Informe forense revela lesiones previas en la pareja que cayó de un edificio en Santa Cruz
Informe forense revela lesiones previas en la pareja que cayó de un edificio en Santa Cruz

Un informe reveló este miércoles que la pareja que cayó del piso 12 de un edificio de la ciudad de Santa Cruz, en la víspera, tenía lesiones previas, según un reporte de la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Nayra Padilla.

“Existe hallazgos de lesiones vitales previas a todas las lesiones encontradas por la precipitación, en el caso de S. A. M. se encontró una equimosis, es decir un golpe a nivel del parpado inferior del lado derecho y a nivel del tórax derecho. En el caso del occiso D. J. R. T. se encontró escoriaciones o rascaduras a nivel del pecho y en la parte de la espalda”, indicó en conferencia de prensa.

Padilla dijo que, de acuerdo al resultado de la autopsia practicada a ambos cuerpos, se señala como causa de muerte shock traumático severo, trauma cerrado de abdomen y tórax, traumatismo cráneo encefálico cerrado y politraumatismo por precipitación.

Respecto a las fracturas expuestas y amputaciones traumáticas que presentaban los cuerpos, señaló que son propias de la precipitación.

“En la autopsia se tomó toda la colecta de las muestras que en procedimiento corresponden, las mismas que, pasado a laboratorio, están en curso su procesamiento, el resultado de informe se tendrá entre uno a tres días”, adelantó la autoridad del IDIF, según un boletín de prensa.

 


 
Denuncian que Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán causaron daño económico al Estado por Bs 76,3 millones
Denuncian que Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán causaron daño económico al Estado por Bs 76,3 millones

Tras recibir informes de auditoría, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció este martes casos de megacorrupción y malos manejos que involucran a los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, todos designados en la gestión de Jeanine Áñez, por un presunto daño económico al Estado de Bs 76.378.000.

Huanca dijo que los casos de corrupción se presentaron en varias instituciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Productivo e incluyen el uso de taxis aéreos y de gasolina pagada por el Estado para fines particulares, contratos irregulares, entre otros.

Los delitos por los cuales se acusa a Rojo, Ortiz y Guzmán son de corrupción pública como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, informó el ministro Huanca.

El primer caso se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó a nombre de Bolivia un contrato ilegal para la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones a una empresa de EEUU. Este contrato va contra los intereses del Estado ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de $us 2.894.784, dinero que equivale a unos Bs 20 millones.

En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente técnico de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, realizaron la compra de fertilizantes, pero luego se evidenció en los almacenes un faltante de esos productos por valor de Bs 8.898.518 sin que exista un registro del destino de dichos artículos, añadió el Ministro.

En la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se encontraron cinco casos de corrupción. Uno de ellos se refiere al nombramiento ilegal de Karina Fabiola Leiva Áñez, quien sería pariente de Jeanine Áñez.

Leiva creó cargos ejecutivos innecesarios en tiempo de pandemia, lo que ocasionó un daño económico al Estado por más de Bs 113.000.

Además, incrementó los sueldos a nivel ejecutivo en 2020 por un monto Bs 1.276.000 de forma discrecional y sin la debida justificación y autorización competente.

Por otro lado, la exgerente de frutos amazónicos de EBA, en Riberalta, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otros, realizaron manejos discrecionales por un monto de Bs 8.369.000 para la compra de castaña sin ningún descargo o recibo.

También se recibió productos para las canastas estudiantiles sin ningún tipo de contratos por un valor de Bs 2 millones. Además, autorizaron la transferencia de dineros a cuentas bancarias personales por Bs 219.907, según la denuncia. 

Respecto a la Empresa Azucarera San Buenaventura, el exejecutivo, Jorge Barrios Villa favoreció ilegalmente la adjudicación de la empresa Stylo y Diseño para el servicio fraccionado de azúcar por un monto de Bs 1.280.000 sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas.

También se favoreció en la adjudicación irregular de la empresa Campo Verde por la provisión de urea con presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.

En la Unidad de Fiscalización de Empresas, el exdirector Raúl Terceros Salvatierra emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al permitir la reducción de sanciones a empresas ocasionando un daño económico de Bs 362.184, dijo Huanca.

En Zofra-Cobija, el exdirector Rodolfo Áñez Dominguez, quien sería pariente de Jeanine Áñez, contrató personal excesivo sin justificación ocasionando un daño de Bs 933.101.

En la empresa ProBolivia, el ex director ejecutivo, José Eduardo Selek Suárez, contrató a una persona que trabajó con títulos falsificados.

El exministro Rojo autorizó la entrega de combustible para uso de personas particulares por un monto de Bs 113.000 y, junto a Ortiz, usó taxis aéreos a Santa Cruz con fines privados por un monto de Bs 92.000 sin que existan descargos fundamentados.

Respecto a la Alcaldía de La Paz, el ministro Huanca denunció que otras autoridades firmaron un contrato con el municipio para que Emapa entregue canastas escolares, pero hasta la fecha el burgomaestre Luis Revilla no paga la suma de Bs 23.640.000.

Todos estos casos fueron enviados a la Fiscalía para su investigación, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.


