas.

Aramayo mencionó que está enfrascado en la modernización y fortalecimiento de las radios de los pueblos indígenas y en irradiar su voz a todos los confines de la geografía boliviana como parte de un derecho democrático y humano.

Durante el gobierno de facto, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó a las radios que forman parte del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios como "voces sediciosas" que confrontan al pueblo, por lo que ordenó el secuestro de sus equipos.

El vocero presidencial, Jorge Richter, lamentó que políticos de la oposición boliviana busquen ensombrecer la gestión del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19, desconociendo los esfuerzos para el abastecimiento de pruebas diagnósticas y vacunas.

"Estos dos elementos el Gobierno los resuelve de manera rápida cuando no ha cumplido siquiera dos meses de gestión. Esto, sin lugar a dudas, en términos ya políticos, genera una molestia", dijo en una entrevista con la red Bolivisión.

El presidente Luis Arce garantizó el abastecimiento de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y continúa las gestiones para adquirir una mayor cantidad, a fin de inmunizar al menos al 80% de la población boliviana.

También garantizó la provisión de más de 1,6 millones de pruebas antígeno nasales para identificar y atender, en etapas tempranas, a las personas contagiadas con el coronavirus.

"En Bolivia con la salud también se hace política y se trata de ensombrecer lo que puede suceder con la transparencia del proceso, con la eficacia de las vacunas, con la rapidez de la gestión (...). Van probando un poco de suerte, a ver si tienen con ello mayores posibilidades políticas electorales y posibilidades políticas hacia futuro, eso es lo que está pasando", agregó Richter.

La población boliviana elegirá en marzo próximo a los nuevos gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó este martes las acciones urgentes y concretas que ejecutan las autoridades del Estado para combatir el COVID-19 y garantizar la salud de los bolivianos frente a una segunda ola de esa pandemia en el país.

"Día a día damos respuestas concretas e inmediatas desde el Estado para combatir al virus en #Bolivia. #VacunasCovid19, pruebas gratis, control de precios, presupuesto y equipamiento. #BoliviaContralElCovid #VamosASalirAdelante", destacó Alcón en su cuenta en Twitter.

El Ministerio de Salud y Deportes lidera la estrategia integral de lucha contra el COVID-19 mediante un esfuerzo "conjunto y complementario" con los gobiernos subnacionales, informó la noche del lunes el vocero presidencial, Jorge Richter.

A la fecha existen siete acciones urgentes que establecen el relevamiento metódico y objetivo de datos, el relevamiento de estado de situación de unidades de salud; desplazamiento y fortalecimiento de recursos humanos y personal médico; y la campaña agresiva de prevención y socialización.

Así también, la administración de pruebas rápidas de acuerdo con la prevalencia de contagio, garantizar la dotación y logística de insumos para el personal de primera línea y asegurar el suministro de la vacuna de acuerdo con el grado de prevalencia de la infección.