La Paz, 30 de diciembre de 2024 (ABI). – En su Bicentenario, Bolivia será sede de tres eventos internacionales de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAP), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Conferencia Regional de Datos para América Latina y el Caribe (Condatos), informó el ministro de Justicia, César Siles.
El Congreso de la ALAP está previsto para marzo de 2025 y reunirá a delegaciones de 15 países en la capital del Estado, Sucre.
“Van a llegar representantes de 15 países, entre procuradores, representantes de procuradurías o abogacías del Estado, como se los conoce en algunos países. Mi persona, cuando fui procurador, participé del anterior congreso de la ALAP en Chile, y el objetivo es organizarlo este año en homenaje al Bicentenario”, explicó durante la presentación de los “Retos institucionales para la gestión 2025”.
La sesión de la CIDH está prevista para mayo en la ciudad de Sucre. Como sucede por normativa, la Comisión no abordará tópicos vinculados a Bolivia, pero sí de otras naciones que son parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“También se va a auspiciar un evento internacional sobre apertura de datos y el derecho a la información de las personas, que se denomina Condatos. En octubre y diciembre estamos previendo realizar ese evento, con la presencia de muchos países y representantes de Latinoamérica en Sucre”, apuntó Siles.
El Ministerio de Justicia también tiene previsto organizar un Consejo Ampliado de Trata y Tráfico, en marzo o abril de 2025, con la participación del Consejo Plurinacional Nacional y los nueve consejos departamentales.
Además, se realizarán hasta dos eventos por mes para la creación de la Agenda de la Juventud, que es una iniciativa del presidente Luis Arce.
En cuanto a la Agenda Interinstitucional, Siles informó que se trabajará en la Estrategia de liquidación, cierre y transferencia del Banco Fassil; en comprometer el proceso de las Elecciones Judiciales complementarias y su consolidación, en la reconformación de autoridades electas; en la intervención en procesos judiciales del Fondo Indígena; en las estrategias y resultados de arbitrajes internacionales; en estrategias y seguimiento de casos Corte IDH y CIDH; en los procesos judiciales de Estado; en el cumplimiento de sesiones de Consejos, Comités, Directorios y otros.
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