El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, informó este domingo que se desplazará 25.000 efectivos policiales en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones subnacionales del 7 de marzo próximo.

“Son 25.000 efectivos a nivel nacional para cuidar el voto de la población boliviana”, señaló la autoridad ministerial a Bolivia Tv.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que coordina con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía las medidas de bioseguridad que se aplicarán en los recintos electorales y la custodia permanente del material electoral que se utilizará en las elecciones subnacionales.

“Hemos realizado un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud y la Policía Boliviana en el Tribunal Supremo Electoral para cuidar la salud del pueblo boliviano y el ejercicio de su derecho democrático al voto”, dijo Del Castillo.

Los bolivianos acudirán a las urnas el domingo 7 de marzo para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De este total, 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este sábado que las damas y los jóvenes que cursan el servicio premilitar categoría 2020–2021 podrán cobrar en los próximos días los Bs. 300 del pago excedente que efectuaron al momento de su inscripción durante el proceso de reclutamiento realizado la pasada gestión.

Según un boletín institucional, la autoridad estatal mencionó que los comandantes de las unidades militares donde se imparte la instrucción militar serán encargados de la devolución de los recursos económicos, de acuerdo con instrucciones y un cronograma establecidos en los respectivos recintos cuartelarios en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Novillo dejó en claro también que los comandantes o el personal militar a cargo del servicio premilitar tienen expresamente prohibido el descuento o retención por cualquier motivo del monto establecido para la devolución.

“Actualmente ya se han concluido los trámites, porque estos recursos ingresan al Tesoro General de la Nación y una vez ingresado a esa instancia para cumplir con lo que es la devolución de estos Bs 300 se debe hacer un trámite que nos ha demorado, pero ya concluyó”, mencionó.

El titular de Defensa explicó que en el trámite de devolución se asigna los recursos económicos necesarios a los comandantes de las unidades militares para que procedan a la entrega de la suma mencionada a cada premilitar.

“Yo quiero advertir y recomendar a las unidades que están encargadas de recibir a los jóvenes que están haciendo el servicio premilitar que una vez que dispongan estos recursos en forma inmediata procedan a la entrega de estos 300 bolivianos y bajo ningún argumento pueden hacer retenciones o cobrando cuotas o algo. Estos 300 bolivianos deben respetarse, no pueden abusar los comandantes ni los oficiales que están a cargo de los premilitares”, exhortó.

La autoridad gubernamental recordó que el presidente Luis Arce instruyó la devolución del dinero ante el cobro del incremento injustificado de Bs. 300 realizado durante la gestión del exministro de Defensa, Fernando López.

En ese sentido, la cartera de Defensa inició en diciembre del año pasado las gestiones respectivas ante el Ministerio de Economía para el respectivo reembolso a cada premilitar.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que la justicia imputó este viernes a Heidi Roca, ministra de Salud del régimen de Jeanine Áñez, por la compra irregular de 324 respiradores chinos. También dijo que se espera la imputación del exembajador Mohammed Mostajo por este mismo caso.

Ríos, entrevistada este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo un repaso al estado de los procesos referidos a las compras irregulares de respiradores chinos y españoles durante el gobierno de facto.

El primer caso se refiere a la compra de 324 respiradores para atender a los pacientes graves de COVID-19. La investigación determinó que en realidad no se trató de respiradores que pueden ser usados en terapia intensiva, sino de ventiladores que solo sirven para emergencias.

Además, cada equipo fue comprado en $us 30.000, pero la fábrica certificó que el costo real fue de $us 8.000.

Es decir, indicó la Viceministra, que se evidenció un daño económico superior a los $us 6 millones.

“Está implicada la exministra Heidi Roca, cuya imputación formal se ha conocido hoy y resulta que en este caso se ha comprado 324 respiradores, cuando en realidad eran ventiladores (…) de origen chino. Hay un estimado de daño económico al Estado que está oscilando en más de $us 6 millones”, informó Ríos.

Señaló que en este caso está también involucrado Mohammed Mostajo, exembajador de Ciencia y Tecnología de Jeanine Áñez.

El otro caso mencionado por la Viceministra es el referido a la compra de 170 respiradores españoles. La pesquisa descubrió que no se trató de respiradores, sino de ventiladores para uso de emergencias.

Cada equipo fue adquirido por el gobierno anterior a un costo de $us 28.000, pero luego la fábrica hizo saber que cada unidad fue vendida en € 6.600 (euros). Es decir, en este caso también se evidenció sobreprecio.

Ríos dijo que en este caso está involucrado Marcelo Navajas, exministro de Salud de Áñez.

Al respecto, la Viceministra dijo que se pidió a la justicia que la exautoridad sea procesada no solo por uso indebido de influencias, sino por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, entre otros tipos penales.

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, afirmó este viernes que es necesario asumir acciones para mejorar el acceso a la justicia para el pueblo boliviano. Hizo recomendaciones para lograr ese objetivo y comprometió asistencia técnica.

Indicó que, en el contexto actual, es necesario el trabajo en estándares éticos para conseguir la legitimidad del sistema judicial, tarea que no debe centrarse solamente en jueces y fiscales, sino también en los abogados y en los estudiantes de Derecho.

“De esta manera, podremos construir un mejor funcionamiento de la administración de justicia desde la formación de los futuros encargados de la misma”, aseguró. 

Como segundo punto, dijo que el trabajo coordinado entre instituciones es de relevancia para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por lo que comprometió apoyo técnico.

“Para nosotros, es muy importante contar con un trabajo coordinado para mejorar el rendimiento de las instituciones que prestan asistencia a la población en general y, en especial, en situación de vulnerabilidad promoviendo una justicia más ágil y eficaz”, aseveró.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia dio a conocer que brindará soporte en la aplicación de acciones de perspectiva de género en coordinación con el Órgano Judicial y el Ministerio Público. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia.

“Con todas estas acciones, se pretende que las personas gocen de su derecho de acceso a la justicia para que sea efectivo y que la población sea atendida tomando en cuenta su realidad, su diversidad y sus necesidades particulares”, sostuvo.

“Es necesario ampliar la cobertura de los servicios a la asistencia legal, mejorar las capacidades institucionales de los servicios de defensa pública, de los servicios integrales de justicia y los servicios de asistencia a la víctima para que respondan a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad”, acotó.

Las declaraciones fueron hechas este viernes en el evento de lanzamiento del proyecto “Justicia para Todos”, que tiene el objetivo de reformar la justicia en el país y aplicar medidas en la lucha contra la corrupción en un plazo de seis años. En el programa que cuenta con financiamiento de la Unión Europea, participan instituciones representantes del Gobierno, magistrados y otras organizaciones internacionales.