Comisión legislativa revisará casos de feminicidio de los últimos siete años
Comisión legislativa revisará casos de feminicidio de los últimos siete años

La Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio determinó realizar el seguimiento minucioso de los casos presentados ante el Ministerio Público durante los últimos siete años.

“Desde 2013 hasta 2020, (se registraron) 787 casos y esta gestión 2021, estamos llegando ya a más de 37 casos de feminicidios, esta cifra es muy alarmante para la comisión”, informó el senador Rubén Gutiérrez, según un boletín de prensa.

El legislador informó que el plan de trabajo aprobado se centrará fundamentalmente en cuatro niveles: prevención, atención, protección y represión por el delito de feminicidio.

Gutiérrez señaló que la Comisión identificó el incumplimiento de los plazos procesales y la falta de investigadores forenses en los nueve departamentos del país como las dos principales causas para que se tenga retardación de justicia en los casos de feminicidio.

“Los delitos de feminicidio fundamentalmente se resuelven con las pruebas que se presentan a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y solo tenemos oficinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; recién está en proceso de implementación en los otros departamentos. No tenemos ese servicio, entonces, ahí se demora bastante porque tienen que enviar las muestras de laboratorio hasta las ciudades de La Paz o Cochabamba, y esto no puede continuar así, ese es uno de los factores”, detalló.

En junio de la presente gestión, la Comisión Mixta Legislativa culminará su trabajo y deberá presentar un informe ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se establezcan las recomendaciones de modificación a la Ley 348 y otras normativas.

Durante la sesión, la Comisión recibió en audiencia a representantes de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), Ministerio Público y Mujeres Creando, donde realizaron el seguimiento a diez casos de feminicidio.


Arraya: Tratantes de personas mejoraron sus prácticas para captar a sus víctimas en pandemia
Arraya: Tratantes de personas mejoraron sus prácticas para captar a sus víctimas en pandemia

La directora nacional de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Carola Arraya, informó este martes que los traficantes mejoraron sus prácticas ilícitas para captar a sus víctimas durante la pandemia por el coronavirus.

“Pese a las investigaciones de personas desaparecidas que hace el Ministerio Público y las divisiones de Trata y Tráfico a nivel nacional, este negocio ha mejorado sus prácticas de captación y lugares donde son dirigidas las víctimas, en muchos casos al exterior, sacándolas por las fronteras que son extensas y que permiten el paso ilegal de grupos que cometen este ilícito”, dijo en una entrevista televisiva.

Agregó que las redes sociales son el medio por el cual ahora los traficantes de personas captan a sus víctimas, siendo que un alto porcentaje de jóvenes, niños y adolescentes pasan más horas al día navegando en internet a raíz de las clases virtuales.

“Lamentablemente la presencia de esas personas con fines delincuenciales está presente por las redes sociales con ofertas de trabajo, solicitudes de amistad y generan confianza con quienes, durante muchas horas están en las redes, llegando a citarlos en algún lugar o directamente ya se les ofrece trabajar como dama de compañía en el caso de mujeres, con ofrecimientos de sumas altas de dinero”, indicó.

Arraya explicó que la trata de personas se da principalmente para dos áreas: la explotación sexual y la explotación laboral donde, de un 100%, el 70 corresponde a mujeres y 30 a varones.

Los hombres son captados para la explotación laboral en diferentes sectores, ya sea al interior o exterior del país; y en el caso de las mujeres, una parte para la explotación laboral, y en mayor cantidad, para la explotación sexual.

Dijo que El Alto es una de las principales zonas de acción por la manera en que se generan las actividades en lenocinios y casas de cita, donde se realizaron varios operativos en coordinación con diferentes instituciones.


Confederación de la prensa rechaza conminatoria judicial a 13 medios y recuerda que rige la Ley de Imprenta
Confederación de la prensa rechaza conminatoria judicial a 13 medios y recuerda que rige la Ley de Imprenta

La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) rechazó la conminatoria de una jueza para que 13 medios de difusión entreguen información sobre el caso de secuestro, tortura y extorsión por parte de Jhasmani Torrico.

La entidad sindical, mediante un pronunciamiento, reivindicó la vigencia de la Ley de Imprenta de 1925 mientras su principal dirigente, Héctor Aguilar, dijo que no permitirán que se judicialice la labor periodística.

“Rechazamos de manera contundente la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de secuestro, tortura y extorsión de Jhasmani Torrico”, indica el pronunciamiento.

“Este tipo de actos se constituyen en formas de amedrentamiento y en una limitación de la libertad de expresión”, agrega el comunicado sindical que considera como “inoportuna” la actuación del juzgado de Sentencia Penal Número 9, a cargo de la jueza Sofía Almanza Camacho.

El pronunciamiento recuerda que la Ley de Imprenta establece que los periodistas no deben ser procesados en la vía ordinaria, sino en un tribunal especializado, es decir, un jurado de imprenta, situación que guarda concordancia con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales.

Ante ello, la Confederación de la Prensa solicitó a las autoridades judiciales, garantías para el trabajo periodístico.

Al respecto, el dirigente Aguilar pidió que la jueza decline competencia y sea suspendida.

Además, destacó las posturas de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia que salieron en defensa de la libertad de expresión y vigencia plena de la Ley de Imprenta.


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