El presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senador, Rubén Gutiérrez, aseguró que esta instancia legislativa centra esfuerzos en la transformación de la administración de la justicia boliviana.
Indicó que, para ello, se apunta al diseño de una política criminal, que priorice la prevención del delito, la investigación, la sanción y la represión.
“El rostro más débil de la administración de la justicia en el país, efectivamente, es el ámbito del derecho penal, ahí tenemos que trabajar en normas, en un nuevo diseño, un perfil de operadores de administración de justicia, basado en la honestidad y probidad”, apuntó.
Dijo que en el tema normativo para esta gestión 2022, en concreto, se tiene previsto realizar ajustes a la Ley 348, que “debe aplicarse con perspectiva de género”; abordar el tema de agravar la pena por el delito de prevaricato no sólo a cinco, sino a 20 años de presídium e inhabilitación en la función pública y otras propuestas de ley, como la sumatoria de penas.
“Abrir la Constitución, pasa por una reforma de la Constitución. Desde mi punto de vista, podemos ir avanzando en la constitución y los convenios y tratados internacionales que nos permita fácilmente poder diseñar una política criminal”, resaltó.
Hasta el momento, la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que los sentenciados fueron liberados, creada por instrucción del presidente Luis Arce, posibilitó la recaptura de seis sentenciados, además de desarticular consorcios de jueces, fiscales y abogados, que negociaban con la justicia.
“Necesitamos la formación de jueces y hay que institucionalizar para todo el país, hay que limpiar la casa de aquellos malos operadores de la administración de la justicia; pero también ajustar códigos y procedimientos. En fin, hay mucho trabajo que realizar en la transformación de la justicia que hemos encarado para este 2022”, acotó.