El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), como entidad operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), efectivizó este martes la destrucción de 29.110 toneladas de semillas de contrabando, con el fin de precautelar la producción y la economía de los agricultores del país.

El director general ejecutivo del Iniaf, Juan Chura, explicó que las semillas decomisadas y destruidas corresponden a variedades de soya, girasol, frejol, maíz, sorgo, sésamo, alpiste, mijo y forraje.

"Hoy (martes) estamos realizando la quema de más de 29 toneladas de semilla (...) que no garantiza la producción agrícola, porque vienen contaminadas y no sabemos su origen. Estas semillas no nos garantizan calidad fitosanitaria, además podríamos estar introduciendo materiales vegetales desconocidos, enfermedades y plagas al país", señaló Chura.

En esa línea, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, destacó el trabajo conjunto realizado con el Iniaf y otras instituciones del Estado, ya que los operativos para frenar el contrabando de semillas fueron un éxito. 

"Hemos demostrado que el operativo conjunto con el Iniaf ha dado resultados positivos", dijo Vargas. 

A su vez, el responsable nacional de la Unidad de Control de Comercio, Ronald Mojica, explicó que la destrucción va conforme al procedimiento que señala la Norma General de Especies Agrícolas, en su capítulo IV de sanciones, artículo 15, párrafo III, que recomienda la destrucción total del material de origen desconocido y de contrabando.

En el operativo participaron representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) y autoridades del municipio de La Guardia en el departamento de Santa Cruz.

El gerente regional de la Aduana Nacional, Víctor Camacho, informó este martes que se comisó mercadería de contrabando por un valor de Bs 1.905.662 durante la última semana en el departamento de Santa Cruz.

“Gran parte de la mercancía que fue comisada son alimentos como maíz a granel, chocolate en polvo, duraznos enlatados, arroz y harina. En lo que respecta a bebidas se comisó vino y cerveza. También un ómnibus y 150 rollos de tela”, informó, citado en un boletín institucional.

De acuerdo con Camacho, el ómnibus fue intervenido e inspeccionado en un control rutinario realizado por la Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE) de la Aduana Nacional. 

El motivo del comiso, dijo, fue que el motorizado tenía el chasis remarcado, es decir que fue alterado y, por lo tanto, es ilegal. 

“El valor de la flota es de más de Bs 1,3 millones”, mencionó.

Además, en un operativo coordinado de la UCOE con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (Iniaf) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), cinco camiones cargados de maíz a granel fueron detenidos e inspeccionados en la avenida Doble Vía La Guardia. 

“Este grano es de procedencia argentina e ingresó al país sin registro sanitario y las autorizaciones debidas. El valor de la mercadería ilegal supera los Bs 350.000”, añadió. 

Respecto a los alimentos, mencionó que se comisó 1,8 toneladas de chocolate en polvo marca Toddy de origen brasileño, con un valor de más de Bs 35.000. Asimismo, arroz, harina y cerveza de procedencia argentina que fueron valuadas en casi Bs 169.000. 

Vino y duraznos enlatados argentinos ingresaron al país de manera ilegal, al igual que paquetes de cerveza brasileña sin registros ni autorizaciones para su legal importación. Toda esta mercancía ilícita fue valuada en casi Bs 46.000.

Finalmente, en un allanamiento realizado gracias a labores de inteligencia de la UCOE y las Fuerzas Armadas se comisó 150 rollos de tela con un valor de Bs 34.570. 

De acuerdo con datos oficiales, en el departamento de Santa Cruz se ha comisado este año mercadería de contrabando por valor de Bs 94.356.218, a través de 1.055 operativos. 

Entre las principales mercancías comisadas estuvieron las bebidas alcohólicas, con un precio de más de Bs 22 millones; vehículos, con un valor mayor a los Bs 17 millones; electrodomésticos (línea blanca, línea negra), por un costo de casi Bs 12 millones de bolivianos; alimentos, por valor de cerca de Bs 6 millones; prendería (ropa usada y ropa nueva), con un costo de aproximadamente Bs 4,5 millones; y medicamentos con un valor superior a Bs 2,2 millones.

Ante la proximidad de celebrar Año Nuevo, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) ejecuta operativos de control a la venta de carne de cerdo en mercados y centros de abasto del departamento de La Paz, con el fin de precautelar la salud de la población.

El Banco Central de Bolivia (BCB), mediante un comunicado, desmintió este martes una supuesta “ola de despidos” al interior de esa entidad y calificó de “falsas, tendenciosas e infundadas” las publicaciones de ese tipo. 

“El BCB comunica a la opinión pública que, ante la difusión en medios de prensa de un ‘supuesto comunicado de servidores públicos de esta institución, que circula en redes sociales en relación a una ola de despidos’, rechaza el mismo por ser falso, tendencioso e infundado”, se lee en la nota.

El ente emisor señaló que la incorporación de todo servidor público, que actualmente desempeña sus labores en el BCB, se realiza en estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en al artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 1670, normativa conexa y cumpliendo todos los reglamentos y manual de puestos de la institución. 

“Se debe mencionar que, durante la actual gestión, a diferencia de la política discrecional en recursos humanos del gobierno de facto, se implementaron políticas de incorporación de personal orientadas a contar con profesionales idóneos, priorizando la equidad de género y la inclusión de jóvenes en el servicio público”, remarcó.

Por lo tanto, el BCB desmintió ese tipo de publicaciones que circulan en redes sociales, que buscan dañar la imagen y credibilidad del ente emisor.

Asimismo, reafirmó su política de contar con personal calificado y brindar todas las garantías y beneficios laborales que ofrece la ley a los servidores públicos.