Con operativos de control en los municipios fronterizos de Guayaramerín (Beni), Desaguadero (La Paz) y Puerto Quijarro (Santa Cruz) se inició este lunes la socialización del “Plan Soberanía”, para erradicar el contrabando de combustibles en el país.
En esa actividad participan personeros de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Defensa, del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de la Aduana Nacional y de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar que volúmenes de diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina especial, comercializados en estaciones de servicio del país, salgan ilícitamente a otros países.
“El principio de soberanía es el control y resguardo de los recursos naturales de nuestro Estado. En los últimos años, lo que se ve es que el beneficio que tienen los bolivianos y bolivianas de contar con energéticos asequibles, a bajo costo y subvencionados, también genera problemas en fronteras, producto del contexto internacional donde la volatilidad de precios de combustibles ha estado elevándose. Esas dificultades tienen que ver con actividad ilícita del contrabando de combustibles”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en un acto en el que se socializó ese plan.
El director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, detalló que ese control se ejecutará en 34 estaciones de servicio asentadas en las mencionadas zonas fronterizas y se realizará el seguimiento a través de la trazabilidad del sistema RFID (Radiofracuencias, por sus siglas en inglés), para evitar que las cisternas de combustible sean desviadas fuera de las fronteras.
Al respecto, Molina señaló que se desplegarán 600 efectivos militares, en dos turnos, en los puestos fronterizos para evitar la fuga de combustibles.
El control de la comercialización de hidrocarburos se realizará inicialmente en diez estaciones de servicio.
El contrabando y la reventa de combustibles son un delito penado por la Ley 100, que establece sanciones con privación de libertad de 3 a 6 años y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del ilícito.
El costo estimado de la subvención para esta provisión de combustible le significa al Estado boliviano unos Bs 388 millones anuales.