El expresidente Evo Morales reveló que días antes que se ejecute el golpe de Estado de 2019, el Alto Mando Militar le solicitó que compre balas, solicitud que fue negada de inmediato. Luego, uniformados sacaron armas en ambulancias de la Casa Grande del Pueblo para dejarla desprotegida ante el asedio de civiles. Días después, Jeanine Áñez tomó el poder y se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata.

Esa revelación fue expresada este domingo durante una entrevista con radio Kawsachun Coca en la que Morales recordó que renunció a la presidencia del país para evitar más muertes, para evitar torturas, persecuciones y quemas de casas de diputados, alcaldes, gobernadores y familiares que eran atacados por seguidores de los golpistas.

“Faltando 10 días para el golpe, el mando militar me ha pedido una reunión solo conmigo, sin el Vicepresidente o Ministro de la Presidencia o de Defensa (…) Nos hemos reunido y algún comandante dijo ‘la bala que tenemos solo nos va a durar horas’, algo así. Es decir (querían) que yo compre balas para que me defiendan como Presidente pero matando al pueblo. Yo no voy a comprar balas contra el pueblo. Si es que hay que comprar balas, armamento, es para defender el territorio”, indicó.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, añadió: “El pueblo boliviano sabe que luchamos siempre por la vida y que elegimos la paz y la democracia para llegar al poder, y desde allí gobernamos pensando solo en intereses de la patria, que siempre nos apoyó, nunca en armamento. El mundo sabe que ni siquiera teníamos balas en Nov-19”.

En la entrevista radial, comentó que recibió informaciones de “militares patriotas” quienes le indicaron que días antes del golpe de Estado, los uniformados dejaron desprotegida la Casa Grande del Pueblo de forma premeditada, sacaron en ambulancias el armamento de protección de esas instalaciones con el fin de “entregar” a Morales a los civiles, seguidores de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que en ese momento rodeaban la Plaza Murillo.

“Faltando seis días (para el golpe de Estado) sacaron armamento de la Casa Grande del Pueblo. Que se investigue quien ha instruido al Comandante del Colorados de Bolivia. Sacaron armamento en ambulancias y a los soldados les han instruido: ‘si entra la gente civil, ustedes levantan la mano, rendidos’, como símbolo de rendición, de entregarnos”, manifestó.

Morales, en su cuenta de Twitter, recordó que “renunciamos a la Presidencia el 10/11/19 para que no sigan quemando casas de autoridades y de sus familiares, evitar enfrentamientos, muertos y heridos, y, pese a eso, los golpistas sacaron tropas a las calles con armas prestadas de países vecinos y con licencia para matar”.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo este domingo que el Gobierno dará cumplimiento a todas las recomendaciones del informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y para ello se pondrá en marcha un trabajo sistemático en todas las áreas.

En el tema de legislación, explicó que el equipo internacional recomienda que Bolivia no tenga tipos penales abiertos en casos como los delitos de terrorismo, sedición e incumpliendo de deberes. Dijo que ya existen avances importantes al respecto como la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción.

“La buena noticia es que el día miércoles el Senado ha aprobado la Ley de Fortalecimiento y Lucha Contra la Corrupción y ahí ya están previstas una serie de acciones constitucionales y de trabajo en la Asamblea para ajustar los otros tipos penales”, dijo Lima en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

En cuanto a la recomendación de reforma de la justicia y garantizar la independencia judicial, el ministro explicó que el miércoles anterior sostuvo, en la ciudad de Sucre, una reunión con miembros de la Comisión de Seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de la Justicia, donde varias instituciones ratificaron su compromiso para acatar las sugerencias del GIEI.

“Hay un compromiso de las entidades de justicia en Sucre, de todos los presidentes de los tribunales y del propio fiscal general para empezar con la conformación de los equipos que deben trabajar para revisar y seguir las recomendaciones del GIEI. Estamos en ese proceso de implementación del informe”, dijo.

Respecto a la sugerencia de reparación de daños de las víctimas de los hechos violentos de 2019, la autoridad confirmó que se realizará un censo, tarea que estará a cargo del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), dependiente de su despacho.  

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó casi media tonelada de cocaína y marihuana en tres operativos en Oruro.

La información fue dada a conocer por el director general FELCN, Edwin Pérez, este domingo mediante una conferencia de prensa. Precisó que la afectación al narcotráfico alcanza a más de $us 750.000.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro ha logrado importantes operativos, A la Quebrada y Anexo, donde decomisó tanto cocaína como marihuana (…) son más de 400 kilos, casi media tonelada de droga”, dijo.

Explicó que en el primer operativo se logró secuestrar cocaína mayor a 90 kilos; en el segundo, se evidenció, tras allanamiento de un domicilio, que se preparaba la cocaína en jabones y cremas.

Se secuestró marihuana en una cantidad de 275 kilos en un domicilio particular de la ciudad de Oruro, donde se encontró la droga en forma de cilindros que eran preparados con un peso de hasta 10 kilos. Una persona fue aprehendida.

Un tercer caso es el secuestro de un vehículo que transitaba en una carretera por el sector de Uyuni, donde se encontró cocaína de más de 105 cápsulas. Lamentablemente, el conductor se dio a la fuga.

“Ratificamos que nuestro país es lugar de tránsito”, apuntó. Dijo que en uno de los paquetes se encontró una bandera del Ecuador, lo que hace presumir que la droga no era de Bolivia, sino trasladada a Chile.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) prepara de manera inmediata el censo de víctimas de los hechos de violencia y masacres de 2019. La información fue dada a conocer este domingo por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.

Hizo referencia al informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que concluye en que existió vulneración a los derechos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales en el régimen de Jeanine Áñez. El equipo internacional recomendó al Estado asumir acciones para la reparación de las víctimas, por ejemplo un censo.

“En cuanto a la reparación del daño, que es el otro tema estructural, el grupo recomienda la elaboración de un censo de víctimas. Hasta el momento, no las habíamos dejado de lado; pero, habíamos atendido prioritariamente a las viudas, a los heridos más graves y esto debe ampliarse a otras víctimas. En ese caso, vamos a partir de un censo, un censo que debe estar a cargo de Sepdavi, de Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que está actualmente preparando todos esos elementos para que esta semana iniciemos”, aseguró la autoridad gubernamental.

El GIEI-Bolivia indica en su informe que, para otorgar atención y reparación integral a las víctimas, el Estado debe diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente, pluralista y que incorpore un procedimiento para realizar un censo de víctimas, conforme al principio de universalidad.

El Sepdavi es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, encargada de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a personas de escasos recursos económicos.

“Se recomienda la creación de un grupo multidisciplinario entre el Gobierno, sociedad civil y las mismas víctimas para hacer un seguimiento este proceso del más alto nivel, aspecto que también vamos a tomar en cuenta para implementar las recomendaciones”, dijo Lima.