"Pido que se sentencie a Jeanine Áñez, que se haga justicia (…). Ahora tengo un trauma, veo policías y tengo miedo", manifestó Lidia Mamani este miércoles en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.

Entre lágrimas, la entrevistada recordó que el 1 de mayo de 2020 fue detenida y golpeada por cuatro policías a la altura del puente Vela en la ciudad de El Alto, donde había bloqueos. El grupo de efectivos la interceptó sin motivo mientras esperaba a su esposo en la puerta de una farmacia. 

"Me agarraron del cabello, me trataron de lo peor", recordó. Luego de un profundo suspiro, continuó y dijo que luego fue trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y posteriormente a la cárcel de Obrajes, donde estuvo encerrada por tres meses, injustamente.

"Antes de encarcelarme. Me quitaron mi cartera, dentro estaba el bono de mi hijo y el dinero que gané vendiendo. Al ver la plata, los policías me gritaban: ‘Vos eres dirigente pagada, delincuente’. Llorando les respondía que no era cierto y les suplicaba que no me quieten", contó.

Para que obtenga su libertad, sus familiares tuvieron que pagar alrededor de $us 3.000 a un abogado. Tras salir del centro penitenciario no sólo se encontró con esta deuda, sino también con el alquiler de la casa donde vive. 

Las agresiones de los policías y la cárcel le generaron un fuerte trauma, tanto que ahora hasta teme salir a las calles; sin embargo, sus tres hijos le llenan de valor para superar el pasado y salir adelante.  Ante esa situación, Lidia imploró justicia y pidió apoyo con víveres para su hogar.

Eliseo Torrez fue a recoger a su esposa que vendía pescado en el sector de puente Vela de la ciudad de El Alto, actividad que ayudaba a solventar en algo de los gastos de la familia en plena pandemia, cuando la policía comenzó a gasificar y todos escaparon. Él fue confundido y detenido, ahí comenzó su calvario de insultos, golpes y torturas.

“Nos llevaron a la FELCC y me encerraron en una celda de dos por dos con quince personas sin tener espacio para dormir ni sentarse, todo el tiempo nos golpeaban, nos decían malas palabras, indios de m.., salvajes, masistas, ¿a qué han salido?, ¿ahora quién les va a sacar?", relató.

Luego de tres días sin recibir alimento ni atención médica, fue a su audiencia donde determinaron su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, sin prueba alguna.

“En la cárcel me cobraban por todo, incluso engañaron a mi esposa con 500 bolivianos y todo el tiempo le pedían plata y cinco bolivianos para recibir una bolsita de comida, monto de dinero que día a día se sumaba”, testimonió Eliseo.

Tras dos meses de detención, obligaron a todos los detenidos a firmar un documento y someterse a un proceso abreviado para lo cual se prestó dinero.

“Yo no pensé pasar eso, la Fiscalía me acusó de masista, ahora estoy arraigado con tres años de sentencia, quiero que se anule, yo iba a Chile a procesar tomates, me ganaba poquito más, ahora no puedo ni salir, no hay recursos económicos para sustentarnos, cinco hijos tengo. Pido que quiten mis antecedentes y resarzan los gastos que hice", solicitó en entrevista en el Programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

En la centésima tercera Sesión Ordinaria, el pleno de la Cámara de Senadores, sancionó el proyecto de ley que modifica la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente, modificada por la Ley N° 1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes.

La norma contempla dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.

El artículo 2, de modificaciones e incorporaciones, señala la modificación del artículo 84 de la Ley N° 584 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente, modificada por la Ley N° 1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación Procesal para garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la modificación de los incisos b) y h) del parágrafo I e incorporación de los parágrafos VI y VII, según señala un boletín institucional.

El inciso b) modificado amplía de 55 a 60 años la edad para los solicitantes de adopción en caso de parejas casadas o en unión libre, y en el inciso h) se incorpora la solicitud de certificado de preparación para madres o padres adoptivos.

Además, el parágrafo VI establece que a efectos del cumplimiento del inciso h), el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaborará los lineamientos de los contenidos mínimos para el diseño e implementación de cursos presenciales y/o virtuales para la preparación de madres y padres adoptivos, que deberán ser evaluados periódicamente.

La modificación incluye también al artículo 183 de la Ley N° 548, con la incorporación del parágrafo II Para el cumplimiento de la atribución establecida en el inciso h), las Instancias Técnicas Departamentales deberán implementar cursos presenciales o virtuales de preparación para madres y padres para la adopción nacional conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Asimismo, se modifica el parágrafo V del artículo 251, se modifica e incorpora los parágrafos IV y V del artículo 87, ambas de la ley N° 548, añade el reporte de prensa.

En su disposición primera, la norma establece que el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en un plazo de 30 días luego de la publicación de la presente ley elaborará e implementará un plan de capacitación para los Juzgados Públicos en materia de niñez y adolescencia, y Juzgados que conozcan de esta materia, sobre los mandatos establecidos en la Ley N° 548, modificada por la Ley N° 1168 y la presente norma.

Las disposiciones adicionales también señalan que los jueces públicos en materia de niñez y adolescencia, bajo responsabilidad, deberán concluir el proceso judicial correspondiente en el plazo de hasta tres meses, y que, en caso de que los juzgados en materia de niñez y adolescencia verificaran que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia incurran en retardación indebida de los procesos de filiación judicial y extinción de autoridad materna o paterna, tendrán que remitir antecedentes a sus máximas autoridades ejecutivas para que se establezca la responsabilidad y acciones legales correspondientes.

La disposición final señala que la aplicación de la presente norma no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles que la vacunación contra el COVID-19 de policías de los sectores activos y pasivo comenzará mañana jueves, en coordinación con la Caja Nacional de Salud.

“A partir del día 22 de abril, el día de mañana, ya empezamos a vacunar a los efectivos policiales tanto del sector activo como del sector pasivo”, dijo en el lanzamiento de un plan de salud policial con miras a la prevención de nuevos contagios en la tercera ola de propagación del virus.

Según Del Castillo, el proceso de inoculación comenzará con los efectivos policiales que tengan más de 60 años de edad.

La autoridad gubernamental recordó que la Policía Boliviana fue la primera institución estatal en aplicar medidas preventivas en la lucha contra el COVID-19.

Dijo que las medidas aplicadas dieron resultados “muy óptimos”, por lo que ahora está muy lejos de alcanzarse la cifra de 180 muertes de policías durante la primera ola de contagios.

“Creo que estamos preparados para enfrentar la tercera ola dentro de la familia policial”, enfatizó.

El titular de Gobierno agregó que el plan policial de salud será complementado con campañas internas de concienciación y salud mental, así como la compra y distribución masiva de medicamentos, entre ellos la Ivermectina.

“Esto sólo se debe a que existe una coordinación plena entre todas y cada una de las instituciones del Gobierno nacional, en este caso de la Policía Boliviana con la Caja Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y diferentes instituciones”, agregó.

La autoridad estatal manifestó, por último, que la clínica de la entidad del orden que se construye en la ciudad de La Paz tiene un 29% de avance, por lo que se espera que su inauguración se realizará en octubre de 2022 tras una inversión de Bs 29 millones en la infraestructura y más de Bs 50 millones en equipamiento.