Hay indicios de que el fuego en San Matías y Roboré se habría iniciado en una hacienda y que personas sospechosas en una camioneta blanca habrían propagado el fuego, informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo que se investiga esas versiones mientras los focos de calor se redujeron de unos 600, la primera semana de agosto, a 147.

La autoridad, en conferencia de prensa desde Santa Cruz, dijo que tras reunirse con las autoridades militares, civiles y regionales se determinó “ajustar” el plan de mitigación de incendios, que incluye el envío de más equipo pesado, otro helicóptero Superpuma y la aplicación de una estrategia para realizar cortes y “encerrar al fuego”.

“La comunidad de Candelaria es la más afectada, la más crítica en este momento. En esa comunidad se tuvo el inicio de los incendios los primeros días de agosto y se habría iniciado en una hacienda, eso es lo que podemos adelantar, de manera general, los indicios que se tienen referente al inicio de este hecho de incendio”, dijo.

Sin embargo, informó de que existen versiones de que “habrían sido gente extraña que, habrían visto, en una camioneta blanca prender fuego y darse a la huida”, dijo la autoridad, quien aclaró que estos indicios son indagados para comprobar su veracidad.

Indicó que se solicitó que continúen los “patrullajes forestales y ecológicos por parte de las FFAA en toda la zona y procuren sorprender in fraganti a la persona que estuviera provocando estos fuegos, estos focos de calor, estos incendios que generan un grave daño a la vida y al medio ambiente”.

Novillo explicó que, tras un sobrevuelo a las zonas afectadas, se determinó que se dispondrán de tractores orugas y niveladoras con el fin de cavar cercos que impidan el avance de los incendios para así “encerrar al fuego”. Además, se incorporará otro helicóptero Superpuma a las tareas de mitigación del fuego.

Informó que también se dispuso la transferencia de Bs 6 millones a las FFAA para garantizar el combustible para la maquinaria y aeronaves que combaten el fuego. Esos recursos también serán destinados a la alimentación y viáticos del personal destinado a combatir el fuego.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este lunes que el Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio registrado en la comunidad Uluchi, del municipio de Colquechaca, y detalló que la víctima fue identificada como Nora E.V. de 16 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en la carretera luego de haber sido estrangulada.

La autoridad judicial explicó, además, que los principales sospechosos son Tiburcio P.T. de 26 años de edad, Felipe M.M. de 21 años y Vitaliano G.Q. cuya edad no fue informada, quienes actualmente se encuentran en calidad de aprehendidos a la espera de la definición de su situación procesal.

“Como Ministerio Público, se dio inicio con la investigación de este nuevo caso de feminicidio y se realizó el registro del lugar donde se encontró el cuerpo de la menor, el levantamiento legal del cadáver y la toma de declaraciones a testigos y presuntos implicados. También se logró capturar a los presuntos autores del delito, mientras ellos consumían bebidas alcohólicas en un domicilio particular de la comunidad. Aparentemente los sospechosos serían conocidos de la víctima”, dijo, citada en un boletín institucional.

Según la declaración de algunos testigos, Nora fue vista con vida por última vez en compañía de esos tres sujetos el 7 de agosto por la noche, cuando consumían bebidas alcohólicas en el interior de un motorizado.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Juan Ramón Jiménez, explicó que el 8 de agosto de 2021, cerca de las 07.00, los vecinos de la comunidad de Uluchi reportaron a la Policía la existencia de un cuerpo sin vida de sexo femenino que se encontraba a un costado de la carretera Uluchi – Bombori, por lo que él, un médico forense y efectivos policiales, se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro médico de Uluchi donde el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la autopsia de Ley, que estableció como causa de muerte anoxia cerebral, compresión cervical intrínseca y asfixia mecánica por estrangulamiento manual, con data de muerte de entre cinco a seis horas.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este lunes que se investiga el feminicidio de una joven, quien fue desmembrada y semienterrada; las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver el pasado domingo en la localidad de Lomas Centellas, del municipio de Porongo, en Santa Cruz.

“Se está investigando conjuntamente con la Policía, con la FELCV (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia). Queremos ser responsables al momento de informar, con más seguridad, por eso se ha realizado, en la autopsia, las pericias correspondientes”, indicó Mariaca en contacto con Red Uno.

El Fiscal detalló que el cuerpo de la víctima tiene tatuajes que podrían ayudar a identificarla, por lo que aún se trabaja en ello.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velasco, indicó que, según las investigaciones, la víctima tendría entre 25 a 30 años de edad, con evidentes signos de violencia extrema, que desencadenaron en el desmembramiento de sus manos y pies.

El cuerpo de la joven será sometido al examen forense y los efectivos de la FELCV esperan identificarla por los tatuajes.

La FELCV y la fiscalía realizan una investigación exhaustiva para dar con el autor o autores de ese feminicidio en el departamento de Santa Cruz.

El abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, informó este lunes desde Estados Unidos (EEUU) que el proceso contra el exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, abre la posibilidad para nuevos procesos judiciales.

“Esto es parte de una historia muy complicada, de un año muy duro y ojalá abra la puerta para más juicios. Bueno, para la justicia de todas las víctimas”, dijo el abogado estadounidense en entrevista con Bolivia Tv en Miami, en relación al Gobierno de facto.

Murillo se encuentra preso en EEUU desde mayo de este año. Es investigado por un caso de soborno y lavado de dinero por gestionar la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Becker dijo que el caso de Murillo es sólo uno de los muchos vinculados a hechos ilícitos que se registraron durante el régimen de Áñez, sobre todo, aquellos vinculados a la vulneración de derechos humanos.

Durante 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país. Uno de esos escenarios fue la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, donde 10 personas fallecieron como consecuencia de una intervención de las fuerzas combinadas entre Policía y Fuerzas Armadas (FFAA).