El reto de las comunidades urbanas
El reto de las comunidades urbanas

El reto de las comunidades urbanas

Allá por el 2016, el Gobierno nacional comenzó con la tarea de construir un marco conceptual para la visión futura de nuestras ciudades. Aprovechó la elaboración del Informe País que Bolivia debía presentar en la Conferencia Mundial de HABITAT III, en la que todos los países miembros de las Naciones Unidas debían demostrar los avances en la consolidación de los asentamientos humanos y urbanos desde hace 20 años.

En ese tiempo, Bolivia tuvo que reconocer que no se había hecho mucho para consolidar una política, una mirada y una estrategia que nos permita entregarle mejores oportunidades al crecimiento de las ciudades en nuestro país y, por el contrario, se había dejado un gran trecho en la gestión del desarrollo de los centros urbanos, a la suerte de lo que la gente podía hacer con sus propias manos.

Sin embargo, el trabajo de construcción del informe nos ayudó a construir un marco conceptual sobre lo que nosotros esperábamos (pensábamos) que se debería hacer para construir ciudades más equitativas e inclusivas. A ese ejercicio conceptual se le denominó “comunidad urbana” y se incrustó en el centro de la discusión planteada por el informe “Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien”, presentado en la Conferencia mencionada, en la ciudad de Quito (Ecuador).

En el nuevo número de la revista de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rodrigo Puerta hace un recuento detallado de la ruta que tomó esta construcción y de los insumos que generó para la construcción de una novedosa “Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades”, que hoy se encuentra lista para su implementación y apropiación de parte de los actores locales, en cada ciudad. Dejo esta referencia y centro mi reflexión sobre la construcción conceptual mencionada.

La propuesta de comunidades urbanas reconoce la experiencia “particular” de las organizaciones de ciudadanos/vecinos, para contribuir activamente a la construcción colectiva de una visión de desarrollo de su barrio, de su zona, de su ciudad y de su país. Esta propuesta intenta, además, incorporar en la reflexión de la construcción de las ciudades, los principios básicos del paradigma del Vivir Bien. Basados en la reciprocidad, el sentido colectivo del espacio y de las decisiones y el respeto a la Madre Tierra, como pilares fundamentales de la nueva visión de desarrollo del país, la propuesta de las “comunidades urbanas” intenta organizar estas ideas y definir rutas para que el aparato público, responsable de la administración de lo común, comience a construir una propuesta de desarrollo para las ciudades.

Las comunidades urbanas reconocen la fuerza creadora de las personas que, viviendo en las ciudades, recogen la experiencia y tradición de las comunidades indígena originario campesinas y desarrollan mecanismos de solidaridad, de autogestión y autosustento, lejos aún de las acciones del Estado que, por otro lado, tiende siempre a llegar tarde a los lugares donde las ciudades van creciendo en nuestro país.

Estas comunidades, que logran consolidar modelos de reciprocidad, de equilibrio y de colectividad para el uso de los espacios comunes, deben servir para re-construir las relaciones sociales y económicas en nuestros centros urbanos que, dicho sea de paso, han tenido que adecuarse a las dinámicas aceleradas de crecimiento por presión del mercado de la tierra.

Las ciudades en nuestro país (y la mayoría de las ciudades en Latinoamérica) han sido cooptadas por la dinámica devastadora del mercado. Así, el suelo, este recurso natural finito, se ha convertido en objeto de mercancía y mercantilización. Esto ha supuesto poner en segundo y en tercer plano las necesidades de la población que vive y llega permanentemente a vivir a las ciudades y el equilibrio incuestionable que debe existir entre el crecimiento de los centros urbanos (que ejercen una presión importante en el equilibrio ecológico) y la Madre Tierra, poniendo de esta manera en primera línea de prioridad el precio que puede significar la posesión y el uso del suelo y el espacio en las ciudades.

La propuesta de las comunidades urbanas postula precisamente la necesidad de comenzar a cambiar esta dinámica mercantilista en las ciudades, pensar en las necesidades comunes de la población más necesitada, relegada y vulnerable, y comenzar a construir dinámicas solidarias, equitativas, colectivas y horizontales para que el uso del espacio y del suelo deje de ejercer la presión que hoy tiene sobre la naturaleza.

Esto no significa, de ninguna manera, hacer borrón y cuenta nueva en las ciudades, desmantelar todo lo que se ha hecho y conseguido, destruir infraestructura con visión “occidental”. Se trata más bien de educar a nuestras nuevas generaciones a convivir y cuidar la Madre Tierra, utilizando las nuevas tecnologías para un fin común, priorizando las urgencias de los grupos más vulnerables, escuchándose, dialogando y estableciendo agendas mínimas de temas comunes, para avanzar hacia una idea de futuro construida participativamente. Las Comunidades Urbanas reconocen nuestras raíces, pero también acogen el avance tecnológico, de manera que esta sinergia se convierta en la herramienta fundamental para construir un futuro sostenible para nuestras siguientes generaciones, sin desconectarnos de las bondades de los avances científicos a nivel mundial.

Una política pública de nueva generación, como deseamos que sea la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, deberá responder a ese desafío: equilibrar lo “moderno” con la “recuperación” de esos ejercicios de convivencia y comunitarismo. Pensar que en nuestro país una política de ciudades debe reconocer simplemente las experiencias foráneas exitosas sería mentirse y condenar esta iniciativa a un final sin el impacto deseado.

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade/.


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