Las preocupaciones del Relator

Las preocupaciones del Relator

La Paz, 22 de junio de 2022.- La coyuntura a partir de la sentencia por el caso “golpe dos” tendrá aún mucho tiempo a partir de las incidencias tanto nacionales como internacionales. En los últimos días un pronunciamiento del Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados generó gran polémica a sabiendas de que su visita fue propiciada por autoridades del gobierno nacional. Sin embargo, corresponde de igual modo precisar la dimensión del contenido de su pronunciamiento a partir de las realidades judiciales de connotación política innegable en el país.

Sobre lo primero planteado, me adhiero al pronunciamiento del relator de NNUU García-Sayán sobre que “tienen derecho a Juicio de Responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”; porque la observación hace referencia al enjuiciamiento por los actos de gobierno en el ejercicio de funciones, contrariamente la sentencia que condena con 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la CPE no aborda el tiempo de gobierno del régimen de transición. Interpretando la afirmación del relator, coincide entonces en que las masacres por Senkata y Sacaba deben ser juzgadas vía 2/3 de la ALP, y cuyas muertes hoy siguen en la impunidad. Sólo resta que el TCP se pronuncie al respecto y el camino luego debe allanarse. Aún no está ejecutoriada la sentencia, por ello existen probabilidades judiciales en el caso Áñez frente al gobierno de los jueces.

Sobre su preocupación de: “Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”; incurre en un gran error al sindicar sin pruebas de intervención directa del poder político a la justicia boliviana. Una “señal” no es una “prueba judicial”, el juzgamiento en la vía ordinaria por la toma ilegal del poder, la aplicación inconstitucional de la sucesión presidencial y el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia merece un juzgamiento en la vía ordinaria por esos hechos tipificados como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes. Son importantes estos precedentes, pero sólo habrá “memoria, verdad y justicia” cuando las 37 muertes del régimen del añizmo no queden en la impunidad.

Israel Adrián Quino Romero/


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