El futuro de la política de vivienda social en Bolivia
El futuro de la política de vivienda social en Bolivia

El futuro de la política de vivienda social en Bolivia

Algunos pueden criticar y protestar por las acciones del Gobierno de Evo Morales, pero lo que no se puede negar es que en ese periodo de más de catorce años se han priorizado de manera más contundente, y con mayores y mejores resultados, las políticas sociales. Si uno observa los indicadores de desarrollo humano entre los años 2005 (0,643) y 2019 (0,718), podrá ver cómo hemos logrado dar un salto importante en estos temas.

A excepción del 2020, producto de las ya conocidas circunstancias en las que se encontraba nuestro país, el crecimiento en este tipo de indicadores nos muestra con claridad la perspectiva que tenía la administración del MAS en los anteriores años y también la proyección que tiene la actual gestión del presidente Arce, con los mismos principios, los mismos mecanismos de acción, la continuación de muchas políticas sociales y las mismas bases ideológicas.

La razón de este crecimiento está bastante clara: desde 2006 hasta estos días (con ese corte oscuro entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020), Bolivia ha venido implementando un modelo de gobierno que resalta la necesidad de cerrar las brechas entre los más ricos y los más pobres, que intenta desde todas sus perspectivas y sectores generar equidad para su población, que propone a nivel mundial el trabajo coordinado para generar un equilibrio con la Madre Tierra. Este ejercicio pasa principalmente por el potenciamiento de la inversión pública y la consiguiente redistribución de la riqueza en todo el territorio nacional, priorizando los sectores y territorios históricamente olvidados y que han demostrado que requieren apoyo con más urgencia. Un ejemplo de ello es precisamente la Política de Vivienda Social que se ha venido implementando desde el inicio de la gestión del MAS hasta estos días.

Una comparación entre los resultados de las políticas de vivienda social en anteriores gobiernos y el gobierno del Movimiento Al Socialismo, evidencia el gran salto que se ha logrado en este tema. El Gobierno nacional ha mostrado datos históricos respecto a la temática y los ha dividido en cinco etapas: la primera, registrada desde 1924 hasta 1985, cuando desde el Estado, mediante programas como el Instituto Nacional de Vivienda (INAVI) o el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), se ha logrado la construcción de 42.738 viviendas. El segundo periodo es el registrado entre 1987 y 1995, cuando se crearon los programas FONVI, FONVIS (tristemente célebre) y el Instituto Nacional de Vivienda Social (INV), cuando se lograron construir 11.600 viviendas. El tercer periodo registra las gestiones entre 1996 hasta 2002, cuando el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda, junto a la Unión Boliviana de Entidades Financieras de Ahorro y Préstamo para Vivienda (UNIVIV), logró la construcción de 12.808 viviendas. El cuarto periodo comprendido entre las gestiones 2002 y 2006 (en el que se suprime definitivamente el aporte personal del trabajador del 1%), cuando programas como el Fondo de Capitalización de Vivienda o el Programa de Financiamiento de Vivienda (PFV), construyen 6.970 viviendas. Por su parte, entre 2006 y 2019, el Gobierno nacional logró alcanzar la importante cifra de 171.000 viviendas construidas, mejoradas, ampliadas, refaccionadas y/o renovadas, en todo el territorio nacional.

Estos datos demuestran con contundencia que el cambio de modelo de gobierno le ha servido al Estado para mejorar y ampliar este tipo de servicio, al igual que tantos otros que han demostrado un cambio cualitativo y cuantitativo en los últimos catorce años, y que han sido retomados por parte de la administración de Lucho Arce.

Poniendo entre paréntesis la gestión del 2020, donde los números no acompañaron la historia reciente del sector y donde, producto de la decisión de la cabeza de sector, el entonces Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda cambió el modelo y se comprometió la inversión de toda una gestión en un solo proyecto, en la ciudad de Santa Cruz (para otro espacio dejaremos el análisis de esa propuesta de cambio de modelo), los resultados del sector de vivienda han ido en aumento, especialmente en los últimos catorce años. Este año, el actual Ministerio de Obras Públicas ha comprometido la ejecución de 9.108 viviendas sociales en todo el país (algo menos de la mitad de lo que se comprometía entre 2015 y 2019 y, aun así, más de lo que se ha logrado en 2020), lo que demuestra que el Gobierno nacional quiere recuperar la senda de los años anteriores.

Es importante, sin embargo, más allá de los grandes números que se han alcanzado, echarles una mirada objetiva a estos datos, con la intención de ir mejorando paulatinamente el acceso y la posibilidad de acercarse de mejor manera a la población más vulnerable, entendiendo especialmente que nuestro país es mayoritariamente urbano, de acuerdo a los datos presentados por el Censo de 2012, donde ya más del 67% de la población vivía en ciudades.

A pesar de los números, podemos identificar, desde la experiencia en el sector, la dificultad que muchas familias en alta vulnerabilidad han encontrado para acceder a los programas de vivienda, especialmente en las áreas urbanas (gracias a los usos y costumbres, a las tradiciones y a las dinámicas de convivencia, la población del área rural ha logrado una gestión del suelo mucho más equitativa, desde la mirada de la ejecución de proyectos de vivienda social). La dinámica económica en las ciudades ha repercutido también en la imposibilidad de aquellas familias que viven al día, de acceder a un espacio propio. Si la dificultad es relevante para una familia con papá y mamá a cargo de estos esfuerzos, hay que multiplicar esas imposibilidades cuando hablamos de grupos poblacionales más vulnerables, como las mujeres jefas de hogar, adultos mayores (con carga familiar o inclusive abandonados por sus familias) y hasta jóvenes emancipados o en etapa de estudios superiores y sin condiciones económicas suficientes.Éste, desde mi punto de vista, es un problema central para la actual política de vivienda social que se viene implementando en el país. La exigencia de contar con una propiedad como requisito para acceder a los programas de vivienda social simplemente relega a esa población mucho más vulnerable que, por sus mismas condiciones, no ha logrado hacerse propietaria de un espacio mínimo para construir su casita.

La experiencia de todos estos años nos ha hecho entender que los modelos llegan paulatinamente a una etapa en la que deben actualizarse, o corren el riesgo de convertirse en la monótona acción estatal que, luego, se convierte en una peligrosa manera de seducir a los aprovechadores, para favorecerse de manera irregular de los esfuerzos del Gobierno nacional y del pueblo en general.

En el caso de la política de vivienda social, es fundamental pensar en un cambio de enfoque, desde la vivienda, como la suma del ladrillo y el cemento, hacia las grandes necesidades particulares e integrales de los grupos poblacionales más vulnerables: las mujeres jefas de hogar, los adultos mayores, las y los jóvenes, entre algunos otros que seguramente se podrán precisar en función de las evidencias. Hasta el 2019, se había trabajado en la actualización de esta política que, seguramente, tendrá su continuación en estas nuevas gestiones de gobierno.

Es sumamente importante discutir este nuevo enfoque, que resalte las particularidades e integralidades de las situaciones de vida de estos grupos poblacionales altamente vulnerables y que obviamente involucran la necesidad de solucionar el problema de vivienda que enfrentan estas familias. Así, creo yo, podremos potenciar y evolucionar esta política pública tan importante para el ejercicio de equidad y redistribución que se ha propuesto como principal tarea el modelo de gobierno del presidente Lucho.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.


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