La Paz, 08 de junio de 2022 (ABI).- Casi un centenar de autoridades subnacionales entre gobernadores, alcaldes y concejales fueron agredidos o amedrentados por grupos paraestatales como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Unión Juvenil Cruceñista (UJC), entre otros, en noviembre de 2019.
“En el 2019, a raíz de los conflictos en contra del expresidente Evo Morales hubo un total de 96 autoridades quienes han sido afectados por el acoso y violencia”, informó el director ejecutivo de la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol), Erick Huayhua en entrevista con Bolivia TV.
Detalló que los exgobernadores afectados fueron los de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Pando.
El 9 de noviembre de 2019, una turba enardecida se trasladó hasta la casa del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y quemó parte de ese inmueble.
En el caso de los alcaldes y alcaldesas se registró a seis víctimas, quienes era autoridades en La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Entre estas autoridades está la exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue secuestrada, agredida y vejada públicamente durante las protestas violentas.
En aquel año, una turba presuntamente liderada por la RJC ingresó al edificio municipal y secuestró a la entonces alcaldesa. Con los pies descalzos, la hicieron caminar entre piedras por más de cinco kilómetros. Arce fue golpeada y bañada con pintura roja.
“Tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que esconderse, escapar de sus comunidades”, recordó.
Las víctimas de estos grupos violentos considerados como “escuadrones de la muerte” pidieron que los responsables de estas agresiones sean sancionados con la pena máxima por todo el dolor que causaron a las familias bolivianas.
El pasado martes, el exrepresentante del del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, reiteró la necesidad de desarticular grupos paramilitares, parapoliciales y paraestatales en el país como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
“En el caso de la RJC, (estaban) armados con el apoyo de la Policía y de las Fuerzas Armadas para generar miedo y temor para violar los derechos de determinadas personas o sectores de la población con motivación política (…) y hay que desmantelar semejantes organizaciones porque corrompen la democracia y fomentan conductas antidemocráticas”, indicaba Racicot.
GMM/Mac