Potosí, 31 de enero de 2026 (ABI).- El gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, denunció la toma ilegal de la Planta de Cemento de Ecebol, en Potosí, por parte de un grupo de personas cuyos contratos eventuales finalizaron el pasado 31 de diciembre.
Calificó la medida como un atentado al patrimonio estatal y reveló un esquema de malversación de fondos heredado de la gestión anterior.
Explicó que el conflicto actual tiene su origen en el manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro). Según detalló, estos fondos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) tenían como destino exclusivo la construcción e implementación tecnológica de la planta.
"Para entender la gravedad de lo sucedido, debemos hablar con la verdad, el préstamo del Finpro es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos. Sin embargo, las exautoridades utilizaron dinero de inversión para pagar planillas operativas de una planta que aún estaba en construcción", dijo.
Contrataciones irregulares
La denuncia técnica del Sedem señala que en 2023 se cometieron irregularidades administrativas severas, el manual de cargos preveía la contratación de máximo 15 personas para la etapa de transición; no obstante, se contrató a 80 personas. Se pagaron salarios por operar máquinas que todavía estaban en proceso de ensamblaje e instalación y se utilizó capital de inversión para gasto corriente, acción prohibida por la normativa vigente.
El gerente fue enfático al desmentir la narrativa de despidos masivos utilizada por los movilizados."El personal que hoy toma la planta sabía perfectamente que su relación laboral era eventual y que concluía indefectiblemente el 31 de diciembre. No podemos seguir sosteniendo un modelo de financiamiento irregular que consume el capital del Estado antes de producir la primera bolsa de cemento", aseguró.
Afirmó que no cederá ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad, por lo que se interpondrán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma.
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