El Ministerio de Economía y Finanzas desmintió este jueves que el acuerdo firmado con el sector del autotransporte, que otorga seis meses de gracia a los prestatarios, sin el pago del capital ni interés, atenta contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmiente el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero, reitera a las Entidades de Intermediación Financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población boliviana y las convoca a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”, señala un comunicado de esa cartera de Estado.

Ante los pronunciamientos emitidos por distintas asociaciones que aglutinan a diferentes entidades de intermediación financiera que rechazan el acuerdo, El Ministerio de Economía afirmó que el documento suscrito  viabiliza la posibilidad de que se otorgue un periodo de gracia de seis meses para que los prestatarios puedan reprogramar o refinanciar sus operaciones, extendiendo el plazo, manteniendo la misma cuota y tasa de interés.

De acuerdo con esa cartera de Estado, el acuerdo es una “apuesta decidida” para recuperar y reafirmar la cultura de pago característica del pueblo boliviano, además de un proporcional apoyo a quienes fueron afectados por la pandemia del COVID-19, para que puedan sostener y dar continuidad con los proyectos basados en financiamientos. “En este contexto es necesario el concurso tanto del Gobierno Nacional como del Sistema Financiero”, refiere el comunicado.

Las determinaciones asumidas en el acuerdo suscrito con el sector del autotransporte se amparan en lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), artículo 330, el cual faculta al Gobierno a regular el Sistema Financiero sobre la base de criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, apunta el Ministerio de Economía.

“Del mismo modo, se recuerda a las Entidades de Intermediación Financiero que la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en su artículo 4, dispone que los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”, indica.

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Juan Yujra, afirmó este jueves que el acuerdo que otorga seis meses de gracia a los prestatarios, sin el pago del capital ni interés, no representa “ninguna amenaza para el sector financiero”.

“El hecho de no percibir ingresos durante estos meses de gracia, representa una limitación a la contracción, pero no al punto de ocasionar una amenaza sobre el sector financiero”, señaló en una entrevista con el programa ‘180 Minutos de Periodismo' difundido por radio Illimani.

Horas antes, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) rechazó el acuerdo firmado entre la dirigencia del transporte y el Gobierno nacional porque –en su juicio- constituye, en la práctica, un nuevo diferimiento de seis meses más, “lo cual representa un duro golpe al sistema financiero y pone en peligro su estabilidad, dada la heterogeneidad de las entidades que lo componen”.

Al respecto, el director de la ASFI recordó a la Asoban que a partir de la promulgación de la Ley de Servicios Financieros “la actividad financiera es una función social”.

“Es una función social y corresponde que las entidades asuman este papel y mucho más en una coyuntura tan difícil como la que estamos atravesando. La banca debe  ser empática con la población, la ciudadanía y los clientes”, manifestó.

Yujra sostuvo que la labor de la ASFI es “revertir esa perspectiva de negocio que tenía el sector financiero” y hacer cumplir la función social que establece la ley.

Organizaciones económicas campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y universidades del país definieron una agenda conjunta para reactivar la agricultura familiar, abrir nuevos mercados y lograr la transformación de la materia prima, según informaron sus dirigentes.

Con ese objetivo se reunieron la COB, la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC), la Red de Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales (ROPAF) y UNABENI, una asociación de productores del norte de La Paz.

En ese encuentro, manifestaron la importancia de trabajar en alianza, con investigación, tecnología y aprovechar el Decenio de la Agricultura Familiar Campesina Indígena Originaria e Intercultural de Bolivia 2019 - 2028, respaldado por las Naciones Unidas.

“Estas propuestas de reactivación de proyectos productivos vamos a incorporar en el pliego petitorio que presenta la COB al Gobierno (…) y así apoyar a los productores que hoy vienen tropezando con lo que es la pandemia”, informó el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi.

La COB expresó su total respaldo a la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar, por lo que participará en el proceso de socialización y validación que se desarrollará en las siguientes semanas.

“Para la ROPAF - CIOEC Bolivia es satisfactorio poder contar con el respaldo de la entidad más importante del país como es la COB, vamos a seguir trabajando para la reactivación de las unidades productivas”, destacó por su parte el presidente de la coordinadora campesina, René Rojas.

El acuerdo que alcanzaron el Gobierno y los sindicatos del transporte público dio tranquilidad a los diferentes sectores económicos del país que comenzaron a reactivar sus actividades, afirmó este jueves el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

"Si hay una preocupación en el pueblo boliviano en el momento actual, aparte de la pandemia provocada por el COVID-19, es la recuperación económica (…) Nosotros saludamos que el Ministerio de Economía, ASFI y los transportistas hayan arribado a un acuerdo, porque eso va a permitir volver a trabajar con tranquilidad", dijo.

El miércoles el Ministerio de Economía, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el sector del transporte firmaron un acuerdo que otorga seis meses de gracia a los prestatarios, sin el pago del capital ni interés.

Ese convenio extinguió un posible paro nacional y favorece a todos los prestatarios que se acogieron al diferimiento de créditos: micro y pequeños empresarios, artesanos, gremiales y otros.

"Ahora más que nunca tenemos que trabajar los bolivianos para recuperar los más de 250 mil empleos que se han perdido por causa de la cuarentena", señaló Rodríguez.