Varias organizaciones jurídicas y de Derechos Humanos presentaron dos denuncias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2019, informó este miércoles la representante Camila Barreto Maia.
Barreto, coordinadora internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Argentina, informó que las denuncias fueron presentadas en 2020 junto la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM).
Esas organizaciones denunciaron al Gobierno de facto de Jeanine Áñez por ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos.
Las acusaciones, presentadas ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y ante el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas obtenidas por organizaciones bolivianas y extranjeras, según indicó la representante.
“La abundante evidencia enviada da cuenta de que tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales, con armamento letal, reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala”, indica parte de la denuncia efectuada.
“El 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez firmó un decreto para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas. No se brindó atención médica a las víctimas de la represión. Al contrario, en las dos masacres, los recuentos de testigos relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos. La violencia continuó en los hospitales: las víctimas fueron acosadas por policías y por el mismo personal de salud, que las humilló por su supuesta afinidad con el MAS y con ofensas racistas”, añade el informe.
Barreto indicó, en entrevista con el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, que las instancias de la ONU ya solicitaron informes oficiales al Estado boliviano respecto a las masacres, y que difundieron las denuncias en sus portales informativos.