El Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordina con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía las medidas de bioseguridad que se aplicarán en los recintos electorales y la custodia permanente del material electoral que se utilizará en las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

La tarea se desarrollará antes, durante y después de la jornada electoral con el objetivo de garantizar la seguridad de los materiales electorales. En ese marco, se activa la “cadena de custodia”, que se constituye en la seguridad aplicada al material electoral en sus etapas de producción, almacenamiento, revisión, clasificación, distribución y retorno.

El traslado del material electoral, entre los cuales se encuentran boletas de sufragio, actas de cómputo y otros, desde la planta de producción hasta el Centro de Operaciones Logísticas (COL) del TSE y a los Centros Departamentales de Logística (CDL), lugar de operaciones de los TED, la custodia se hará con la custodia de la Policía o las FFAA.

El traslado de todo el material electoral, tanto en el ámbito urbano como rural, se realizará en vehículos autorizados, con la respectiva escolta policial.

En las ciudades, el recojo de maletas y bolsas de recinto (una por cada mesa de sufragio) se debe realizar hasta 24 horas antes del día de la votación. En el área rural, la entrega de las maletas electorales a notarios electorales se realiza mínimamente con 48 horas de anticipación a la jornada de sufragio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, convocó este jueves a los médicos que rechazan la Ley de Emergencia Sanitaria y mantienen el paro de actividades en el servicio público de salud a optar por el diálogo con las autoridades por tiempo y materia.

Un sector de los médicos inició el viernes la medida de presión contra la ley que establece acciones en la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre ellas el control a clínicas privadas, la estandarización de precios de medicamentos y la inmunización masiva y gratuita. Los galenos demandan la abrogación de la norma porque consideran que el contenido atenta a sus derechos.

“El encargado de activar esta reunión es el Ministro de Salud (Jeyson Marcos Auza Pinto). Así lo establece esta normativa. Esperamos que pueda convocar, porque tenemos conocimiento que con la llegada de este medio millón de vacunas ayer está movilizado, pero considero que deberían reunirse cuanto antes, incluso este fin de semana para avanzar, porque las organizaciones sociales nos pidieron que sea por tiempo y materia”, sostuvo el presidente Mamani en relación a la elaboración del reglamento de la norma.

El Estado Plurinacional recibió la mañana del miércoles un lote de 500.000 vacunas Sinopharm contra el COVID-19. De ese total, 400.000 son de adquisición del Gobierno nacional y 100.000 de donación. Con las dosis, culminará la inmunización para todo el personal de salud en el país y comenzará en marzo la vacunación masiva a la población.

“A los médicos que están acatando el paro, quiero llegar a su sensibilidad. Tengamos algo de humano, porque no estamos en este momento para estas diferencias. Estamos haciendo como Gobierno todos los esfuerzos posibles para traer los antígenos, las vacunas para inmunizarlos; la prioridad son los hermanos médicos”, indicó.

El miércoles de la semana anterior, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la ley que incluye las modificaciones a los artículos 17, 19 y 28 referidos a casos de medicamentos e insumos, prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico. El contenido fue consensuado en un acta de entendimiento entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud.

Sobre ese antecedente, Mamani aseguró que no existe motivo alguno para las protestas y que las medidas de presión solo atentan contra la salud y la vida de los bolivianos en época de pandemia.

El candidato a la Alcaldía de Tarija por el MAS-IPSP, Rodolfo Meyer, garantizó renovación y recursos económicos para proyectos de desarrollo gracias a la coordinación con el Gobierno; mientras que el postulante Richard Rocha, de la agrupación “Tarija para Todos”, criticó el despilfarro de las últimas gestiones ediles.

Ambos aspirantes acudieron este miércoles al programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales.

Meyer cuestionó que la Alcaldía de Tarija fue manejada 20 años por sectores neoliberales que no invirtieron bien en la época de bonanza económica, tampoco lograron diversificar la economía local y mantuvieron su dependencia a los recursos del gas natural.

Ante ello, dijo que solo el MAS-IPSP garantiza la llegada de más recursos económicos y obras de desarrollo a Tarija, ya que se mantendrá una coordinación estrecha con el Gobierno nacional.

 “Nosotros estamos planteando iniciar un nuevo ciclo político (…). Nosotros estamos garantizando esos recursos y creo que esa renovación es lo que el pueblo de Tarija está esperando”, manifestó.

Meyer propuso el impulso a proyectos para garantizar agua potable y alcantarillado para la urbe tarijeña, un hospital municipal, la implementación local del programa Mi Salud, para que estos servicios lleguen a la gente, así como la aprobación de la Carta Orgánica Municipal.

A su turno, el candidato Richard Rocha cuestionó a las actuales autoridades municipales por las promesas incumplidas y por la ejecución de obras de alto precio y baja eficacia, como el “puente millonario”.

“Tenemos que desplazar a la gente que no invirtió bien” en los últimos años, mintió y ahora quiere volver a la Alcaldía, sostuvo.

Indicó que, si llega a la Alcaldía, impulsará un proyecto de renovación donde la salud será el pilar fundamental, además de que apoyará proyectos de turismo y tecnificación del agro.

También indicó que se descentralizará catastro en tres zonas.

El postulante Jhonny Tórrez, de la agrupación Unidos, fue invitado al programa televisivo, pero no consiguió conectarse por los medios digitales, dijo la presentadora de BTV.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de ley que determina un plazo para la implementación de herramientas tecnológicas de interoperabilidad en el marco de la Ley N° 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, presentó el anteproyecto de ley e informó que la implementación de herramientas tecnológicas de interoperabilidad logrará que el Órgano Judicial se interconecte con diferentes bases de datos del sistema estatal, a fin de emitir una justicia de calidad.

“La interoperabilidad le va a permitir al juez tomar decisiones de verdad. En una audiencia cautelar, se tiene que detener a alguien, porque no se tiene acceso a la información de Derechos Reales, a la información de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) o a la información de Impuestos. Parece que el ciudadano tiene que llevar una larga lista de documentos (físicos)”, explicó la autoridad gubernamental.

La norma plantea la creación de una subcomisión técnica interinstitucional para conocer la información sobre el estado de avance y dar las recomendaciones que coadyuven en la implementación de los sistemas en los municipios donde existen dos o menos asientos judiciales.

El proyecto de Ley establece un plazo de 150 días calendario para la implementación de herramientas tecnológicas de información y comunicación (TIC’s), así como los sistemas informáticos de interoperabilidad establecidos en la Disposición Transitoria Novena y la Disposición Final Cuarta de la Ley 1173.

Para el cumplimiento del plazo de esta implementación, la Subcomisión Técnica Interinstitucional de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia será la instancia encargada del desarrollo e implantación de un sistema digital integrado que contemple la disponibilidad, confidencialidad, integridad de la información y su interoperabilidad bajo coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).