La Paz, 24 de enero de 2023 (ABI). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, valoró este martes los esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a las 10 recomendaciones plasmadas en el Informe Defensorial “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-diciembre 2019”.
“Se debe valorar, en algunas recomendaciones, los esfuerzos realizados por instancias del Estado competentes a las que se ha dirigido las recomendaciones del informe crisis 2019”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.
Explicó que se tiene avances pero que aún se deben aunar los esfuerzos, por lo que exhortó al Órgano Judicial y otras instituciones a asumir “acciones oportunas” para cumplir con todas las recomendaciones para que la población tenga justicia y que los hechos luctuosos no se repitan.
“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la falta de acciones en las otras recomendaciones e invita y exhorta a las instancias competentes que puedan gestionar oportunamente todas las acciones necesarias para cumplir con las mismas”, indicó Callisaya.
Según el reporte defensorial de cumplimiento de las 10 recomendaciones, dos de estas se cumplieron, dos están en proceso y tienen un cumplimiento parcial en tanto se tienen otras seis faltantes.
Pidió a la Fiscalía, al Órgano Judicial y al Comité de Lucha Contra la Discriminación realicen acciones necesarias para cumplir con lo recomendado tras la crisis que atravesó el país en el 2019.
Entre las recomendaciones en etapa de cumplimiento están:
La recomendación que se hizo a la Policía Boliviana para que se investigue en la vía disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal, a los efectivos involucrados en el uso excesivo de la fuerza y cualquier otra vulneración a los derechos durante el conflicto.
Como resultado 52 efectivos de diferentes rangos investigados, de estos 21 agentes fueron dados de baja y seis procesos fueron rechazados, uno está en apertura. Además, que se tiene a 15 en acusación y 15 en proceso de investigación.
Sobre la recomendación al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que se investigue hasta esclarecer “todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto de 2019” señaló que se tiene 58 procesos penales.
Detalló que, de los 58 procesos iniciados, 37 están referidos a personas fallecidas o heridas y 21 se refiere a la vulneración de otros derechos.
“Se han emitido sentencias tres condenatorias y una absolutoria, 13 (procesos) fueron rechazados que estaban referidos a la vida y la integridad”, indicó.
Además de ello, 11 casos están en la etapa preliminar, otros siete están en etapa preparatoria para juicio y uno está en juicio oral.
También resaltó que existe un anteproyecto para la reparación integral de las víctimas de 2019 que fue trabajado en mesas e ingresará en la etapa de socialización.
Sin embargo, exhortó a al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación hacer un y evaluación de políticas públicas referida a la lucha contra el racismo y el seguimiento de procesos judiciales por racismo y discriminación.
“No hay mirada específica, se informa de 238 casos, sin hacer deslinde si pertenecen a los hechos del 2019”, señaló.
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