El presidente Luis Arce destacó este sábado que el sistema financiero del departamento de Chuquisaca se mantiene sólido.

“¡El sistema financiero se mantiene sólido en Chuquisaca!”, manifestó por medio de un mensaje de Twitter.

De acuerdo con el mandatario, los ahorros de los chuquisaqueños en la banca crecieron 5%, de $us 430 millones en marzo de 2020 a $us 452 millones en marzo de 2021. El 83% se mantiene en moneda nacional.

Hasta marzo de 2021, también los créditos mostraron un gran desempeño. Son 6.119 las familias beneficiadas con los créditos de vivienda social y 45.230 los emprendedores que accedieron a préstamos productivos en Chuquisaca.

El departamento de Chuquisaca es uno de los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Su ciudad principal es Sucre, sede del Poder Judicial y capital histórico-constitucional de Bolivia.

Está ubicado en el centro sur del país, limitando al norte con el departamento de Cochabamba, al este con el departamento de Santa Cruz y Paraguay, al sur con el departamento de Tarija y al oeste con el departamento de Potosí. Con 51 524 km² es el segundo departamento menos extenso, por delante de Tarija.

El departamento cuenta con una población de 581 347 habitantes, según el Censo del Instituto Nacional de Estadística de 2012.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, informó este viernes que se perfora cerca 150 pozos para proveer de agua a las comunidades de la zonas del Chaco y la Chiquitania durante la época de sequía.

“En las zonas del Chaco, en las zonas de la Chiquitania nosotros estamos trabajando duro en cuestiones de perforación de pozos, más o menos unos 150, para diferentes comunidades para prever de que si viene el período de sequía”, manifestó, en una entrevista con Bolivia TV.

La autoridad estatal explicó que se espera que los habitantes de las regiones beneficiadas cuenten con la suficiente provisión de agua que es vital para el consumo humano y la producción agrícola.

De acuerdo con Gonzales, el cultivo de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía tiene una recuperación rápida, luego de que durante el régimen de Jeanine Áñez tuvo una mala gestión y no hubo atención para ese rubro.

“Hay unas bases pre establecidas tanto en las más de 800 unidades productivas que hay en el sector que alimenta al país y también en la agroindustria”, complementó.

Asimismo, Gonzales indicó que los resultados alcanzados en la producción de alimentos hace posible que el “país tenga cuerpo para sobrellevar” los casos de arremetidas o crisis climatológicas.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este viernes que se aprehendió a cinco súbditos chinos y nueve bolivianos implicados en la explotación ilegal de oro en la localidad San Juan Unidos del municipio de La Asunta del departamento de La Paz.

“Han sido aprehendidos cinco ciudadanos de nacionalidad china y nueve bolivianos que estarían implicados en lo que es la extracción ilegal de mineral”, manifestó en una conferencia de prensa.

Según Ríos, el trabajo fue realizado por un contingente de 19 policías que llegó al lugar para verificar la existencia de la actividad ilícita, en respuesta a denuncias presentadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el delito de explotación ilegal de recursos minerales.

Los efectivos de la entidad del orden, agregó, encontraron dos palas cargadoras y cuatro volquetas en el sitio de extracción ilegal, cerca del río Bopi, así como un retén rústico y un campamento.

El jefe policial manifestó que la investigación del caso continuará para determinar si existen cómplices de los aprehendidos.

“Esto va a ser parte de las investigaciones que realicemos tanto por parte de la Policía Boliviana”, añadió.

La directora de la AJAM, Brenda Lafuente, explicó que las denuncias del caso fueron presentadas a esa entidad el 30 de septiembre de 2020, por la comunidad San Juan Unidos, el 28 de octubre de 2020, y finalmente el 5 de noviembre y el 14 de diciembre de 2020, por parte del Gobierno Municipal de La Asunta, pero no fueron atendidas por las autoridades del régimen de Jeanine Áñez.

“Las denuncias han sido presentadas al señor Alvaro Herbas Huayllas, quien era la máxima autoridad ejecutiva de la AJAM y que no atendió ninguna de las denuncias presentadas”, aseveró.

La autoridad estatal manifestó que los implicados serán pasibles a recibir condenas de privación de libertad de cuatro a ochos.

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, felicitó a la Policía Boliviana por el éxito del operativo y mencionó que se cuenta aún con denuncias de explotación ilegal de oro en los departamentos de Beni y Pando y el Norte de La Paz.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que, a través del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, el 5 de marzo de 2021 atendió la solicitud de la Asociación de Cabañas del Río Piraí para otorgarle apoyo con medidas de reactivación para su sector.

Al respecto, se hizo conocer que, en el marco del Decreto Supremo N° 2055 del 9 de julio de 2014, el citado sector es considerado dentro del ámbito productivo, por tanto, puede acceder a créditos con tasas de interés anuales reguladas: Micro Empresa (11,5%); Pequeña Empresa (7%); Mediana Empresa (6%); y Gran Empresa (6%).

El Ministerio realizó esa aclaración debido a que, el 20 de mayo, el representante de la Asociación de Cabañas del Río Piraí, Freddy Contreras, se quejó por falta de respuesta a su solicitud, según señala un reporte de prensa institucional.

Asimismo, se aclaró a la Asociación de Cabañas del Río Piraí que, en caso de no contar con una garantía para beneficiarse de un crédito productivo, pueden acceder al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo (FOGACP), el cual tiene como propósito otorgar cobertura de garantías para operaciones de Microcrédito y Crédito PYME, destinadas al sector productivo hasta el 50%, incluidas operaciones de crédito para el financiamiento del sector turismo y producción intelectual.

También, se hizo conocer que el turismo, por ser parte del sector productivo, es un sector priorizado por el Gobierno, por cuanto, las entidades de intermediación financiera deben colocar hasta el 60% de su cartera en este tipo de créditos, añade el reporte.