El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este martes que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) emitió 40 citaciones para procesos administrativos. La autoridad añadió que también se siguen cuatros procesos penales por los incendios suscitados en el departamento de Santa Cruz.

“Se han emitido 40 citaciones para procesos administrativos por parte de la ABT, cuatro ya están en procesos penales, y seguramente será la ABT, conjuntamente con la Fiscalía, la que vaya avanzando en los procesos legales que correspondan”, informó el Viceministro en contacto con radio Cepra.

Calvimontes explicó que actualmente se siguen los cuatro procesos penales por los incendios en San Matías, en el área protegida natural de Otuquis, en inmediaciones del aeropuerto Viru Viru y el último del incidente en La Guardia.

La autoridad indicó que se investigará a los responsables que provocaron los incendios y serán sancionados por afectar el medio ambiente y la biodiversidad en Santa Cruz. Asimismo, lamentó que el país deba sufrir incendios por la irresponsabilidad de algunas personas.

“Lamentablemente la inconciencia de la gente, la irresponsabilidad de algunos o el interés malicioso que tienen otros está generando esta zozobra en el pueblo boliviano, pero no solamente están generando zozobra están destruyendo nuestro medio ambiente, están matando nuestra biodiversidad”, aseveró.

La autoridad explicó que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los bomberos y otras instituciones, se logró sofocar 40 incendios a nivel nacional.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que se realizó el operativo denominado “La Raya” en el municipio de San Joaquín, provincia Mamoré (Beni), donde se secuestraron más de 440 kilos de cocaína y se logró la aprehensión de cinco personas, uno de nacionalidad brasilera.

“Anunciamos al pueblo boliviano de un operativo en la lucha contra el narcotráfico denominado Operativo 'La Raya', mismo que se realizó en el municipio de San Joaquín de la provincia Mamoré, Beni, con grandes resultados”, señaló Del Castillo en sus redes sociales.

El 31 de julio la Fuerza Aérea Brasilera informaba sobre una avioneta cargada con sustancias controladas de supuesta procedencia boliviana, por lo que las autoridades bolivianas iniciaron las investigaciones movilizando a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en tareas de inteligencia a través de los centros especializados como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) y el Centro de Coordinación de Operaciones Antinarcóticos (CCOAN).

El 5 de agosto, realizaron el operativo  logrando identificar un campamento resguardado por cinco personas que tenían armas de fuego de diversos calibres, municiones y una radio de comunicación, quienes al advertir la presencia de efectivos de la FELCN, trataron de internarse al bosque; sin embargo, fueron capturados.

El rastrillaje logró identificar dos pistas clandestinas, en la primera se secuestró una avioneta con placa alterada que contenía 140 gramos de pasta base de cocaína y en la segunda pista encontraron 400 paquetes tipo ladrillo, equivalentes a 440 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaína, marcadas con la palabra “VIP”.

“En este operativo secuestraron una avioneta valuada en más de $us 250.000, cinco armas de fuego y un equipo de comunicación, afectando al narcotráfico en $us 2.016.220”, señala un comunicado oficial.

El trabajo se realizó en el marco de la cooperación regional para la lucha contra el narcotráfico, mediante el intercambio de información con la República Federativa de Brasil, para dar con la ubicación de la pista clandestina vinculada a la avioneta intervenida por la Fuerza Aérea de Brasil hace días atrás.

“Ello demuestra que Bolivia sigue siendo utilizada como país tránsito de droga por su ubicación geográfica en Sudamérica. Sin embargo, el oportuno accionar de los policías de ambos países logró resultados importantes en la interdicción al tráfico internacional de sustancias controladas”, mencionó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este martes que a través de la Fiscalía Departamental de La Paz se concluyó con la pericia técnica sobre la funcionalidad de los 170 respiradores españoles adquiridos por el Estado boliviano durante el gobierno de Áñez, cuyo informe establece que el respirador marca “Respira Device” tiene muchas limitaciones técnicas y no puede ser utilizado en cuidados intensivos de servicio COVID-19 o no COVID.

“El Ministerio Público, en estricto cumplimiento a la labor constitucional de defensa de los intereses de la sociedad, dentro del caso denominado ‘Respiradores Españoles’, suscitado en la gestión 2020, viene desarrollando una labor exhaustiva de investigación que permita identificar a los responsables del manejo irregular del erario público, de beneficiarse y lucrar con el sufrimiento del pueblo boliviano”, sostuvo Quispe, citando en un boletín institucional.

Señaló que, entre las limitaciones técnicas identificadas en la pericia a los respiradores “Respira Device”, se advierte que no cuentan con modos ventilatorios; no tiene ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), una característica muy importante para que el ventilador detecte varios esfuerzos inspiratorios realizados por el paciente a efectos de que el médico terapista pueda pasarlo a otro modo ventilatorio como fase de destete; no tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos; y tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal, entre otros aspectos.

“En cuanto a los accesorios del equipo principal, la falta del sensor de FIO2 externo y del mezclador de oxígeno hace disfuncional a este ventilador pulmonar. Por ello, ante la inexistencia de estas características elementales, el respirador “Respira Device” no puede ser utilizado técnicamente en unidades de cuidados intensivos de servicio COVID-19 o no COVID”, aseguró Quispe.

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público dio a conocer que, en el marco de las investigaciones del caso, se tiene concluido un Dictamen Pericial en Auditoria Forense que establece la existencia del daño económico de Bs 15.495.230,00, generado en desmedro del Tesoro General de la Nación y la salud de todos.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este martes que dos de los autores del feminicidio de Nora E. V, de 16 años, fueron sentenciados a 30 años de prisión, tras un proceso abreviado.

 “Se ha podido establecer evidencia básicamente irrefutable. Dos de los investigados han decidido someterse a un proceso abreviado, asumiendo su responsabilidad en relación al caso de feminicidio, sobre ellos ya pesa una sentencia de 30 años por este caso”, explicó Choque en contacto con los medios de comunicación.

De acuerdo con el informe de la fiscal, los implicados decidieron someterse a un proceso abreviado asumiendo la responsabilidad del feminicidio que se suscitó el 7 de agosto en la comunidad Uluchi, del municipio de Colquechaca (Potosí).

Según la investigación que realizó la Fiscalía, Nora fue vista por última vez en compañía de Felipe M., Vitaliano G., y Tiburcio P. Dos de ellos ya tienen una sentencia de 30 años de prisión; en tanto, aún se investiga si el tercero tiene algún grado de complicidad.

El 8 de agosto, vecinos de la comunidad reportaron a la Policía la existencia de un cadáver que se encontraba a un costado de la carretera Uluchi - Bombori. Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue por asfixia y se evidenció que la víctima también sufrió violencia sexual.